Humberto M. Solórzano
Sobre el proyecto de apoyo a la innovación tecnológica que está manejando el gobierno, me permito precisar que el fondo proviene de un préstamo del BID que será pagado con los impuestos de todos los nicaragüenses. Con el dinero de ese préstamo el gobierno donará a los empresarios privados que califiquen para ser beneficiarios, hasta el 60 por ciento del costo de sus proyectos de inversión. El gobierno ya decidió qué negocios serán beneficiados (lácteos, frutas y vegetales procesados, panificación, turismo, cuero y calzado, textil-vestuario, pesca y acuicultura), excluyendo al resto. Es decir, ya decretó ganadores y perdedores en la arena de la competencia empresarial. ¿No habrán intereses personales detrás de esta selección?
Al seleccionar a unos y excluir a otros el gobierno viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Los pequeños empresarios excluidos podrían recurrir a las vías legales o a la Asamblea Nacional para impedir esta discriminación. ¿Qué dicen CADIN, CONAPI y demás representantes de los gremios empresariales?
Es insólito que el BID permita el uso de sus recursos para donaciones a empresas privadas, contraviniendo los principios de libre mercado y promoción de la competencia.