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Contraloría pega a ex gobernador del Atlántico Sur

Establece responsabilidad penal, administrativa y civil contra Randolph Noel Hodgson Jullit por la suma de cinco millones 316 mil córdobas Entre las anomalías se encuentra el pago a una empresa por obras fantasmas Sergio León C.CORRESPONSAL/[email protected] Roman, Times, serif»> Contraloría pega a ex gobernador del Atlántico Sur Establece responsabilidad penal, administrativa y civil contra Randolph […]

  • Establece responsabilidad penal, administrativa y civil contra Randolph Noel Hodgson Jullit por la suma de cinco millones 316 mil córdobas
  • Entre las anomalías se encuentra el pago a una empresa por obras fantasmas

Sergio León C.CORRESPONSAL/[email protected]

Roman, Times, serif»>
Contraloría pega a ex gobernador del Atlántico Sur



Establece responsabilidad penal, administrativa y civil contra Randolph Noel Hodgson Jullit por la suma de cinco millones 316 mil córdobas

Entre las anomalías se encuentra el pago a una empresa por obras fantasmas

Sergio León C.
CORRESPONSAL/BLUEFIELDS
[email protected]




iLa Contraloría General de la República (CGR) encontró responsabilidad penal, administrativa y civil en el ex coordinador del gobierno regional autónomo del Atlántico Sur, señor Randolph Noel Hodgson Jullit, por un monto de cinco millones 316 mil córdobas, durante fungió como gobernador en el período comprendido entre 1998 y el 2000.

La institución fiscalizadora de los fondos públicos, también fulminó con responsabilidad penal al ex director de planificación del gobierno del Atlántico Sur, Alberto Zapata Ramírez, por la cantidad de un millón 421 mil 193 córdobas.

La resolución de la CGR, en la sesión ordinaria 279 del pasado 27 de febrero, indica también responsabilidad civil y administrativa del ex analista y ex supervisor del gobierno, señor Randall Benedict Luperón, por la cantidades de tres millones 895 mil 418 córdobas, los que no fueron justificados, además de incumplimiento a los artículos 122 y 125 de la Ley Orgánica de la CGR.

DESVIARON RECURSOS

El faltante corresponde, entre otros, al pago efectuado al ingeniero Francisco Madrigal, gerente general de la empresa Construcciones Madrigal y Asociados, sin que éste hubiera ejecutado obras, lo que constituye una desviación intencional de recursos públicos para beneficio de terceras personas, según la resolución.

“En consecuencia y en cumplimiento del artículo 156 de la Constitución Política de Nicaragua, remítanse las presentes diligencias debidamente certificadas al órgano jurisdiccional competente, y a la Fiscalía General de la República para lo de su cargo”, precisa la resolución de la CGR.

La auditoría de la CGR se realizó atendiendo una denuncia interpuesta ante el órgano superior de control el día 31 de julio del año 2000, en la que se señaló a la administración de Randolph Hodgson, de desviar recursos financieros, así como la falta de calidad y costos de los materiales en la construcción de las calles de los barrios 19 de Julio y San Pedro.

LA PRENSA intentó comunicarse con los señalados en la resolución de la CGR, pero los involucrados residen en León y la ciudad capital con direcciones desconocidas por este redactor.

PAGÓ OBRA SIN EJECUTARSE

LA PRENSA tuvo acceso al documento de la CGR donde señalan que la empresa constructora de Francisco Madrigal no ejecutó las obras para la construcción de las calles de los barrios 19 de Julio y San Pedro, no obstante, fueron cancelados por la administración de Hodgson.

A pesar que Madrigal y Asociados no había ejecutado la construcción de las calles, el ex gobernador Randolph Hodgson, firmó acta de recepción definitiva cuando “no había ejecutado ninguna obra”, reconoció el beneficiario de los pagos, señor Francisco Donald Madrigal.

Madrigal admitió que el acta se hizo por puro formalismo para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), hiciera los subsiguientes desembolsos.

De acuerdo a la resolución de la CGR, el ex gobernador Randolph Hodgson expresó que “la suscripción del acta se hizo para sacar dinero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Madrigal y Asociados en su defensa aseguraron que de los 2,846 metros de calle que construirían solamente construyeron 654 metros de calles lineales, no obstante la CGR, asegura que “ningún dictamen técnico por un especialista acreditado por el organismo de control da fe del hecho. Por tanto la suma de dinero recibida por ellos constituye perjuicio económico causado al Estado”, sostiene la resolución.

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