- Informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos refiere que comunidades tienen dificultades para acceder a salud, educación y justicia
Roberto Pérez y Carlos Martínez [email protected]
La escasez de hospitales, la dificultad para cursar los estudios primarios y secundarios, más una desconfianza en el Poder Judicial son parte de las situaciones que contribuyen a que a los pobladores de la Costa Atlántica constantemente les sean violados sus derechos humanos, indica un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El informe presentado por el procurador Benjamín Pérez, se basa en un recorrido realizado por la entidad durante seis días por Puerto Cabezas, Bluefields y Siuna, durante el cual lograron comprobar la mayoría de denuncias hechas por los pobladores.
SIN ACCESO A EDUCACIÓN Y SALUD
“Existen inmensas dificultades en cuanto a la capacidad de atención de los pacientes por razones de infraestructura física, falta de personal médico y sobre todo por la falta de equipos y abastecimiento de medicinas, lo que hace que a la mayoría de las personas atendidas únicamente se le brinde una receta médica”, expresó Pérez.
Para atender a más de medio millón de habitantes el Ministerio de Salud (Minsa), sólo cuenta con dos hospitales regionales, uno en Puerto Cabezas y otro en Bluefields, lo que dificulta la cobertura sanitaria a las demás comunidades de la región.
Mientras que en el tema de la educación, la situación también es preocupante. Los niveles de analfabetismo se acercan al 50 por ciento en el área rural y en la zona urbana ronda el 30 por ciento.
“Las niñas y los niños tienen problemas para entrar al sistema educativo formal, entre los que sobresalen el pago voluntario que se les exige a los padres de familia quienes al no disponer de dinero optan por retirar a sus hijos de los centros escolares”, explicó.
SOS POR REOS
Otra de las situaciones que ha generado preocupación es la precaria condición en las que se encuentran las cárceles de esa región. De acuerdo al Procurador Especial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, reverendo Norman Bent, existe hacinamiento debido a la escasez de camas y falta de higiene.
“Esto no sólo afecta la salud de los reos, sino también los derechos humanos de las casi 300 personas privadas de libertad que se encuentran en las cárceles policiales de esos lugares”, indicó.
Explicó que existe un gran descontento entre la población por las medidas extremas que están implementando las autoridades policiales en la búsqueda de drogas.
“Ellos miran que las autoridades policiales aplican medidas más severas con la población indígena y los negros. Consideran que eso es racismo, porque para detectar la droga no es necesario obligar a las personas de color o indígenas a que se desnuden”, destacó.
DESCONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL
Según la PDDH existe unanimidad de la población en torno a expresar que tienen poca o ninguna confianza en la justicia, tanto de los jueces como de los jurados de conciencia porque existe una retardación de justicia, abuso de poder que conlleva muchas veces a violentar los procesos judiciales.