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Democracia y autonomías
Hoy se celebra el Día de la Autonomía, en conmemoración de que el 30 de octubre de 1987 entró en vigor la Ley 28 (Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica).
En realidad, el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica fue aprobado por la Asamblea Nacional el 2 de septiembre de 1987; el presidente de entonces, Daniel Ortega, la promulgó el 7 del mismo mes, pero fue publicada en La Gaceta hasta el 30 de octubre de ese año.
Sin embargo el Estatuto de Autonomía no se pudo aplicar en sus aspectos fundamentales, porque tanto el régimen sandinista que duró hasta abril de 1990 como los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y Arnoldo Alemán (1997-2002) no la reglamentaron. Sólo hasta ahora, hace apenas dos meses, es que el Estatuto de Autonomía fue, por fin, reglamentado.
El régimen sandinista aprobó el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica por dos razones evidentes y fundamentales. Primero, porque las comunidades costeñas reclamaban la autonomía como una reivindicación histórica, pero también como una forma de emanciparse del yugo sandinista, o al menos aflojarlo; y segundo porque la dirigencia del FSLN quería aplacar la fuerte inconformidad popular que había en la Costa, como reacción a los graves abusos que el régimen revolucionario cometió contra la gran mayoría de la población costeña, y en particular contra la comunidad miskita.
Eso es lo que explica que el régimen sandinista no reglamentara la Ley 28 para hacer efectivo el Estatuto de Autonomía. Y por su parte, los gobiernos posteriores al sandinismo, de Violeta Barrios de Chamorro y de Arnoldo Alemán, estaban imbuidos de los viejos conceptos centralistas y no entendían o no podían entender que la descentralización (de la que forma parte el sistema de autonomía) es uno de los fundamentos indispensables de la democracia.
No es casual, al respecto, que una de las cuatro recomendaciones que hizo el Grupo Consultivo de los países y organismos internacionales donantes a Nicaragua, que se reunió a principios de esta semana en Managua, fue la de que es necesario promover la descentralización del Estado. Ciertamente, la descentralización (y dentro de ella, las autonomías municipales y regionales) son inherentes a la democracia y al Estado de Derecho.
Como es bien sabido, en el sistema democrático el Estado se legitima por medio del ejercicio del derecho a la autodeterminación de las personas, entendiendo ésta como el reconocimiento de la autonomía individual y del Gobierno elegido por el pueblo, o sea, la facultad de los ciudadanos de elegir su sistema gubernamental y de autogobernarse. En la democracia el fundamento del poder reside en el principio y en la práctica de que deben ser los propios ciudadanos, directamente o a través de sus representantes, quienes adopten las decisiones políticas, aprueben las normas jurídicas y decidan quién o quiénes deben gobernarlos durante determinado período de tiempo determinado en la Constitución.
De manera que donde no se ejerce el derecho a la autodeterminación, es decir, a las autonomías municipales y regionales, el Estado no es democrático. Y, por el contrario, si el Estado es democrático tiene que fundarse inevitablemente en el reconocimiento de las autonomías.
Pero no es sólo por falta de reglamentación que la autonomía de la Costa Atlántica nicaragüense no ha funcionado plenamente ni ha sido eficaz hasta ahora. Lo cierto es que las funciones autónomas limitadas que se le concedieron a la Costa Atlántica desde 1987 hasta ahora, particularmente la capacidad de elegir sus autoridades y el establecimiento de sus propios órganos de gobierno y representación, no fueron mejor aprovechados porque también en el Caribe, igual que en todo el país, el oportunismo y la corrupción se apoderaron de los grupos políticos dominantes y éstos desvirtuaron y pervirtieron a prácticamente todas las instituciones: regionales, municipales y nacionales.
De manera que tampoco avanzará la población de la Costa Atlántica sólo con la reglamentación del Estatuto de Autonomía. Lo que hace falta en la Costa, igual que en Nicaragua en términos generales, es sanear las instituciones, remover a las camarillas políticas dominantes, que por su corrupción e ineficiencia son por ahora el principal obstáculo al desarrollo económico, social, político y moral de toda la nación.