- Campesinos llegaron hasta la Corte Suprema para protestar por actuaciones de los judiciales
Ary Neil Pantoja [email protected]
Nuevamente, los jueces del país son el centro de la controversia pública por el cuestionado desempeño de sus funciones. Esta vez el turno le tocó a los jueces de Jinotega, los que debieron comparecer ayer ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para responder por varias quejas en su contra.
Y mientras la juez Civil de Distrito, Adriana Molina; el juez de Distrito del Crimen, Santiago Duarte, y el juez Local del Crimen, Abdón José Úbeda, rendían su informe ante los magistrados de la Comisión Disciplinaria, en las afueras de la CSJ unos 30 campesinos de diferentes comunidades jinoteganas protestaban en contra de los tres judiciales.
QUEJAS POR MALTRATO Y CORRUPCIÓN
Los quejosos señalan anomalías en el ámbito penal, como dejar en libertad bajo fianza a personas acusadas de asesinato, violación, narcotráfico y otros delitos. En el ámbito Civil, las quejas van dirigidas a un supuesto interés de la juez Molina por desalojar a habitantes de todo un barrio jinotegano.
También se quejan de maltrato, sobre todo para los familiares de las víctimas que piden justicia, y corrupción por parte de los judiciales. Sin embargo, los jueces dicen que los campesinos están siendo manipulados.
Antes de acudir a la CSJ, los campesinos visitaron las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para exponer la situación y solicitar asistencia.
JUECES SE DEFIENDEN
Luego de rendir su informe, los jueces Santiago Duarte, Adriana Molina y Abdón José Úbeda rechazaron los señalamientos de los pobladores y contraacusaron a Denis Palacios, representante de los quejosos, de hacerse pasar por abogado para estafar a los campesinos, a los que ahora utiliza para hacer reclamos ante la Corte Suprema.
Tanto la juez Molina como Duarte, acusaron a Palacios de tener “extraños intereses” en promover este tipo de acusaciones en contra de los jueces. Duarte negó haber puesto en libertad a una persona acusada de narcotráfico o cualquier otra vinculada a otro tipo de delitos y que las personas que han quedado en libertad, es porque se les ha dictado un sobreseimiento definitivo.
Los judiciales dijeron no tener nada que esconder y destacaron su trayectoria al frente de las judicaturas. La juez Civil de Distrito, Adriana Molina, tiene 11 meses de ostentar el cargo, pero 10 años de experiencia como juez penal, mientras que el juez de Distrito del Crimen, Santiago Duarte, tiene ocho años de experiencia.
Por su parte el presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario, Rafael Solís, dijo que la próxima semana viajará a Jinotega una comisión para investigar y recopilar mayor información en el propio lugar.
ACUSAN A HERMANO DE JUEZ
Denis Palacios, representante de la Red de Defensa de los Consumidores en Jinotega, lidera el grupo de campesinos que acusan a los jueces. Palacios entabló un juicio por la vía penal en contra del hermano de la juez civil de Jinotega, Adriana Molina. Según Palacios, el hermano de la judicial habría atentado contra su vida al atropellarlo con su vehículo, luego de haber hecho las denuncias ante la Corte Suprema.