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Sobre fármacos y farmacias

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Sobre fármacos y farmacias





Se dice que en Nicaragua cada persona es un médico en potencia, o en ejercicio, que diagnostica enfermedades y prescribe medicamentos a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. O sea que el país está lleno de “médicos” hechizos, más que de políticos como erróneamente creen algunos.

La práctica del diagnóstico, la prescripción y la automedicación infundados es motivo de legítima preocupación para autoridades sanitarias, médicos y farmacéuticos. Sin embargo mucho más peligroso que eso es el problema de las llamadas “farmacias de canasta” que operan en los mercados populares, particularmente en el Oriental de Managua.

Las “farmacias de canasta” son sin duda un medio de ganarse la vida para numerosas personas, y además permiten a mucha gente de escasos recursos adquirir medicamentos a bajo precio, que en las boticas autorizadas son caros y prácticamente inaccesibles.

Pero la falta de control de las autoridades sanitarias sobre las “farmacias de canasta”, y el desconocimiento —de quienes se dedican a este negocio— de la más elemental farmacología, ya no digamos de la medicina, causan que los medicamentos que allí se expenden sean más perjudiciales que beneficiosos para la salud de quienes los consumen.

De manera que no obstante que las “farmacias de canasta” son una forma de ganarse la vida para algunas o muchas personas, y que aparentemente benefician a la gente más pobre con medicamentos baratos, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) tienen que intervenir en el asunto, como el actual ministro ha dicho que lo hará, pues por encima de cualquier otra consideración está la responsabilidad de proteger la salud de quienes consumen medicamentos de desconocida procedencia, inapropiado almacenamiento y dudosa vigencia.

Es cierto que las medidas punitivas son impopulares y muchas personas, políticos y periodistas las interpretan como castigo a quienes se ganan la vida con el comercio informal, como las “farmacias de canasta”. Pero la verdad es que la pobreza no tiene por qué estar ligada a negocios que por antihigiénicos y faltos de control atentan gravemente contra la salud y la vida de muchas otras personas.

La salud de los habitantes del país depende de muchos factores y condiciones, entre otros las técnicas que ejecuta el Minsa, las facilidades que debe asegurar el Gobierno a la población para que atienda sus problemas de salud y adquiera los medicamentos indispensables, y la prevención, mediante políticas de saneamiento ambiental en las que es fundamental y decisivo que participe la población de manera consciente y activa.

En los países desarrollados, la preocupación en cuanto a la distribución comercial de medicamentos es en la actualidad la oferta y compra de fármacos por internet, sin ninguna garantía y con mucho riesgo para las personas que los adquieren por ese medio. Ya en 1999, un Congreso Mundial de Farmacia que se reunió en España alertó al mundo sobre el fraudulento y peligroso comercio de medicinas que se ofrecen y adquieren por medio de la red. Y se reafirmó entonces la advertencia de que la producción y comercialización de fármacos debe ceñirse a determinados y rigurosos procedimientos, pues de lo contrario, en vez de servir para la recuperación de la salud y proteger la vida más bien provocan nuevos y más padecimientos, inclusive anticipan la muerte.

Dice la Constitución Política de la República (artículo 59) que: “El Estado establecerá las condiciones para su promoción (de la salud), protección, recuperación y rehabilitación”. Por su parte la Ley de medicamentos y farmacias dictada en abril de 1998 y publicada en La Gaceta del 4 de junio del mismo año, compromete al Estado (artículo 1) a “proteger la salud de los consumidores, garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad”.

De manera que el Minsa tiene la obligación de hacer cumplir dicha Ley, no sólo en lo que se refiere al artículo 59 que define los requisitos que deben reunir los Puestos de Venta de Medicamentos, sino también el que establece que “todo establecimiento farmacéutico deberá contar con los servicios profesionales de un regente farmacéutico…”, así como el que obliga al Minsa a elaborar la lista de fármacos que pueden expenderse en los puestos de venta, en los que no se incluyen las “farmacias de canasta” que ya deberían haber sido suprimidas.

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