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La extracción de madera en la zona de Río San Juan, “al gusto y antojo”, mientras la delegación de Inafor parece avalar lo que para la Procuraduría Departamental del Medio Ambiente, es anómalo. (LA PRENSA/ARCHIVO)

Destapan más anomalías en extracción de madera

Procuraduría Departamental del Medio Ambiente en Río San Juan descubre aserraderos procesando más madera de la autorizada, e Inafor “se hace de la vista gorda” También encuentra aserraderos sin permisos o alterados y hasta un ONG austriaco en “bisne” y evadiendo impuestos ante la comuna Francisco López G.CORRESPONSAL/RÍO SAN [email protected] Siguen surgiendo más anomalías en […]

  • Procuraduría Departamental del Medio Ambiente en Río San Juan descubre aserraderos procesando más madera de la autorizada, e Inafor “se hace de la vista gorda”
  • También encuentra aserraderos sin permisos o alterados y hasta un ONG austriaco en “bisne” y evadiendo impuestos ante la comuna

Francisco López G.CORRESPONSAL/RÍO SAN [email protected]

Siguen surgiendo más anomalías en la extracción, procesamiento y comercialización de madera en Río San Juan, tras una investigación iniciada por la Procuraduría Departamental del Medio Ambiente.

Ahora se trata de los aserraderos que procesan madera en este departamento que, según el informe de la investigación, extraen de los bosques más madera de la que se les autoriza.

El informe enviado a la Procuraduría General de la República por el procurador departamental del Medio Ambiente de Río San Juan, Lic. José Luis Artola Pérez, indica que en el aserradero denominado como Empresa Ecologista de la Costa Atlántica S.A. (Ecosta), ubicado en la comarca Santa Isabel, unos ocho kilómetros al sur de San Carlos, al momento de realizarse una inspección como parte de la investigación, se encontraron permisos de aprovechamiento maderero alterados, además que en el plantel había en existencia más madera en tucas de la que estaba registrada en los documentos de autorización.

SIN PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE

En lo que respecta al aserradero conocido como Empresa Agroexportadora del Río (Agrorío), ubicado en la comunidad La Azucena, 22 kilómetros al sureste de San Carlos, la investigación de la Procuraduría Ambiental encontró que dicha empresa no tiene permiso de operación vigente y también mantiene en existencia mucha más madera en tucas listas para aserrarla que la que tienen registrada en los documentos de autorización de aprovechamiento maderero.

ONG AUSTRIACO APROVECHA

Otro caso considerado anómalo por la Procuraduría Ambiental de Río San Juan, encontrado durante La investigación llevada a cabo durante el mes de julio, es el del aserradero Sosmadera, que está bajo la categoría de organismo no gubernamental de Austria. En este aserradero ubicado en la comunidad Boca de Sábalos, del municipio El Castillo, constataron que no cuenta con la debida matrícula de la Alcaldía para operar, es decir, que está evadiendo los impuestos municipales.

La forma de extraer madera en el caso de todas las empresas dedicadas a procesarla, es que compran a cada campesino los árboles de sus fincas, es decir, hacen compra de madera ya cortada a finqueros privados, no se presentan como taladores aunque sí les “ayudan” con facilitarles las herramientas para tumbar los árboles, como motosierras y en otros casos tractores.

De esta manera evitan verse obligados a presentar planes de manejo y grandes permisos para aprovechar pequeñas cantidades de madera y luego les pasan los permisos y las guías de transportación de la madera a los grandes madereros, los que pagan hasta cien dólares por cada permiso tramitado por los “pequeños madereros particulares” que son los que tramitan todos los documentos ante el Instituto Nacional Forestal; según la Procuraduría Ambiental, toda esta forma de operación la conoce el Inafor.

DELEGADO ENREDADO

LA PRENSA ha intentado obtener la versión del delegado del Inafor en Río San Juan, Ing. Jorge Luis Madriz López, pero ha dicho que sus jefes en Managua no le han autorizado a hablar. Entre las anomalías encontradas durante la investigación realizada por la Procuraduría Ambiental se señala que el funcionario se implicó en dicha investigación al salir en defensa de la Plywood, en vez de investigar.

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