Justicia: crisis y desaciertos - La Prensa

Justicia: crisis y desaciertos

En el 2003 la credibilidad del Poder Judicial cayó a sus niveles más bajos, debido a que su actuación dejó mucho que desear en casos donde las pruebas contradicen las sentencias judiciales y, para remate, cierra el 2003 sin presidente, porque no hubo consenso en la negociación política de los magistrados Ary Neil Pantoja yMirna […]

30/12/2003

El veredicto de inocencia, dictado por la juez Ileana Pérez a favor de Silvio Conrado fue uno de los más criticados al punto que varias organizaciones que trabajan por la niñez anunciaron que apelarían la decisión judicial.

  • En el 2003 la credibilidad del Poder Judicial cayó a sus niveles más bajos, debido a que su actuación dejó mucho que desear en casos donde las pruebas contradicen las sentencias judiciales y, para remate, cierra el 2003 sin presidente, porque no hubo consenso en la negociación política de los magistrados

Ary Neil Pantoja yMirna Velásqueznacionales@laprensa.com.ni

El sistema judicial atravesó en el 2003 la mayor crisis de su historia, traducida en el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, aún en enero del 2004, no contará con autoridades que la representen.

El trabajo jurisdiccional se estancó, las cuatro salas y dos comisiones que componen la Corte están desintegradas y sin posibilidad de decidir nada sobre los casos pendientes.

En octubre se venció el período de un año a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, quien pretende reelegirse con el apoyo de los otros siete magistrados sandinistas; mientras que los liberales apoyan la candidatura de Guillermo Selva. En ese mes también caducó el plazo para el que se eligió al resto de autoridades.

La negativa de ambos candidatos a abandonar sus aspiraciones provocó, en parte, la parálisis judicial, pero también contribuyó la falta de acuerdo entre magistrados sandinistas y liberales para nombrar a ocho magistrados de los tribunales de Apelaciones de Managua, Granada y Masaya. Estos dos últimos debieron trasladar su jurisdicción al de Managua por acuerdo unánime de la CSJ antes de su desintegración.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Hasta octubre, sandinistas y liberales negaron rotundamente que existiese una negociación política para liberar a Arnoldo Alemán a cambio de reelegir a Alba Luz Ramos como presidenta de la CSJ.

En septiembre el magistrado sandinista Francisco Rosales reconoció que el mismo Arnoldo Alemán le ofreció los ocho votos liberales en la CSJ para ser presidente a cambio de presionar al resto de sandinistas y lograr una negociación para su liberación definitiva. Rosales rechazó la oferta de Alemán aduciendo que su libertad “no es negociable y que depende únicamente de la acción jurisdiccional de un juez”.

En un esfuerzo por destrabar a la Corte, los liberales anunciaron la posibilidad de declinar la candidatura de Guillermo Selva y apoyar a un aspirante sandinista que no sea Alba Luz Ramos. El magistrado Carlos Guerra ofreció los ochos votos liberales al sandinista Marvin Aguilar.

Pero los sandinistas rechazaron la oferta liberal aduciendo que no aceptan condicionamientos de ningún tipo y que continuarán apoyando a Alba Luz Ramos para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

ALEMÁN “PRESO” EN SU CASA Y JEREZ LIBRE

Pese a que Arnoldo Alemán fue condenado a veinte años de prisión por siete delitos, entre ellos lavado de dinero, la juez Juana Méndez mantiene al ex mandatario en “prisión” en su casa-hacienda El Chile con el desacuerdo de la Procuraduría.

El 7 de diciembre, mientras los nicaragüenses se preparaban para celebrar la tradicional Gritería, Alemán fue encontrado culpable de ordenar el desembolso de 8.7 millones de dólares de la Tesorería General de la República a cuentas bancarias en Panamá para beneficio personal y para financiar la campaña de los hoy diputados liberales.

También compró un helicóptero para sus giras presidenciales. La aeronave fue vendida y el dinero de la venta sería transferido a una cuenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Managua, pero el Gobierno de Estados Unidos ordenó el congelamiento de los fondos localizados en una cuenta en Oklahoma.

La sentencia judicial contra Alemán incluye una multa aproximada de 17 millones de dólares, según lo establecido en la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285).

La absolución de Byron Jerez Solís dejó un mal sabor a quienes consideran que tanto Alemán como Jerez se merecían el mismo castigo. La decisión dejó mal parada a Méndez y obligó al procurador penal Iván Lara a apelar de la sentencia en lo que concierne a Jerez.

PASO DE TORtUGA EN CASO BANIC

Pasó un año y el caso del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) sigue ventilándose en primera instancia. No hay sentencia aún. Una larga lista de testigos desfiló en todo el 2003. El mayor avance fue la solicitud de desafuero, ante la Asamblea Nacional, del diputado liberal al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Donald Spencer Frauemberger, en febrero.

La solicitud quedó estancada, pese a que en su contra hay tres acusaciones que lo señalan como el principal artífice de la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

Un informe de la Dirección de Investigaciones Económica (DIE) de la Policía Nacional, fue remitido el 22 de enero al juez Altamirano López en el cual se señalan presuntas operaciones de lavado de dinero en la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

LOS CENTENO ROQUE SENTENCIADOS

Los múltiples procesos penales contra los hermanos Alex y Saúl Centeno Roque y otros funcionarios del desaparecido Banco Intercontinental (Interbank), fueron acumulándose y se dio el primer jurado de conciencia.

El 30 enero, los miembros de un jurado dieron un veredicto de culpabilidad contra los Centeno Roque por el juicio conocido como “el cascarillazo”. Fueron sentenciados a nueve años de prisión tras ser declarados culpables por los delitos de asociación para delinquir y estafa en perjuicio de la empresa Servicios Navieros y Marítimos, Sociedad Anónima (Semar).

Este juicio, que inició dos años atrás, representó para Semar la pérdida de veinte millones de dólares, a través de una estafa de casi medio millón de quintales de cascarilla de arroz introducidos como café oro en las bodegas de dicha empresa por parte del grupo de empresas del Consorcio Comercial Agropecuario Conagra o Consagro, de los hermanos Centeno Roque y donde también se declararon víctimas el ahora extinto Banco del Café y el Instituto Nicaragüense se Seguros y Reaseguros (Iniser).

EL ACABÓSE DE SABINO HERNáNDEZ

Tras el veredicto contra los Centeno Roque, el Poder Judicial fue estremecido por Alex Centeno Roque, quien, desde la prisión, envió una carta al juez Sabino Hernández en la que develó un sinnúmero de situaciones relacionadas a sobornos.

La figura de Sabino Hernández, quien estaba a la cabeza en la implementación del Código Procesal Penal en el país, se vino a pique súbitamente. Suspendido del cargo, Hernández asumió la judicatura del departamento de Río San Juan, como medida impuesta por la Comisión de Régimen Disciplinario, por haber recibido supuestamente 17 mil dólares y varias vaquillas de parte de los hermanos Centeno Roque a cambio de un fallo favorable el cual no habría cumplido.

UN JUEZ EN EL BANQUILLO

Coincidentemente, quien fungió como emisario de la carta que Alex Centeno envió al juez Sabino Hernández, fue el entonces juez Néstor Herrera. Ese acto le costó una sanción y fue amonestado públicamente.

La sanción fue el inicio de la tormenta. Herrera se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de su esposa Tania Silva y fue retirado de su cargo de juez suplente.

El 8 de agosto de este año, según las investigaciones policiales, Herrera mató a su esposa de 24 años, Tania Lorena Silva Reyes, al propinarle 21 cuchilladas en todo el cuerpo. El crimen fue supuestamente encubierto por su asistente Santos Ramón Paiz Gómez, según la acusación que la Fiscalía General de la República llevó a los juzgados de Managua.

En la acusación, presentada el 14 de noviembre, la fiscal Nubia Arévalo acusó de parricidio a Herrera y de encubridor del crimen a su asistente. La fiscal también acusó por los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos en perjuicio del Estado a seis personas, incluyendo a Herrera y personal del Juzgado Local Único de Ticuantepe, por la supuesta confabulación para falsificar la partida de nacimiento del padre de Tania, William Silva, borrar antecedentes policiales y propiciar su salida del país.

Herrera está en la cárcel a la espera de dos juicios orales y públicos en los que el jurado de conciencia determinará su culpabilidad o inocencia.

FALLO INSÓLITO

En mayo, un jurado de conciencia dio a conocer el veredicto más criticado del año. Tirso Moreno Aguilar, quien secuestró al personal del área de redacción de LA PRENSA, armado de una pistola, fue declarado inocente.

Con la presencia de algunos diputados y personalidades políticas, el jurado se realizó y, después de la intervención de Moreno justificando que estaba “tomado”, el jurado se convenció y lo declaró inocente.

Moreno, además de amenazar a los trabajadores, bajo efectos del alcohol disparó contra uno de los guardas de seguridad. Los fundamentos del jurado de conciencia no se supieron.

SILVIO CONRADO Y EL ESCÁNDALO SEXUAL

Los delitos sexuales contra menores también tuvieron su papel en el escenario judicial.

El asesor económico del partido sandinista, Silvio Conrado, fue llevado a los tribunales acusado, junto a su chofer y una mujer, de violación, estupro, corrupción y proxenetismo o rufianería en perjuicio de varias menores de edad, que durante las investigaciones policiales aseguraron haber sostenido encuentros sexuales en un motel en Managua.

Los tres fueron absueltos por la Juez Segundo de Distrito para lo Penal de Managua, Ileana Pérez, quien se postula como candidata a asumir una magistratura de Apelaciones.

La juez no tomó en cuenta la declaración de una menor que en pleno juicio oral identificó a los acusados y señaló a Conrado de ser el hombre con quien tenía encuentros sexuales.

EL ESPINOSO CASO FACS

Inesperadamente, la juez Julia Mayorga Solórzano sentenció a un año de cárcel a los directivos de la Fundación Augusto César Sandino (FACS), entre ellos el otrora comandante Henry Ruiz Hernández, por destituir de su cargo a Edwin Zablah por presuntos actos de corrupción dentro de la fundación.

La sentencia se revirtió, pero la crisis que meses atrás inició a lo interno de la FACS continúa, en medio de cincuenta juicios entre ambos bandos, uno por lavado de dinero contra Zablah, quien embargó todos los bienes de la fundación.

El Sistema Financiero también fue estremecido por el Poder Judicial. El juez suplente Segundo Local del Crimen, Moisés Zelaya Rodríguez, declaró culpable al Superintendente de Bancos, Alfonso Llanes Cardenal, por desobediencia en perjuicio del ex banquero Haroldo Montealegre Lacayo y del Estado. También ordenó abrir proceso a los miembros del consejo directivo de la Superintendencia de Bancos (SIB), entre ellos al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre.

La sentencia ha sido duramente cuestionada por el Poder Ejecutivo y, según el presidente Enrique Bolaños, podría incidir para que Nicaragua no ingrese a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).

El Estado sufrió un revés judicial y por todos los medios legales y estrategia intentó evitar que el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) pase a manos de la sociedad Agroindustrial Azucarera.

Iniser perdió un juicio millonario que Agroinsa promovió en reclamo de pago de una póliza que la aseguradora dice que no existe. Pero los fallos han sido en contra de Iniser. Se subastaron nueve de sus propiedades, se adjudicaron a Agroinsa y la juez Vida Benavente ordenó pagar una indemnización que hoy está cerca de los 15 millones de dólares.

El futuro anuncia el nacimiento de nuevas acciones penales desde ambos bandos. La Procuraduría General de la República (PGR) divulgó la pronta acusación contra los directivos de Agroinsa, en clara oposición a que Iniser pague la millonaria deuda. Agroinsa prepara para enero una acusación contra el presidente Enrique Bolaños por desacato al negarse a pagar la deuda.

PARA SALVAR EL HONOR

La Comisión de Régimen Disciplinario intentó lavar la cara del Poder Judicial al destituir a las jueces Tercero y Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, Flavia Solís y Vanessa Chévez, respectivamente, al comprobarse la negligencia en su actuar en el caso del narcotraficante guatemalteco Juan Carlos Ospina González.

Gracias a un dictamen forense falsificado y a la negligencia de las jueces, Ospina fue puesto en libertad y luego huyó del país. Ospina era procesado por el delito de narcotráfico al vincularlo a un cargamento de cocaína en un furgón requisado por la Policía en el sector de la entrada a Ticuantepe, Carretera a Masaya.

JEREZ FUE EL PRIMERO EN CAER

En el 2003 el ex “hombre fuerte” del Gobierno de Arnoldo Alemán, Byron Jerez, se convirtió en el primer ex funcionario condenado por actos de corrupción en el ejercicio de su cargo como director general de Ingresos. Jerez llegó a acumular ocho juicios en uno de los cuales fue condenado a ocho años de prisión por el delito de fraude.

Pese a que la figura jurídicamente no existe, Jerez goza del beneficio de “país por cárcel” gracias a una decisión de los jueces Juana Méndez, Edgar Altamirano y el Tribunal de Apelaciones, quienes, en base a dictámenes médico-forenses, determinaron que la vida de Jerez está en riesgo si continúa bajo régimen carcelario.

Jerez fue absuelto por un jurado de conciencia en el caso de los checazos de Enitel y recientemente por la juez Méndez en el caso de lavado de dinero. Está pendiente otro jurado de conciencia en el caso conocido como el “camionetazo”, en el cual Jerez emitió notas de crédito de la DGI para el pago de al menos 23 camionetas de lujo que luego terminaron en manos de él, su familia y amigos.

En este año, Jerez también abrió una caja de Pandora, cuando decidió “destaparse” y señalar que actuales funcionarios del Gobierno de Enrique Bolaños habrían cometido delito electoral al utilizar dinero del Estado para la campaña presidencial.

Según Jerez, también ex funcionarios y actuales recibían una doble planilla. Esto llevó a la juez Juana Méndez a abrir un proceso judicial contra 33 personas que incluye al presidente Bolaños y a su Vicepresidente, José Rizo Castellón, estos dos últimos en virtud de su cargo serían procesados por la Corte Suprema de Justicia.

Alemán y Jerez son los únicos ex funcionarios que quedaron presos por actos de corrupción, luego que todos los procesados en el caso del fraude al Canal 6, fueron absueltos definitivamente.

Otros procesados y ex funcionarios prefirieron huir, como el caso de Alfredo Fernández, Esteban Duque Estrada y Jorge Solís Farias quienes también son procesados en ausencia por el delito de lavado de dinero.

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