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Contra “protestazos” y morterazos
La marcha pacífica que el martes de esta semana protagonizaron universitarios de todo el país —de las universidades financiadas por el Estado—, demostró que no se necesita la violencia para hacer protestas y presentar demandas de cualquier clase.
Además, la manifestación del martes 4 de noviembre, que transcurrió en completo orden, demostró que no es la Policía la que causa los enfrentamientos violentos, sino que la provocan los organizadores y activistas de las marchas, cuando disparan morteros contra los edificios públicos, centros comerciales e instalaciones fabriles, y contra los agentes policiales que tratan de restablecer el orden público.
El artículo 54 de la Constitución Política de la República “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización…”; pero también establece que ese derecho se debe ejercer “de conformidad con la ley”. Y sin duda que es violación de la ley disparar morteros contra los policías y los ciudadanos civiles, atentar contra la propiedad privada y pública, impedir el libre tránsito de personas y vehículos, sabotear o impedir la actividad comercial e industrial, y en fin, provocar la zozobra entre las personas pacíficas —inclusive niños, ancianos y enfermos— a las que los agitadores usan como escudos humanos para protegerse de las autoridades que los persiguen en respuesta a las provocaciones y ataques.
Los líderes de los “protestantes” creen que el derecho a la manifestación pública incluye la facultad de practicar la violencia, y que la protesta o demanda de cualquier reivindicación gremial se debe respaldar con los morterazos criminales. Pero el uso de la violencia en cualquier forma no es un derecho sino un delito; es un libertinaje delictivo que viola los derechos de otras personas, altera el orden público e impide la convivencia pacífica de la sociedad.
Trancar las vías públicas para impedir el tránsito de personas y vehículos, destruir bienes del Estado y de las personas particulares, adquirir morteros con el dinero del 6 por ciento del Presupuesto asignado a las universidades del CNU, agredir a los policías e impedir el funcionamiento de los centros comerciales y fabriles, no son derechos sino acciones primitivas e incivilizadas, desprecio a la democracia y la libertad, irrespeto a la ciudadanía que evidentemente ya está cansada de tantos actos vandálicos y exige que se aplique la ley a los delincuentes, y que se les obligue en verdad a pagar por los daños materiales y morales que causan a las personas honradas y pacíficas.
Al respecto es muy importante, y debe ser respaldado por la ciudadanía honrada y pacífica de Nicaragua, el proyecto de ley que se anunció esta semana para —entre otras cosas— prohibir la fabricación y uso de los morteros en las concentraciones y marchas callejeras, que en manos de desalmados son armas mortíferas que ya han lesionado gravemente a muchas personas y que si no se les prohíbe y controla terminarán matando a quién sabe cuánta gente.
Hay que poner fin a los abusos, la prepotencia y la impunidad de los perturbadores del orden público, que han pisoteado de manera sistemática el derecho de los nicaragüenses a transitar libremente por calles de las ciudades y carreteras del territorio nacional. Hay que aprobar esa ley contra los morteros, y sobre todo se le debe aplicar rigurosamente, sin dejarse chantajear por políticos irresponsables que instigan y apañan la violencia, ni por procuradores que sólo defienden a los agitadores y los delincuentes, nunca los derechos humanos de los ciudadanos honrados y las víctimas de la delincuencia.
Pero, además de la aplicación de la ley, es menester también que las autoridades universitarias cobren conciencia de su deber educativo y de su responsabilidad ciudadana, y que impidan como lo hicieron en la manifestación del martes pasado, la violencia de sus pupilos más exaltados y extremistas.
Ya en ocasiones anteriores, cuando los alborotos estudiantiles apuntaron contra los intereses de las mismas universidades y sus rectores, éstos han sido capaces de neutralizar las protestas, recuperar los recintos tomados, y poner el orden en sus campus. Así lo demostraron las autoridades de la UCA , cuando obligaron a los alborotadores a poner fin a una huelga y a reintegrarse a las clases, bajo amenaza de cerrar la universidad de manera definitiva.