Uno de los principios fundamentales de la democracia representativa es el de que así como los ciudadanos eligen a sus gobernantes, del mismo modo pueden sustituirlos cuando no cumplen sus funciones de manera responsable. Los gobernantes y representantes elegidos para ejercer el poder durante un período determinado en la Constitución, tienen que cumplir sus funciones sometidos a una responsabilidad popular y reflejar en sus actos la voluntad del electorado, y si no, deben ser destituidos de acuerdo con la ley.
Por lo general, si los gobernantes no cumplen sus atribuciones a satisfacción de los electores, éstos tienen la posibilidad de cambiarlos en las siguientes elecciones; pero si violan la Constitución y la ley tienen que ser destituidos de conformidad con el procedimiento legalmente establecido.
Tal debería ser el caso de los actuales diputados, que han desacatado a la Constitución, incumplido órdenes judiciales, legislado en contradicción con los principios constitucionales, protegido a personas acusadas de graves delitos de corrupción; y en fin, que se han caracterizado por cometer una serie de abusos y arbitrariedades.
Precisamente por eso es que se habla públicamente de la necesidad de sustituir a estos diputados, hasta llegar al planteamiento radical del experto constitucionalista Gabriel Álvarez, el martes de esta semana en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), de que el Presidente de la República podría inclusive recurrir al Ejército para restablecer el orden constitucional que fue violado de manera flagrante y dolosa por los diputados, con la reciente elección de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que atropellaron el procedimiento establecido para tal efecto en la Constitución.
El mismo catedrático constitucionalista advierte que esto “podría ser peligroso”, pero señala que “la alternativa a este eventual peligro es una triste y dolorosa realidad que tiene atrapada a Nicaragua sin muchas posibilidades reales de superarse mediante el uso de los mecanismos jurídicos ordinarios. Tal vez valga la pena correr el riesgo”.
Pero la verdad y a nuestro juicio no vale la pena correr el riesgo de poner en manos de los militares la solución del conflicto institucional que los políticos de civil son incapaces de resolver. El Ejército no tiene ni debe tener ninguna función ni injerencia política. En todo caso su responsabilidad sería coadyuvar al mantenimiento del orden público, pero sólo si ocurrieran desórdenes de tal magnitud que la Policía no pudiese controlarlos.
Aunque es cierto, evidente y ofensivo el atropello a la Constitución perpetrado por los diputados con la “elección” de los nueve magistrados, lamentablemente ni siquiera el Presidente de la República puede hacer nada mientras un organismo jurisdiccional competente no mande a restablecer la integridad constitucional. Y ese organismo es la misma Corte Suprema de Justicia, uno de cuyos miembros declaró haciendo alarde de prepotencia que de nada sirve tener razón y derecho si ellos, los magistrados, no lo reconocen.
En realidad esta situación es sustantivamente distinta a la del año pasado, cuando la Asamblea Nacional desacató una orden judicial que de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución es “de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”; y permitió que una persona acusada de cometer graves delitos de corrupción en perjuicio del Estado y el pueblo, se refugiara dentro de los muros parlamentarios para evadir la justicia.
En aquellas circunstancias de flagrante delincuencia constitucional de los diputados, el Presidente de la República pudo, haciendo uso de las facultades que le da la Constitución, sacarlos de la Asamblea Nacional y convocar de inmediato a una elección parlamentaria con un procedimiento que garantizara a los ciudadanos escoger personas capaces, pero sobre todo honestas.
Eso no hubiera sido un golpe de Estado, como erróneamente interpretaron algunas personas, sino una acción legítima y legal para restablecer el orden constitucional en la Asamblea Nacional, que fue atropellado por los diputados; quienes lo siguen atropellando ensoberbecidos por la impunidad y por la falta de resolución del presidente Bolaños, que desaprovechó aquella magnífica e irrepetible oportunidad que se le presentó el año pasado.