Mario Torres Romero
En el último año y medio han ocurrido sucesos importantes que podrían marcar nuevos horizontes en la vida política nacional. En especial la propuesta de una nueva ética pública (en adelante nep) que busca la revalorización de la política y sus instituciones, ha despertado el interés en la ciudadanía pero también reacciones de defensa en sectores políticos que fueron sorprendidos por el énfasis con que se empezó a implementar. Algunas respuestas iniciales fueron consecuentemente radicales y hasta inéditas. Que el Partido Liberal Constitucionalista, ganador de las elecciones generales del 2001, perdiera el Poder Ejecutivo ante la emergencia sorpresiva de la propuesta del gobierno y como consecuencia de las limitaciones de su dirigencia para compartirla o adaptarla, es un hecho que bien podría caber en una historia mágica realista. La posterior decisión de convertirse en oposición es entonces consecuente con la incapacidad de asumir la nep, de superarla o bien resultado de la decisión dramática de apostar a un juego peligroso de todo o nada.
Superada la sorpresa inicial, las fuerzas políticas que reconocen en la nep una amenaza a su modus operandi tradicional empezaron a reaccionar con respuestas más elaboradas. Algunos han recurrido a la descalificación a priori, presentando la propuesta como el intento del Ejecutivo de controlar a los otros poderes del Estado. Otras reacciones son más interesantes para la vida política nacional, como lo es el incremento del protagonismo de los partidos políticos y de la Asamblea Nacional frente al Poder Ejecutivo. Lamentablemente este protagonismo es, a veces, más reactivo que constructivo, llegando incluso a imponerse más de hecho que por derecho. Sin embargo parece lograr que el Ejecutivo ceda, a ratos, una iniciativa que en muchos casos por atribución de ley le corresponde. El temor de los gavilanes a ser “cazados” por las palomas ha llevado incluso a los partidos mayoritarios a convertir al Poder Judicial también en otro foro de protagonismo político, nublando seriamente el desarrollo del Estado de Derecho y la administración de justicia en el país.
La nueva ética pública, por su naturaleza introspectiva, ha suscitado también una discusión acerca de reformar nuevamente al Estado. Las propuestas de los actores principales van desde las tradicionales hasta las populistas y reflejan proyectos de grupos, más que intereses nacionales integrados en un sistema de reglas viables y legítimas. En realidad hasta ahora y aún aceptando plenamente los vacíos y limitaciones de la nep, ninguna fuerza importante ha presentado una propuesta que supere o invalide la necesidad de renovar moralmente la función pública y la política. Lo que sí han hecho es minimizar las bondades de la misma o criticar demagógicamente las graves consecuencias de una crisis económica y social prolongada, de la que toda la dirigencia de este país, unos más que otros, es responsable, y que requiere, bajo condiciones óptimas sostenidas, de muchos gobiernos para su superación.
La nep, que ha empezado a promover las bases de la cultura política de la transparencia y responsabilidad pública administrativa, enfrenta también el obstáculo de la desconfianza ciudadana frente a toda la clase política, como lo demuestran encuestas nacionales, por lo que sería recomendable que la nueva agenda se reforzara con el ejemplo más consecuente de sus pregoneros y funcionarios así como con la generación urgente de estímulos económicos, necesarios para contrarrestar la desconfianza existente. Más allá de las consideraciones prácticas expuestas, la nep no sólo ha puesto manos arriba a la clase política, sino que está indicando que la política en un sistema abierto, no se agota ni en la planeación más racional, ni en el recurso a las mayorías, ni en un ritual electoral. Más importante aún, está demostrando que la ética, individual y social, no sólo es una categoría vigente, sino como consecuencia del avance de los derechos humanos, una condición democrática insustituible e innegociable.
El autor es docente y consultor.