Leonel A. Marín Mc.Ewan
No es cierto que durante la revolución sandinista “había trabajo abundante y más bien faltaban brazos para atender la producción”, como lo afirma el doctor Jaime Wheelock R. en un artículo publicado recientemente (el jueves 7 de agosto) en LA PRENSA. Más bien en la década de los 80 Nicaragua producía y exportaba pobremente, ya que se destruyó la economía agrícola y pecuaria del país. También es falso que la reforma agraria sandinista entregó tierras a 120 mil familias. Todo se estatizó, el campesino cambió de dueño: de privado a estatal con las peores condiciones. Mi familia fue confiscada por tener 50,000 almácigos de café y con una producción de 3 mil quintales oro con su beneficio húmedo en la propia finca.La excusa de la confiscación fue el “abandono”. Ya destruida, fue devuelta en 1991 a sus legítimos dueños, pero completamente desbaratada.
La finca de mi familia, El Paraíso, no fue entregada a los campesinos sino que el Estado la mal administró y destruyó, como a todo el país. Difícil es reconstruir, fácil es destruir. Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. Esto fue lo que sucedió con todas las fincas y propiedades confiscadas por el abusivo Frente Sandinista.
Existe confusión sobre lo que constituye una reforma agraria y su sentido varía de país a país, de escritor a escritor y de período a período. Utilizaré la definición de Warriner (1969): “Reforma Agraria significa una redistribución de propiedad o derechos a la tierra para el beneficio de pequeños agricultores o jornaleros agrícolas”. En términos similares, Ellis (1992:196) la define como ‘la redistribución de la propiedad de la tierra’. Byers (1974:223) extiende la definición diciendo “… intentos para transformar la estructura agraria cambiando la distribución de la tierra y los términos en que está cultivada”.
A veces la literatura hace una distinción entre ‘la reforma de tierra’ (land reform) y ‘la reforma agraria’ (agrarian reform). Lo anterior es utilizado para describir solamente la transferencia de la posesión o derechos sobre la tierra, mientras que el segundo describe los cambios legales, institucionales y sociales que la acompañan resultan o deben ocurrir como consecuencia de la reforma. Así, una verdadera reforma agraria significa no solamente la redistribución de tierra sino también la provisión de tecnología, crédito, extensión y otros servicios para los beneficiarios.
La seguridad en la tenencia es a menudo vital para fomentar las inversiones agrícolas a largo plazo, incluso el mantenimiento de tierras ecológicamente sostenibles.
La concesión de títulos de propiedad de la tierra a fin de crear una posible garantía para préstamos y mejorar el acceso al crédito a veces se considera conveniente independientemente de que sirviera de incentivo a las inversiones. Los títulos de propiedad, la hace disminuir los riesgos para el prestamista, permiten rebajar el costo del crédito.
En principio hay que reconocer que la reforma agraria posee algunas características esencialmente políticas. Raramente la reforma agraria resuelve solamente ajustes pequeños en el ambiente socioeconómico. Históricamente, muchas reformas agrarias han intentado cambiar las relaciones sociales de la propiedad de la tierra, la riqueza, el estado social y el poder político. Por lo tanto, tienden a ser disputadas en la esfera política, entre las fuerzas que buscan tratar de implementar la reforma agraria y entre las que piensan que perderán ante tal reforma. La redistribución de la tierra es un cambio difícil de realizar, más difícil y controversial que otros cambios institucionales en el ambiente agrícola, porque las verdaderas reformas agrarias transforman la sociedad rural a través de cambios en la estructura de la propiedad y relaciones de producción, redistribuyendo el poder y el privilegio. Se ha visto que las reformas agrarias que realmente cambian la sociedad rural son frecuentemente el producto de acontecimientos cataclísmicos, muchas veces revoluciones, las cuales no son opciones de políticas ni acontecimientos comunes.
Durante la revolución sandinista se confiscó a pequeños, medianos y grandes productores. La reforma agraria se enfocó en lo estatal. La explotación del hombre por el Estado sustituyó a la del hombre por el hombre. Tras la pérdida de las elecciones del 90, la cúpula sandinista se apropió de grandes extensiones de tierra, es decir, fincas y haciendas de familias confiscadas. Los altos jerarcas del FSLN son los actuales dueños, los nuevos latifundistas. Mucho criticaban a Somoza y a productores honestos por ser terratenientes. Sin embargo, los sandinistas se lucraron de la noche a la mañana con el sudor ajeno. Ahora son los nuevos terratenientes, explotadores y usureros.
El autor es Administrador de Empresas y productor cafetalero.