Douglas Carcachedouglas. [email protected]
Después de ver las cifras de las inversiones privadas que podría conseguir la costa sur del Pacífico nicaragüense, en especial el municipio de San Juan del Sur, puedo decir que los inversionistas le están respondiendo a Nicaragua y el que atrasa, ahora, es el Estado.
Desde el año 1990, cuando empezó a caminar la democracia en el país, los gobiernos y las agrupaciones empresariales nacionales han buscado, ante todo, cómo atraer inversionistas extranjeros, para levantar a Nicaragua de la postración económica.
Trece años después, al revisar las cifras de la inversión turística me he percatado que hay una inversión fuerte realizándose y otra mayor en perspectiva que sólo para esa costa sur sería de 600 millones de dólares en hoteles y condominios.
Pero, como me dijo un funcionario del Instituto de Turismo (Intur), el éxito de los inversionistas que prefieren los municipios de Tola y San Juan del Sur depende de la construcción de la carretera costanera, que partirá de Pochomil, o para ser más exactos de Montelimar, hasta culminar en El Naranjo, frontera con Costa Rica.
Esa carretera está planeada desde los años setenta, cuando aún gobernaba Anastasio Somoza. Han pasado más de 20 años y todavía es un proyecto dudoso, aunque creo que nadie duda de su importancia, porque el Gobierno todavía carece de fondos para realizarla y por eso la incluyó en el paquete de infraestructuras necesarias del Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el presidente Enrique Bolaños.
La empezarían a construir a principios del próximo año, si Nicaragua consigue el perdón del 80 por ciento de su deuda externa (programa HIPC) en las próximas semanas, aunque esa condonación depende de que la mayoría de diputados nicaragüenses, controlados por los partidos Frente Sandinista y Liberal Constitucionalista, aprueben el presupuesto del 2004 acorde con los parámetros sugeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El problema es que esos partidos quieren sabotear el programa económico del gobierno de Bolaños, para conseguir reformas constitucionales que les permita repartirse el control del Estado tras las elecciones generales del 2006.
Significa, entonces, que mientras los empresarios extranjeros y nacionales apuestan al desarrollo turístico de Nicaragua, más en esa zona sur, los pleitos entre los poderes del Estado atrasan la inversión pública, que es el complemento para que la otra inversión avance y ofrezca los empleos que pide la población.
Del puerto de San Juan del Sur hasta El Naranjo, el camino es casi intransitable, a pesar de los hoteles y urbanizaciones turísticas que ya se aprecian en la ribera.
El mismo poblado de San Juan del Sur, la meca del turismo en esa zona, necesita al menos 200 millones de dólares para mejorar los servicios públicos de agua potable, aguas negras y basura. ¿Qué hacen las instituciones del Estado ante el empuje de los empresarios privados? Parece que sólo lo celebran, con discursos, porque la inversión pública sigue siendo promesa.