Jimmy Antonio Pravia Mena
Abono al editorial de LA PRENSA del 6 de septiembre, sobre el estado de sitio impuesto por la patulea pandillezca. Tomemos ejemplo de Honduras y El Salvador dotándonos de una legislación que considere criminógeno el sólo hecho de pertenecer a una pandilla, agravando la incriminación al jefe pandillero. Tratemos al pandillerismo como una emergencia nacional, antes de que recrudezca ensamblado con narcodelitos y asesinatos por encargo. Es falso que sea innecesaria una ley antipandillas.
En los delitos pluri-subjetivos o de muchedumbre delincuente, el pandillerismo debe ser una sub-tipología penal específica, como lo regula, por ejemplo, el artículo 164 del Código Penal del Distrito Federal de México. Es mendaz lo que dijo un Procurador “pletórico de humanismo”, de que una ley anti-pandillas violaría los derechos humanos de los pandilleros; eso es tan palurdo como decir que la ley contra la narcoactividad viola los derechos humanos de los narcotraficantes.
Quienes vulneran los derechos de la ciudadanía son los burócratas de derechos humanos, cuyas doctrinas entumecedoras de la voluntad de acción son asumidas por jerarcas de la Policía y por un ministro declaradamente misericordioso con las pandillas, quien en vez de titular de Gobernación parece un remedo intonso de Madre Teresa de Calcuta.
Estos condescendientes de la delincuencia son malversadores de la función pública que ocupan, porque burlan el dinero que les pagamos con nuestros impuestos para que nos defiendan de la delincuencia. El estribillo autocomplaciente de que “Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica” es un consuelo anestesiante para conformistas parapléjicos de acción. Dése ya una rigurosa ley contra las pandillas antes de que este carcinoma social nos devore.