- Los exportadores de alimentos a los Estados Unidos deberán cumplir una serie de requisitos para poder introducir sus productos a ese país por las disposiciones expresadas en la nueva Ley Antibioterrorismo en la que, en el mejor de los casos, el artículo puede ser rechazado, perderse o bien de encontrarse anomalías los exportadores podrían ir a la cárcel.
Gabriel Sánchez [email protected]
La cuenta regresiva para que los exportadores nacionales e internacionales envíen la documentación requerida para que sus productos puedan entrar a los Estados Unidos empezó desde ayer y el tiempo se termina el 12 de diciembre.
Por eso es que Blanka Callejas tomó el café matutino mientras hacía una llamada telefónica. Embadurnó el pan con la jalea de guayaba que exporta a los Estados Unidos, porque quería tratar de dilucidar cuáles eran los nuevos requisitos que tenía que cumplir su empresa para seguir vendiendo sus productos en ese mercado, ahora que la nueva Ley Antibioterrorismo está por entrar en vigencia.
Como hasta ayer fue publicada la otra parte de los requisitos y formularios que tiene que llenar para vender sus jaleas en el país del norte, la mayoría de sus dudas se aclararon, pero otras no.
Sin embargo doña Blanka y los 172 exportadores nacionales podrán esclarecer sus dudas, hasta que tengan el tiempo necesario para analizar qué cosas son las que las autoridades estadounidenses están pidiendo a los exportadores mundiales de alimentos en la nueva Ley Antibioterrorismo.
Eso, o hasta que oficiales de la Administración para Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA en inglés) y autoridades involucradas en el proceso de exportación les aclaren cuáles son los requerimientos específicos que deberán cumplir para vender productos comestible a Estados Unidos.
No obstante el miedo que guardan por el hecho que sus exportaciones puedan quedar retenidas por un tiempo indefinido en Estados Unidos, sin que nadie más que ellos pague ese costo a causa de las discrecionalidades que faculta esta nueva jurisdicción a los funcionarios de la FDA.
Es que esta legislación cuyo nombre específico es Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo, nace por el miedo que se desató después que varias personas en Estados Unidos murieron por los ataques misteriosos de ántrax, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Con ella se ayudará al FDA a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.
¿Qué es?
El bioterrorismo es el ataque biológico, en el que un agente tóxico y nocivo puede llegar a un grupo de personas o a una comunidad entera y causar trastornos de salud. Incluso la muerte a través de la previa contaminación a través de un alimento, por el ambiente o cualquier medio de propagación.
Sin embargo el problema que muchos exportadores, expertos y autoridades prevén es que con esta Ley se puede rechazar sin justificación alguna cualquier producto alimenticio procesado y sin procesar, hasta que no se presente la documentación especificada para determinar de dónde viene, cuál fue el mecanismo que siguió para poder llegar a territorio norteamericano y quiénes estuvieron involucrados en la cadena de producción.
En principio, sostiene Denis Salgado, titular de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (Degpsa), los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a los Estados Unidos.
Los requerimientos que ese país está pidiendo que cada uno de los exportadores cumpla, en caso de que el producto sea detenido, conlleva a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas a lo inmediato.
De lo contrario la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.
Antes para exportar sólo se necesitaba el registro sanitario y la etiqueta del producto, pero cumpliendo los requerimientos comerciales y de inocuidad.
Salgado sostiene que antes sólo se requería que el producto tuviese autorización para entrar a ese mercado y que cumpliera con ciertos requisitos, como el estar libre de algunas plagas.
“Pero con la nueva Ley, las empresas exportadoras deben estar registradas para exportar. El segundo es que previo al embarque hay que hacer una notificación . También se debe mantener un registro de todas las exportaciones y producción”, expresó.
Según Diego Velásquez, funcionario de la oficina de Inocuidad de Alimentos de la Degpsa, aún no se puede decir cuáles son los inconvenientes que el registro presentará porque todavía no se conocen.
Prohibido mentir
“Si te encuentran mintiendo es un delito grave que en las leyes federales plantean persecución policial. Primero le quitan a la empresa cualquier posibilidad de exportar y al representante en Estados Unidos lo pueden apresar”.
“El objetivo de la Ley es que si se registra algún tipo de contaminación en los Estados Unidos, sus autoridades puedan trazar el proceso que siguió desde su origen o elaboración hasta su llegada. Por ejemplo si es maní, en qué área se cultivó. Mariscos de cultivo, ver en qué planta se procesaron, en qué parte, quién lo transportó, etc”, expresó Velásquez.
Roberto Brenes, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales de Nicaragua (Apenn), considera que este control estricto de documentación conllevará a muchos empresarios a ordenar mejor sus controles de producción. Y a los que no lo hagan podrían salir del mercado o enfrentar serios problemas.
Además este proceso hará que las empresas también tengan que requerir de la ayuda de un experto, o capacitación para poder cumplir con todo lo especificado, ya que toda la información debe estar en inglés, si no es rechazada.
La Ley contiene cinco capítulos que se ordenan desde la preparación nacional contra el bioterrorismo, incremento de controles a los agentes biológicos tóxicos y el proceso de protección a la inocuidad y seguridad de los alimentos, que es donde se requerirá un mayor esfuerzo para que los productores puedan exportar.
Los costos
Los exportadores nacionales deberán ordenar y sistematizar el proceso de producción, traslado, almacenamiento, procesamiento y envío de productos alimenticios a Estados Unidos.
Eso requerirá que los exportadores eliminen de una vez por todas sus prácticas informales de comercio, de lo contrario podrían devolverles sus productos.
Una de las cosas que necesitan los exportadores será una persona que los represente en Estados Unidos, para cada una de las transacciones de envío que realicen.
Los exportadores que carecen de medios e infraestructura para estar en constante comunicación sobre el envío y transacciones, por lo menos deberán tener fax e internet.
Los exportadores requerirán una persona que les llene en inglés la información que solicita la FDA. Esta persona deberá dar respuesta además a los inconvenientes que se presenten.
Otro de los costos será el de la protección y clasificación de la información de los registros.
Con ventaja
Según Rafael Salazar Gutiérrez, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), una de las ventajas que tiene Nicaragua es que el país no está catalogado como de riesgo terrorista en los Estados Unidos.
Ley aplicada con peso
Al momento de bajar el producto y ser inspeccionado por el comisario de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, éste puede decidir que su producto será revisado porque sospecha contaminación.
Según Denis Salgado, director de Protección y Sanidad Agropecuaria, ésta es una de las discrecionalidades que tiene la Ley: “Que te retengan un embarque sin ninguna justificación, sólo por la simple sospecha del inspector (o comisario)”.
Salgado comenta que para el ingreso de los alimentos antes sólo se daba la documentación que se requería y se hacía un muestreo microbiológico.
Se hace el análisis y si sale limpio entra al país. Pero ahora aunque se haga el análisis no hay garantía que el producto entre.
Básicamente pasa como cuando uno tiene visa para ese país. Es hasta que llega al aeropuerto del lugar y pasa, que el visitante podrá decir “entré”, porque si el inspector de Migración o Aduanas dice que vio algo raro, la persona no entra a Estados Unidos, simplemente lo regresan en el próximo avión.
Sin embargo, Salgado no cree que esta Ley afectará notablemente a Nicaragua, “porque el país no tiene historial de bioterrorismo y cosas así porque está considerado como sano, pacífico, por lo que creemos que la medida va orientada a otros países”.
Roberto Brenes, gerente general de Apenn, consideró que si la Ley con sus reglamentos es cumplida a conciencia por todos los exportadores, no debería representar ningún problema.
“La dificultad se dará si los exportadores no llenan los requisitos que se les pide de forma adecuada o si no son veraces con la información que se pide y si se cumple con la información esto podría ser una fortaleza para algunos países exportadores que no lo harán bien”, detalló.
A nivel mundial ciertos países medio orientales tardarán más tiempo en adaptarse a esta nueva legislación. Al quedar ese vacío, eso puede ser aprovechado por Nicaragua, sostuvo.