Nohelia González [email protected]
El fallo de la Corte Centroamericana de Justicia sobre la inmunidad parlacénica del ex presidente Arnoldo Alemán, sobre el cual existe una controversia en el país, tendría –a juicio el Dr. Sergio Cuarezma Terán– que ser acatado por la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, en tanto que es “de ineludible cumplimiento”.
“SE QUIERA O NO”
Según el catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal, “más allá de interpretaciones emotivas y políticas”, las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que emanan de la CCJ, como la que podría darse en el caso Alemán, “son vinculantes para el Estado de Nicaragua, queramos o no”.
Cuarezma basa su argumento en que los presidentes de Centroamérica y los titulares de la Cortes Supremas revalidaron el Protocolo de Tegucigalpa (1991), aprobado y ratificado por Nicaragua en 1992, en el que se reconoce a la CCJ como tribunal regional supranacional con poder jurisdiccional.
Los mandatarios se comprometieron ese año a “limitar la soberanía de sus respectivos Estados con la finalidad de someterse a la jurisdicción de la CCJ y acatar sus decisiones”, recuerda Cuarezma, tras agregar que esto obedeció al interés de garantizar la integración regional centroamericana.
Cuarezma sostiene que la sentencia que emita la CCJ a mas tardar mañana martes, en el caso de Alemán, “en el sentido que fuere, no puede alterar ni desvirtuar el compromiso adquirido por nuestro país de respetar las resoluciones de la CCJ, cuya jurisdicción y competencia regional son de carácter obligatorio para los Estados”.
RESOLUCIÓN IRRECUSABLE
Agrega que para las resoluciones de la CCJ no cabe recurso alguno y que en caso de favorecer a Alemán, la juez está obligada a ejecutarla bajo responsabilidad administrativa, civil y penal si no cumple la misma.
El especialista en Derecho Penal sostiene que si la resolución de la CCJ determina que Alemán es inmune, no deber ser sometido a investigación, proceso ni prisión; los juicios quedarían nulos; las pruebas perderían validez legal y ocasionaría un ‘efecto dominó’ en todos los casos llevados en su contra.
“Esto también beneficiaría a las demás personas acusadas en estos procesos, incluyendo la acusación por delitos electorales en contra del Presidente y el Vicepresidente de la República, ya que muchas de las pruebas que fundamentan estos casos son básicamente las mismas de ‘la huaca’, y no tendrían valor legal probatorio”.