- “No podemos modificar la amenaza natural pero sí la vulnerabilidad ante ella”, asegura Claudio Gutiérrez, Director Ejecutivo de Ineter
Charo Quesada
Relatada por un centroamericano, la crónica de huracanes recientes se asemeja al recuento de los hijos de una familia. “Después de Mitch llegó Lening, luego Katrina, más tarde Michelle”, recuerda Oscar Alcántara, líder comunitario de La Masica, un municipio en el departamento de Atlántida en Honduras.
Rosendo Urbina, otro líder hondureño, comenta que por la zona de San Pedro de Sula pasan una media de 25 huracanes o tormentas tropicales al año. Dentro de América Latina, Centroamérica tiene el porcentaje mayor en pérdidas por desastres naturales. Fuera de la región sólo llegan noticias de los peores desastres: Mitch, Andrew, Georges. Pero según la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, durante el quinquenio 1990-95, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador y Guatemala sufrieron unos 2,400 fenómenos locales de menor escala.
Centroamérica ha enfrentado este panorama inevitable de amenazas cíclicas con resignación y apatía.
Hasta ahora, los gobiernos centraron su atención en la respuesta tras el impacto del desastre apoyándose en el Ejército, la población y la ayuda internacional. Y, apenas repuestos del impacto, los afectados volvían a rehacer su vida bajo el signo amenazador de un nuevo azote de la naturaleza.
Hoy las cosas están cambiando. “En ninguno de los últimos huracanes hemos tenido pérdidas humanas”, puntualiza Alcántara, a pesar de que califica de altísimo el grado de vulnerabilidad de su municipio a las inundaciones. “La amarga experiencia del huracán Mitch nos dejó un enorme conocimiento sobre nuestras debilidades”, confiesa Alberto José Marín, gerente de Desarrollo Humano de la alcaldía de San Pedro de Sula. “Estamos convirtiendo esas debilidades en fortalezas”, asegura.
Uno tras otro, los testimonios de quienes viven expuestos a desastres previsibles van mostrando un mayor convencimiento de que se puede hacer algo, de que, según Claudio Gutiérrez, Director Ejecutivo de Ineter (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales), “no podemos modificar la amenaza natural pero sí la vulnerabilidad ante ella”.
MUNICIPIOS MODELO
Varios municipios centroamericanos llevan la iniciativa en políticas de prevención que están arrojando ya sus buenos resultados: en Honduras, un grupo de cinco municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios del Centro del Departamento de Atlántida (conocidos como La Mamuca) y la ciudad de San Pedro de Sula; en El Salvador la ciudad de San Salvador; y en Nicaragua las ciudades de Managua y Estelí. Todas existen en zonas de alto riesgo con un largo historial de catástrofes.
El alcalde de San Pedro de Sula, Oscar Kilgore, resume la postura de estos municipios: “De nada sirve una autoridad queriendo hacerlo todo si no tiene a la población consigo. Las obras que hacemos pueden fallar por muchas causas pero si el ser humano está preparado no puede fallar nunca. Nada nos debe agarrar por sorpresa”, sostiene Kilgore.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 50 por ciento de los hospitales de América Latina está ubicado en áreas peligrosas y más de la mitad carece de planes de preparativos o de mitigación de desastres naturales.
LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO
“Antes, cuando había tormenta no nos acostábamos”, recuerda la salvadoreña Isabel Méndez. “Yo les decía a mis niños: ‘Hijos, póngase los zapatitos y los pijamas’. Y pasábamos la noche parados en la calle, tapados con plástico, mientras los maridos salían con los azadones a destapar las canaletas”.
Hoy, Isabel Méndez, vecina de la comunidad Divina Providencia, ha legalizado su vivienda y ayuda en la construcción de un muro de piedra que evitará que “la tierra se venga para abajo como hemos visto muchas veces”.
Méndez es un buen ejemplo del efecto que la legalidad puede tener en la cultura de prevención de desastres.
“Antes, las comunidades ilegales no recibían asistencia”, explica Lidia Castillo, Directora Ejecutiva de Ceprode (Centro para la Protección del Desastre), en San Salvador.
Pero antes de legalizar y entregar títulos a nuevos propietarios, estos cinco municipios se aplican a enderezar el desorden urbanístico que es uno de los factores de riesgo con más graves consecuencias ante los azotes de la naturaleza. “La ciudad misma genera procesos sociales que la hacen vulnerable”, afirma Antonio Javier Arenas, sobre la ciudad de San Salvador.
Para enderezar la situación, San Salvador ha trabajado con las comunidades, les ha puesto en conocimiento de sus riesgos y las ha organizado. El municipio está levantando un plano topográfico para ver qué se puede legalizar. Lidia Castillo expone que las zonas identificadas como de altísimo riesgo van a convertirse en zonas verdes.
En Managua —donde el terremoto de 1972 destruyó el centro de la ciudad— se ha puesto en marcha un sistema de información geográfica (SIG) que le sirve de orientación para el desarrollo de la ciudad y que es accesible a los ciudadanos por medio de Internet.
“Cuando un ciudadano requiere un permiso de construcción de la Alcaldía se exige el estudio geológico del sitio antes de darle un aval”, asegura Claudio Gutiérrez, Director de Ineter. “También requerimos un control sobre los materiales de construcción”, comenta y saca a relucir la catástrofe de 1972. “Si usted va al centro de Managua, reconstruido parcialmente, verá que lo único que quedó en pie fue el Banco de América, el Hotel Intercontinental y el Teatro Rubén Darío. Prueba de que sus materiales resistieron el terremoto”.
CONOCER LA AMENAZA
Para anticipar y prevenirse ante nuevas amenazas, los municipios han puesto en marcha mecanismos de monitoreo, análisis y respuesta que dan seguimiento a la meteorología y sismología. En La Masica (uno de los municipios de La Mamuca) se instaló el programa piloto Sistema de Alerta Temprana que cuenta con seis estaciones de radio, envía información sobre el nivel de lluvias y el caudal de los ríos para su análisis y pronóstico, y alerta a las zonas bajas para que ejecuten sus planes de emergencia.
San Pedro de Sula cuenta con una cadena de comités, desde Codel (Comité de Emergencia Local) hasta Copeco (Comité Permanente de Contingencias, a nivel nacional), que se reúnen y entrenan con periodicidad.
Por medio de comités y consejos de esta naturaleza, los municipios están llevando a cabo labores de capacitación, comunicación y educación, tareas de limpieza y simulacros de emergencias, que involucran de lleno a las comunidades. Juana María, una hondureña de Estelí, ofrece su casa para reuniones de prevención.
Tomado de BID América.