María José Uriarte R. [email protected]
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Gobierno no descarta ni confirma veto
María José Uriarte R.
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El Secretario de la Presidencia, Leandro Marín, dijo que es prematuro afirmar que el presidente Enrique Bolaños vetará de manera total o parcial la Ley de Regulación Salarial de Funcionarios Públicos, que se impulsa en la Asamblea Nacional, la que propone una reducción drástica al sueldo actual de los funcionarios de gobierno.
Marín es del criterio que se debe esperar el resultado final de la ley, porque la misma puede tener aspectos positivos o por el contrario elementos inaceptables. Uno de los puntos en los que no se logra consenso de parte de algunos diputados, es en la cantidad que se establece para el Presidente de la República, en más de tres mil dólares, alegando que esto aún es demasiado, con relación a la situación económica de Nicaragua.
Sobre la reducción salarial, manifestó que ya existe una propuesta firme de la administración Bolaños, de reducir en un diez por ciento el salario de los funcionarios del Estado, la que considera suficiente, ya que de hecho esa reducción significa un “sacrificio” para una mayoría de servidores públicos.
Descartó que el gobierno pretenda impulsar una reducción salarial del diez por ciento, para luego incrementarse o duplicar la cantidad vía resolución, porque asegura es una práctica que se utilizaba en la administración anterior y si hay un compromiso de reducirlo es para brindar un beneficio al país.
El secretario de la Presidencia desestimó que de aprobarse la ley estableciendo una reducción mayor al diez por ciento para los salarios de los servidores públicos, muchos ministros de gobierno procedan a renunciar a sus cargos, y de ser así esto implicaría un costo político para ellos.
“Algunos tal vez por necesidad renunciarían, otros porque no sienten ese compromiso de servicio público”, apuntó Marín.
En la iniciativa de ley se estipula que el salario para el Presidente de la República quedará en 4,462 dólares mensuales, para el vicepresidente 3,825 dólares, y para magistrados de los poderes del Estado, contralores, procuradores, ministros y diputados, en 3,315 dólares.
Los diputados proponen que los recursos que se obtengan de la reducción salarial de los funcionarios públicos se reorienten para cubrir demandas de algunos sectores sociales, como el magisterio nacional.