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Pobreza y democracia
Silvio Méndez-Navarrete
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Reciente información publicada en The Economist (agosto 2002) y el Latinobarómetro (2001, 2002), proporciona datos preocupantes del estado de la democracia en Latinoamérica. En 1997 la encuesta demostró un apoyo del 61 por ciento, diferente al del 2001, donde sólo el 48 por ciento se inclina hacia la opinión democrática. Cuatro de los diecisiete países encuestados no han decrecido su apoyo democrático, los demás muestran cambios negativos, que van desde el 14 por ciento en Paraguay, al 20 por ciento en Colombia.
¿Es este descenso acorde a la tendencia en las recientes democracias de otras áreas? ¿Hay crisis en las instituciones democráticas? ¿Serán los altos niveles de pobreza y desigualdad los causantes del malestar?
Respondiendo a la primera pregunta, hay que comparar la percepción latinoamericana con la experiencia de España, donde hubo un cambio hacia la democracia en los años 70. En España, Grecia y Portugal, los indicadores de apoyo, en años recientes, han sido en favor de la democracia. En España la democracia tenía en 1985 un apoyo ciudadano de 69 por ciento. En encuesta reciente, los partidarios de la democracia representaban arriba del 80 por ciento, demostrando que a medida que se va asentando gana apoyo de la ciudadanía. Aquí se ve que la tendencia en Nicaragua no es similar al caso español.
La segunda pregunta lleva a ver que el núcleo del problema se encuentra en que la institucionalidad democrática no se ha implantado en la vida política cotidiana. Institucionalidad democrática no se refiere sólo al hecho de repetir las acciones inspiradas en democracias occidentales: elecciones, separación de poderes, responsabilidad política, etc., sino también a las pautas de interacción de la población en relación a lo público y lo privado.
La ingeniería institucional constata cómo las democracias latinoamericanas han sido dotadas de consejos electorales capaces de llevar a cabo procesos transparentes; mecanismos de control y responsabilidad entre poderes, contralorías, tribunales de cuentas, etc. Sin embargo, la mayoría de la población no confía en estas instituciones esenciales de la democracia.
La encuesta señala que las instituciones a las que se les confiere mayor confianza son la Iglesia, en primer lugar, los medios de comunicación y las fuerzas armadas. Es preocupante ver cómo instituciones que hace cinco años eran las que menos confianza reflejaban, partidos políticos y Congreso, tienen hoy día aún menos apoyo, 19 por ciento.
Tiene cierta lógica que instituciones como la Iglesia y los medios de comunicación sean los de mayor legitimidad, debido a su presunta independencia de los poderes del Estado y de las élites políticas tradicionales. Resulta sorprendente, sin embargo, que la tercera institución más confiable sea el ejército, aún cuando algunos de ellos han estado asociados a regímenes represivos y privativos de los derechos más esenciales. Algunos encuestados asocian el ejército con momentos históricos vinculados al Estado protector y abastecedor de bienestar.
Este dato puede ser positivo si se interpreta que la sociedad ha reconocido el esfuerzo de institucionalización de las fuerzas armadas en el nuevo contexto democrático. Quizás desencantaría creer que en estos altos niveles de confianza se esconde un deseo de volver a la noción hobbesiana del Estado como un Leviatán ordenador del viejo orden, que deja nostalgias entre los más desengañados con las democracias que no pueden erradicar la pobreza y la desesperanza.
Se encontró un bajo nivel de confianza en las leyes. Pero una de las más grandes grietas es la pérdida de confianza interpersonal, que afecta el buen funcionamiento del sistema democrático, que afecta su desarrollo y es un obstáculo para la acción colectiva, tanto en el terreno público como privado; esto es, la confianza necesaria para hacer un trato, adquirir propiedad, etc. La tercera interrogante sugiere el vínculo entre el rendimiento económico y social de la democracia y la satisfacción y apoyo de la ciudadanía, lo que parece indicar, primero, dependencia de los problemas económicos y sociales del desempeño del gobierno, y segundo, desempeño con democracia, o sea que la percepción de satisfacción tiene eco sobre los indicadores de legitimidad del régimen a largo plazo.
Sería imprudente alertar sobre el riesgo de una regresión democrática. No obstante, la opinión pública añade una luz de alerta al fenómeno de la democracia con respecto a la institucionalidad democrática. Democracia no es únicamente aumento y materialización de libertades civiles y derechos, sino que va junto al progreso social, económico y de realización vital. Si la democracia no es capaz de enfrentar y vencer estos retos que el conjunto de meta valores impone, su longevidad y consolidación puede quedar en una cuerda floja.
El autor es ingeniero, candidato PhD Ciencias Políticas.