Jose Ángel Cruz Calderón
El 6 por ciento del Presupuesto para las universidades del CNU lo establece el artículo 125 de la Constitución. Es una obligación legal que el Gobierno de la República debe cumplir sin necesidad de ser obligado por la violencia estudiantil, que al final de todas maneras termina doblegándolo. Tal presupuesto es vital para transformar íntegramente a miles de jóvenes en profesionales en todas las especialidades que el país necesita, siendo una inversión de la sociedad.
Pero si bien la lucha feroz por la justa y legal asignación del 6 por ciento es defendida por un grupo no mayor de estudiantes que se enfrentan a la represión del Gobierno, cabe preguntar si los beneficiados en primer lugar son los mismos estudiantes. Los más beneficiados, sin duda, son las altas autoridades universitarias, empezando con el CNU y después los dirigentes de UNEN y CUUN. En las marchas y enfrentamientos los estudiantes van siempre a la vanguardia, poco se ha visto a algunas autoridades con piedras y morteros en mano.
El 6 por ciento no sólo es una lucha legal sino una clara expresión de miles de jóvenes y personas conscientes que desaprobamos las actividades fraudulentas de los altos funcionarios del país y de quienes se aprovechan y agarran su parte para hablar y representar a todos los nicaragüenses, cuando en realidad nuestros niños, mujeres y varones se mueren de hambre, carecen de un hogar con servicios básicos para vivir, y de un trabajo digno que solvente sus necesidades.