- Médico se retracta de declaración y dice haber sido secuestrado y amenazado por agentes de transnacionales
- Según denuncia, extranjeros que lo abordaron se identificaron como miembros de la CIA y el FBI
Ary Neil Pantoja yJosé Adán [email protected]
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Mafia en caso Nemagón
 | Médico se retracta de declaración y dice haber sido secuestrado y amenazado por agentes de transnacionales |
| Según denuncia, extranjeros que lo abordaron se identificaron como miembros de la CIA y el FBI |
Ary Neil Pantoja y
José Adán Silva
[email protected]
La guerra por ganar el caso del Nemagón entró en su etapa más álgida, luego que un técnico médico de Chinandega denunció ante el Ministerio Público una conspiración de abogados y personal de las compañías transnacionales demandadas, quienes supuestamente lo secuestraron y amenazaron para declarar en Cortes de Estados Unidos contra la demanda de los campesinos afectados por el químico.
Según Bayardo José Barrios Velásquez, propietario del laboratorio clínico Barrios, donde los afectados del Nemagón se han realizado exámenes médicos para presentarlos en las demandas, él fue secuestrado y llevado a Honduras bajo amenazas y presiones, para firmar un documento en el que se confirmaba la falsificación de los resultados de análisis de varias personas para hacerlas aparecer como afectadas por el plaguicida.
Las declaraciones de Barrios son claves en la demanda estimada en más de 17 mil millones de dólares que obreros nicaragüenses hacen a varias compañías transnacionales.
En su bien detallada denuncia que presentó ante la Fiscalía de Chinandega, Barrios asegura que fue secuestrado por un mexicano-americano llamado Joseph Q. Carrera y su supuesta esposa María Elena.
El primero, dice Barrios, se identificó como trabajador para un centro de investigaciones llamado Control Risks Group y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); María Elena se presentó como agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Según Barrios, estas personas junto a un conocido de nombre Eduardo Altamirano Zapata, lo llevaron bajo presión al hotel Honduras Maya, ubicado frente a las oficinas de la Standard Fruit Company, de Tegucigalpa, donde se entrevistó con el apoderado legal de la Dole Fresch Fruit Company, Fernando Medina Montiel.
De acuerdo con la denuncia, los abogados de las compañías le prepararon una carta donde confesaba la falsificación de los análisis, la cual asegura que firmó a cambio de la promesa de miles de dólares. Después de esa visita, según el técnico, fue llevado a Costa Rica y Dallas, Estados Unidos, donde recibió instrucciones para declarar en una Corte de California, para cerrar el caso a favor de las transnacionales. De Dallas Barrios huyó de regresó a Nicaragua, donde se escondió varios días hasta que fue llamado a los Juzgados a declarar contra los afectados.
Barrios solicitó una investigación a la Fiscalía por los delitos de secuestro, amenazas y coacción contra Fernando Medina Montiel, Joseph Q. Carreras, Eduardo Altamirano Zapata y Sandra Ordóñez Pérez.
TRANSNACIONALES PAGARON
Fernando Medina Montiel, abogado de una de las compañías demandadas, atribuyó a la imaginación las declaraciones de Barrios, aunque reconoció que sus clientes pagaron los viajes a Honduras, Costa Rica y Estados Unidos, de Barrios.
El abogado reconoció, además, que se reunió en Costa Rica y Honduras con Barrios, quien declaró durante diez horas, pero “sin amenazas”.
Medina dice que Barrios estuvo en Dallas y que huyó de allá sin motivos aparentes, aunque niega que haya estado secuestrado. “No veo cómo van a secuestrar a nadie así en un hotel de primera”.
El abogado dijo desconocer a las personas señaladas por Barrios como testigos, y sostiene que Barrios sabe que se han alterado exámenes médicos de los afectados para presentarlos en las demandas.
FISCALÍA INVESTIGA
Fuentes extraoficiales de la Fiscalía consultadas ayer por LA PRENSA, confirmaron que tras la denuncia del técnico Bayardo Barrios contra abogados de las transnacionales, se ordenó la conformación de un equipo especial integrado por fiscales y miembros de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, para darle inmediata investigación a la denuncia, ya que recibieron información de amenazas de muerte y chantajes en contra de algunas personas involucradas en el caso.