- Durante el 2003, numerosos fueron los casos de corrupción de menores y pederastia, lo que ha permitido conocer que la niñez se encuentra desprotegida en este país. Las sentencias absolutorias de varios de estos casos, a favor de los victimarios, son la prueba
Roberto Pérez Solís [email protected]
El 2003 permitió demostrar que nuestro país sigue a merced de los corruptores de menores, sean éstos nacionales o extranjeros, quienes para mala suerte de sus víctimas y su familia, pocas veces son encontrados culpables por los administradores de justicia.
El primer caso llegó desde Costa Rica. La noticia se conoció a inicios de febrero desde el vecino país de Costa Rica, causó revuelo y asombro. Una niña de 9 años, hija de una pareja de nicaragüenses, a quien todos posteriormente llamarían Rosa, había sido violada y embarazada supuestamente por un peón de nombre Alexander Barquero, en uno de los cafetales de Turrialba.
Inmediatamente, la Red de Mujeres contra la Violencia se pronunció en nuestro país pidiendo que se le practicara un aborto terapéutico a la menor, porque su vida peligraba si continuaba con el embarazo. Sin embargo, la entonces ministra de Salud, Lucía Salvo, dijo que Rosa podía tener un embarazo normal.
A mediados del mes de febrero la niña llegó al país. El Minsa integra una comisión de médicos especialistas compuesta por obstetras, perinatólogos, endocrinólogos y sicólogos, entre otros, para valorarla. Para ese entonces los padres de la menor exigían el aborto terapéutico al igual el Procurador de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, quien aducía que existía jurisprudencia para realizarlo. “Hay que salvar a la niña”, era la súplica de muchos.
MUCHOS ACTORES
El tiempo transcurría y surgieron más actores en escena. Por un lado, el Ministerio de la Familia (Mifamilia) solicitaba a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la tutela de la menor para brindarle el “apoyo necesario”, mientras que la Iglesia Católica, a como se esperaba, por primera vez emite su opinión sobre el caso que para ese entonces ya era noticia en toda la región centroamericana. El cardenal Miguel Obando y Bravo, Arzobispo de Managua, pidió descartar el aborto porque de lo contrario se estaría violando el Quinto Mandamiento que dice: No Matarás.
Mientras los padres de Rosa expresaban ante los medios de comunicación que podrían salir con la menor al extranjero para practicarle el aborto, la comisión médica del Minsa por fin da los resultados de los análisis practicados: La niña está en peligro, tanto si se le practica un aborto o se deja que continúe con el embarazo. Los resultados de los exámenes indicaron que la niña estaba afectada por parasitosis, vaginitis e infección en las vías urinarias.
Para finales de febrero la Red de Mujeres contra la Violencia anuncia que Rosa se recupera de un aborto practicado por tres médicos nicaragüenses en una clínica del país. Posterior a este anuncio la Iglesia Católica dice que los abortistas están excomulgados. Se introduce una denuncia en la Fiscalía de la República para que se investigue el caso.
Para el mes de marzo, se conoce que Rosita está recuperando su infancia al recibir terapia de una sicóloga. El Ministerio Público ordena archivar el caso, luego de concluir que no hubo delito al basarse en varios tratados sobre la defensa de los Derechos de los Niños a nivel Internacional y Nacional.
EL PRIMER NORTEAMERICANO PEDÓFILO
La ciudad de Granada se estremeció cuando, en abril, ante denuncia interpuesta por una menor de edad en la delegación policial, se investigó y procesó a Wildman Roy Adrian, 75 años y de nacionalidad norteamericana, por los delitos de corrupción de menores.
Una niña de iniciales KVFL, de 13 años, denunció ante la Policía Nacional y luego ante la Fiscalía de la República y la Procuraduría de la República, que Roy Adrian a veces las ataba con un mecate y en algunas oportunidades las encadenaba a la orilla de una cama, la manoseaba y la violaba. El norteamericano, como estrategia, invitaba a las niñas a comer sorbete en el Parque Central y a cambio le daba ropa, posada y algo de dinero.
En sus declaraciones la niña también dijo que Roy Adrian fumaba marihuana mientras la violaba. En la casa de éste, ubicada en la Calle San Juan del Sur, se encontraron condones, rollos de películas en los que la niña aparece completamente desnuda. Estos crudos relatos y las pruebas encontradas en su casa motivaron para que las autoridades de la Gran Sultana procedieran a abrir proceso judicial en su contra.
Una vez iniciado el proceso judicial por la Juez Único de Granada, María de los Ángeles Solano, la defensa del norteamericano, Geovana Blandino, dijo que su defendido no podría guardar presión preventiva, pues superaba los 70 años de edad. Esta petición fue rechazada por la judicial.
Para el mes de junio el proceso contra Wildman Roy Adrian llegó a su fin al ser declarado culpable por el delito de corrupción de menores y sentenciado a cuatro años de prisión por un jurado compuesto por cuatro mujeres y dos hombres.
El artículo 209 del Código Penal establece que los procesados por delitos sexuales, aunque sean mayores de 70 años o valetudinarios, no pueden ser favorecidos con fianza ni arresto domiciliario y, si enferman, deben ser internados en un hospital con vigilancia policial.
EL CASO CONRADO
Para septiembre, seis niñas menores de edad, denunciaron que un señor canoso, algo recio, de mucho dinero, las había llevado al motel Villa Amor, en Managua, en donde sostuvieron con él relaciones sexuales. La Policía Nacional, al hacer las respectivas investigaciones, concluyó que se trataba del miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y asesor económico del Frente Sandinista, Silvio Conrado.
En su momento, el segundo jefe del Distrito Seis de la Policía, subcomisionado Yamil Gutiérrez, sostuvo que más que pruebas en contra del asesor del FSLN, estaban las declaraciones de las seis menores que lo habían identificado y al mismo tiempo expresado que éste les ofrecía dinero y otro tipo de regalías. Miriam de Conrado, esposa de Silvio Conrado, calificó la acusación como “una calumnia, una infamia” y alegó que la misma obedece a una trama en contra de su esposo.
A partir de estas primeras investigaciones, Silvio Conrado fue acusado por la Fiscalía de la República por los delitos sexuales de violación, estupro, corrupción o proxenetismo en perjuicio de varias menores de edad. Junto a Conrado también fueron procesados por los mismos delitos su chofer Eduardo Guerrero y Silvia Elena Espinoza.
Al conocer la noticia, Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, instruyó a su equipo de la Procuraduría iniciar coordinaciones con las autoridades de la Fiscalía y la Policía Nacional, con el fin de “supervisar” las investigaciones que ambas instancias realizaban en torno al caso.
El proceso en contra de Conrado duró varias semanas entre alegatos de la defensa y la parte acusadora, pero cuando todo parecía que llegaría a su fin resultando un veredicto desfavorable para él, la Juez Segundo de Distrito de lo Penal de Managua, Ileana Pérez, falló a su favor diciendo que no habían las pruebas suficientes para culparlo.
La Red de Mujeres contra la Violencia rechazó y calificó como una burla para la mujer nicaragüense, el veredicto de absolución expresando que una vez más la justicia seguía subordinada al poder político y económico de quienes manejan el país. Silvio Conrado junto a su familia reiteraron que lo habían involucrado en una trama para desprestigiarlo y que encontraría muy pronto a los culpables.
LOS NIÑOS DE QUEZALGUAQUE
Durante el mes de septiembre se conoció que seis niños menores de edad originarios del municipio de Quezalguaque, en León, fueron trasladados de manera irregular a España por miembros de la Fundación Luz para la Infancia, quienes estaban realizando labores de cooperación en el occidente del país.
Al conocerse la noticia el Ministerio de la Familia (Mifamilia), dijo que pedirían ayuda al gobierno español para averiguar en qué condiciones se encontraban los niños y con qué clase de personas convivían. Por su parte, diputados de la Comisión de Derechos Humanos anunciaron que viajarían a España para iniciar los procesos de extradición.
Semanas después, la noticia de los menores de edad pasó a segundo plano. Los diputados cancelaron el viaje por supuesta falta de presupuesto y las autoridades de Mifamilia todavía siguen investigando.
TAXISTA CULPABLE DE ABUSO INFANTIL
El año pasado los taxistas ocuparon por varias semanas los principales titulares de los medios de comunicación a raíz de una ola de asaltos que se extendió por varias semanas hasta que la Policía Nacional, junto al Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), elaboraron un plan de seguridad.
Pero hubo otros que también ocuparon las primeras planas por los delitos de corrupción de menores, como fue el caso de Ricardo Contreras Pérez, quien fue detenido por la Policía en el momento que salía de un motel cercano al Siete Sur en compañía de dos menores de edad.
Las menores contaron a las autoridades policiales que con frecuencia Contreras Pérez las sacaba a pasear al parque y a otros sitios de Managua cargando siempre una cámara fotográfica con las que les tomaba fotos. Al mismo tiempo expresaron que el taxista las había llevado a ese lugar (un motel) cerca del Siete Sur, con el pretexto de retirar unos colchones.
La Policía sospechó que Contreras utilizaba niñas, entre los 8 y los 12 años, para sesiones fotográficas que llevaba a cabo en lugares de baja reputación, por lo que se procedió a abrir proceso judicial que radicó en el Juzgado Sexto de Distrito para lo Penal de Managua, para que luego un jurado de conciencia lo encontrara culpable por el delito de corrupción, en contra de dos menores de 9 y 11 años.
Las menores quedaron por varias semanas bajo la responsabilidad de un Centro de Protección del Ministerio de la Familia, donde fueron sometidas a un estudio sicosocial.