- Entre piedras y bombas lacrimógenas fueron obligadas a salir de sus viviendas por la fuerza
- Los desalojados aseguran ser propietarios de esos terrenos reclamados por el proyecto Montecristi
Elizabeth [email protected]
Eran las 8:00 a.m., el fuerte despliegue policial provocó la salida apresurada de algunas mujeres, sobre todo en estado de embarazo que acompañadas de pequeños halaban perros, cerdos y gallinas.
Nerviosas las mujeres trataban de alcanzar la calle en prevención de la violencia, que podría generar el desalojo anunciado para más de 500 familias, que desde diciembre del año pasado viven en un asentamiento ubicado junto al reparto Montecristi, frente a la Fuerza Aérea.
Desde temprano hubo amagos de violencia, cuando los policías se acercaban con los llamados “braceros”, contratados para despegar los ripios de tabla y zinc de las viviendas, alegando que se trataba de pandilleros que fueron llevados a provocarles.
Piedras y botellas de gasolina encendidas, fueron lanzadas en un momento por las familias que rehusaban salir de las tierras que alegaban haber comprado en cinco mil córdobas y hasta mil dólares.
Las tierras fueron vendidas por personas que cedieron sus derechos de posesión, después que las recibieron de la cooperativa de producción agrícola Las Mercedes, que en 1998 recibió un título de reforma agraria, de manos del ministro director de ese entonces Virgilio Gurdián.
Aura Marina Ordóñez Obando, alegaba que la tierra les pertenece; su madre levantó la casita forrada de zinc, después que adquirió el lote en 1,000 dólares, a un hombre que sólo identificó por el apodo de “Managua”. Al igual que ella la mayoría compró esos terrenos.
Ayer desconocía qué pasaría con sus enseres, que había juntado frente a la puerta de su casa a la espera de que la misma fuera lanzada al suelo.
DESALOJO EFECTIVO
El desalojo fue efectivo hasta la 1:00 p. m. para ello la Policía debió reaccionar con bombas lacrimógenas a las piedras lanzadas por los afectados con la orden judicial ordenada por la Juez Sexto de Distrito de los Civil, Zoraida Sánchez.
Los alegatos de la defensa, que introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, impidió que el desalojo fuese efectivo para el total de viviendas.
El juez ejecutor Francisco López, efectuó la orden únicamente en la etapa cercana a las casas del proyecto, Montecristi, pero aseguró que de no contar con un escrito del Tribunal de Apelaciones que resuelva a favor de las familias afectadas; el desalojo continuará.
Una vez que los martillos y garrotes de los braceros lanzaron al suelo las endebles viviendas, las palas mecánicas terminaron con el resto.
“Estamos dispuestos a pelear la propiedad apegado a derecho en los juicios correspondientes que la Ley nos faculta, aquí vamos a dormir, aquí vamos a estar, la Policía se tiene que ir y el juez se tiene que ir”, dijo Víctor Duarte Rivas, representante de los retirados del Ejército.
DETENIDOS Y HERIDOS
Como resultado del desalojo entre ocho a 10 personas fueron detenidas y conducidas al Distrito Seis de la Policía y otras dos heridas, entre ellas, una mujer que denunció ante funcionarios del Cenidh que fue arrastrada por efectivos policiales para obligarla a salir de su casa.
ALGUNOS EXCESOS
Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), manifestó que hubo algunos excesos por parte de la Policía Nacional, pero expresó que no se puede calificar como brutalidad policial.
No obstante, el activista de los derechos humanos señaló que hubo un gran despliegue policial para efectuar el desalojo.
Carrión consideró que estos desalojos son resultados “de una nebulosa, donde el Estado es provocador del desorden”.