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Tolerancia, Estado y libertad
Uno de los aspectos positivos del debate sobre el manual para la educación sexual elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas de Población y Desarrollo (FNUAP), es que puso a prueba la capacidad de los nicaragüenses para tolerar sus diferencias de opinión y sentimientos.
Diplomáticos y extranjeros en general que observan el proceso de construcción democrática en Nicaragua, consideran que a pesar de que los nicaragüenses tenemos notorios defectos de cultura política también poseemos mucha capacidad de tolerancia y facilidad de reconciliación.
La tolerancia, como se sabe, significa respetar las opiniones y prácticas de los demás —religiosas, ideológicas, culturales, políticas, etc.— sobre todo si son contrarias a las propias y siempre cuando no perjudiquen los intereses ni lastimen los sentimientos de los otros.
En realidad, aunque en el debate sobre la educación sexual de los niños y adolescentes se han manifestado las inevitables intransigencias y fundamentalismos, de uno y otro lado, de derecha y de izquierda, sin embargo muy pocos han rechazado el punto de que es indispensable escuchar todas las voces, tomar en cuenta todas las opiniones, considerar todos los sentimientos, reconocer los valores éticos de las diversas personas y sectores sociales, consensuar los múltiples intereses y, finalmente, aprobar y aplicar un programa de educación sexual que apunte en realidad a proteger la salud pública, mas no a inculcar a los jóvenes y adolescentes prácticas sexuales ni conceptos morales —o inmorales— que atenten contra los principios de ninguna persona o familia.
Conforme a esta experiencia cabe esperar que las autoridades del MECD hayan aprendido la lección de que ellos son servidores y no señores de la población, y que no pueden imponer a la gente determinados patrones educativos —menos en una esfera tan delicada como es la sexualidad y la moralidad—, sólo porque representantes de organismos internacionales deciden que eso es lo que conviene a los nicaragüenses, y mucho menos porque condicionan la asistencia económica. Y tampoco puede el MECD imponer programas educativos basados sólo en los criterios de un determinado sector, por muy “progresista” que éste pretenda ser y mucho menos si se trata de grupos muy beligerantes pero minoritarios.
Otro aspecto de singular importancia que se ha derivado de este debate sobre la educación sexual, es el de hasta dónde el Estado puede y debe intervenir en las relaciones más privadas de las familias e íntimas de las personas, como son las sexuales, aunque sea por cumplir uno de los principales deberes del Gobierno cual es el de proteger la salud pública. En realidad, ¿atropella o no el Estado la vida privada de las personas con un programa de educación sexual pública supuestamente para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, ante todo el contagio del sida, así como para limitar los embarazos indeseados, reducir el número de abortos, disminuir la maternidad adolescente y promover la salud sexual —física y mental— de los jóvenes?
La verdad es que cualquier programa público de educación sexual, salud reproductiva y procreación responsable representa una intromisión del Estado en la vida íntima de las personas y en la privacidad de la familia. Y cabe preguntarse si es válido que por defender la salud pública los burócratas del Estado interfieran hasta en cómo las personas deben manejar su vida sentimental y practicar el sexo, así como en los criterios con los que los padres de familia o tutores deben educar a los hijos y menores bajo su responsabilidad
La experiencia de las personas con el Estado, en todas las etapas del desarrollo humano, desde la cerrada sociedad espartana pasando por las teocracias medievales y luego los Estados totalitarios fascistas y comunistas, hasta llegar al omnipresente “Big Brother” de la actualidad, es que siempre hay que defender los espacios vitales de libertad, privacidad, e inclusive de intimidad. Por su parte, el Estado tiene la obligación de proteger y asegurar derechos básicos de los individuos y la sociedad, en las esferas de la educación, la seguridad y la salud públicas.
El reto entonces es saber determinar el punto de equilibrio entre la libertad individual de las personas y la necesaria función social del Estado.