José Antonio Poveda [email protected]
El discurso político se caracteriza por una buena dosis de promesas que alimentan las esperanzas de la población. Es la ilusión del gobernante y la necesidad de atraer votos por parte de los candidatos.
La realidad, sin embargo, impone restricciones y los gobiernos no pueden cumplir lo que prometieron los candidatos y los partidos durante sus campañas. Es más, en nuestro país se asignaron muchas tareas sin dinero y, paradójicamente, hay mucho dinero sin tareas. También ocurre que existe una tensión entre el régimen democrático que tiende a incluir a la gente y el sistema económico que la excluye. Se ha demostrado que la relación entre crecimiento e igualdad es mucho más débil que la que existe entre educación e igualdad.
La mayoría de los países que registraron una fuerte desaceleración de su actividad económica enmarcó su política macroeconómica en un triángulo definido de la siguiente manera: a) la voluntad de reducir los mayores déficit fiscales heredados del año anterior; b) el deseo de flexibilizar la política monetaria para complementar la reactivación de la actividad económica, sin sacrificar la estabilidad de precios, y c) la necesidad de responder a los vaivenes de los mercados financieros internacionales. Este marco, de por sí complejo, se vio dificultado por el notable aumento de precios de los combustibles y sus repercusiones en la inflación.
En Nicaragua se vive un conflicto permanente resultado de la confrontación de las necesidades de solución a los problemas sociales de desempleo, pobreza, exclusión, inseguridad y las ofertas reales del Gobierno. Esto se ahonda por el entusiasmo que genera la alternancia en el poder de diversos partidos políticos, los gobiernos de coalición que surgen y la mejoría considerable de los instrumentos electorales.
El incremento de una cultura de violencia ha alentado la criminalidad, la corrupción y la impunidad, afectando así a las instituciones de seguridad y justicia.
La integración social se ve amenazada por la consolidación de núcleos de pobreza, arraigados de discriminación étnica y el debilitamiento de la familia como comunidad básica de la sociedad, con alarmantes estadísticas de violencia intrafamiliar e irresponsabilidad paterna. En el caso de las familias pobres, esos comportamientos contribuyen a reproducir el círculo de pobreza, limitando logros educativos y condicionando de manera adversa la posterior inserción laboral.
Los programas para luchar contra la pobreza tienen resultados desalentadores y son cuestionados por su anacrónico sentido asistencial. El crecimiento económico ya no se traduce de manera automática en generación de empleo. Ello plantea un reto regional para buscar las formas para dar un viraje cualitativo y cuantitativo a los problemas de pobreza, desempleo y subempleo estimulando la integración entre nuestros países.
La inseguridad ciudadana es el co relato de la incapacidad gubernamental de dar solución a los problemas sociales, que se amplía cuando ocurre un crecimiento lento. Para nuestro país significa, la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la justicia para crear y fomentar confianza y mejorar el desarrollo profesional de la actuación de la Policía y el proceso judicial. La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado. Cuando aparece la inseguridad y su impunidad asociada, el fantasma de la ingobernabilidad se hace presente.
Actualmente trata de disminuir el Estado su papel de regulador del desarrollo y lo remplazan por el mercado. Al mismo tiempo, la planeación gubernamental, en medio de un intencionado desprestigio, es también sustituida por cuadros estadísticos sin vinculación con la realidad socioeconómica del país. Es la miopía de sólo ver a corto plazo. Desarrollo sustentable significa actuar generosamente a favor de las generaciones futuras. Aquí recobra importancia la labor del Estado en término de calidad de capacidad de funcionamiento en torno a un proyecto de desarrollo político, económico y social. Recuperar su contenido es ver hacia adelante.
El Estado sigue siendo la única instancia que permite la articulación de consensos nacionales, la distribución de bienes sociales y la regulación de mercados que no responden a la realidad de los consumidores. El desarrollo sustentable se asocia a la democratización del Estado y exige el fortalecimiento de su capacidad política, lo que significa orientar las relaciones entre los partidos políticos y los actores sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos que se plantean en el seno de toda la sociedad.
El autor es vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNAN-León.