Luis Humberto Guzmán
La periodista Erika Ramírez, vocera de Unión Fenosa, informó hace una semana, que su empresa cuenta con un seguro contra riesgo político para proteger su inversión en Nicaragua. La declaración se produjo luego de la comparecencia del vicepresidente de la empresa, José Miguel Máiz, ante una comisión de la Asamblea Nacional que estudia un proyecto de ley para reformar la Ley de Energía Eléctrica.
La Asamblea Nacional inició este proceso de reformas apremiada por demandas de organizaciones sociales que alegan ser víctimas de cobros indebidos por servicios no prestados de alumbrado público, cobro por fraudes no cometidos (energía no registrada), desobediencia de sentencias judiciales ordenando devolución de dinero cobrado indebidamente.
Por su parte Unión Fenosa alega que el Gobierno de Nicaragua está incumpliendo su contrato. En primer lugar que no cancela una deuda del orden de cincuenta millones de dólares, por otra parte que no le autoriza a ajustar sus tarifas según las oscilaciones del precio internacional del petróleo, materia prima fundamental para la generación de energía en Nicaragua, mientras la empresa distribuidora sí cancela a los generadores tarifas ajustadas a los precios internacionales del petróleo. La empresa española también se queja de la falta de autorización para exportar energía en los momentos en que lo solicitó, finalmente alega que sus pérdidas por fraude con energía no registrada son cuantiosas y que estos fraudes ocurren en sectores industriales del país y en el consumo doméstico de las clases altas y medias, que la energía no registrada en los sectores populares es irrelevante.
En esta situación de tensión creciente resulta inexplicable la despreocupación del Presidente de la República, no se le conoce acción alguna encaminada a resolver este problema ya crítico y que podría empeorarse. En su estado actual este asunto amenaza la gobernabilidad del país, a causa del creciente nivel de descontento de los consumidores, el problema podría evolucionar hacia tensiones entre el Gobierno de Nicaragua, la empresa aseguradora de Unión Fenosa, el Banco Mundial y toda la comunidad financiera internacional, en pocas palabras Nicaragua podría ser excluida de los programas de la comunidad financiera internacional si no atiende oportunamente este asunto.
Según Erika Ramírez, Unión Fenosa contrató su seguro con Multilateral Investment Guarantee Agency, aseguradora que forma parte del grupo del Banco Mundial y de la cual el Gobierno de Nicaragua es socio, aunque muy minoritario, participando con un uno por ciento del capital accionario. Esta empresa aseguradora no vende sus pólizas, sin el consentimiento previo del país anfitrión de la inversión asegurada, esto significa que el Gobierno de Nicaragua por lo menos no objetó se extendiera el seguro a Unión Fenosa.
Los seguros contra riesgo político son una industria en crecimiento, aún cuando la expropiación y la nacionalización prácticamente han desaparecido de los mercados emergentes, sobreviven riesgos derivados de decisiones políticas como las dificultades de transferencias de utilidades, daños por guerra o por asonadas de motivaciones políticas, a estos riesgos políticos tradicionales MIGA agrega el de ruptura de contrato, como un riesgo político más y al cual ofrece cobertura. Por ruptura de contrato entienden falta de pago, cancelación unilateral de la concesión, promulgación de leyes, decretos que cambien la sustancia del contrato, actos administrativos hostiles a la empresa asegurada.
Evidentemente Unión Fenosa alegaría ruptura de contrato para cobrarle a MIGA su póliza. Sin embargo la empresa española no puede acudir directamente a reclamar su indemnización, previamente debe agotar gestiones de buena voluntad con el Gobierno y procurar resolver amistosamente el conflicto, superada esa fase, si no se da por satisfecha, entonces tendrá que acudir a otro mecanismo para dirimir la disputa, probablemente arbitraje y sólo que el laudo le sea favorable y el Gobierno de Nicaragua no lo cumpla en un plazo razonable, entonces podrá acudir a cobrar su seguro.
Por su parte MIGA se subrogaría en los reclamos de Unión Fenosa y los asumiría como propios en contra del Gobierno de Nicaragua, desde luego la empresa aseguradora usará toda la presión que encuentre para forzarlo a pagar, adicionalmente el efecto sería elevación del índice de riesgo país, encarecimiento de las pólizas de riesgo país en Nicaragua, desaliento para eventuales inversionistas.
No es inevitable recorrer ese camino, tampoco es seguro que un laudo arbitral favorecería a Unión Fenosa, pero sí es seguro que este problema podría resolverse ahora si el Presidente de la República le atribuyera la atención que merece. La gobernabilidad del país está en riesgo, la agenda entre Unión Fenosa y los consumidores merecen de una resuelta atención presidencial, son temas de un elevado potencial de conflictividad que podrían llegar a disturbios violentos.
Por otra parte pone en grave riesgo las relaciones de Nicaragua con la comunidad financiera internacional y como si fuera poco, Nicaragua se expone a espantar la inversión extranjera, don Enrique Bolaños que quiere ser recordado como el mejor Presidente de Nicaragua, en su rango de edad, aquí tiene una extraordinaria oportunidad para mostrar su liderazgo.
El autor es jurista, ex presidente de la Asamblea Nacional.