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Justicia

Mario Alfaro A. Cuando afirmé en mi artículo (LA PRENSA, 19 de diciembre de 2003): “Es la misma justicia a cuyo amparo la Corte Suprema calló, toleró y avaló las arbitrariedades y sentencias de los tribunales militares y nunca acogió las apelaciones de los prisioneros”, hice alusión a un momento histórico específico, a la aplicación […]

Mario Alfaro A.

Cuando afirmé en mi artículo (LA PRENSA, 19 de diciembre de 2003): “Es la misma justicia a cuyo amparo la Corte Suprema calló, toleró y avaló las arbitrariedades y sentencias de los tribunales militares y nunca acogió las apelaciones de los prisioneros”, hice alusión a un momento histórico específico, a la aplicación de la justicia política en el juicio a los presuntos culpables de los sucesos de abril de 1954. En esa ocasión la Corte Suprema de Justicia se constituyó en tribunal para juzgar a tres miembros del Congreso: el general Emiliano Chamorro, Abel Gallard y Raúl Arana Montalván.

Las cámaras de diputados y de senadores fueron los fiscales que fijaron los cargos y la Corte Suprema de Justicia los condenó. Los magistrados de la minoría conservadora, doctores Gustavo Adolfo Argüello y Adán Sequeira, probaron a la luz de las rectas doctrinas jurídicas y los textos legales y constitucionales de la República, que ese juicio era inconstitucional y atentaba contra las bases del ordenamiento jurídico de la nación.

En los juicios sucesivos, mientras duró la dictadura somociana, ésta usó inalterablemente los mismos procedimientos. Nada valieron los alegatos legales de los defensores, ni las leyes, ni la Constitución, ni la oposición firme de los magistrados de la minoría conservadora, para atenuar al menos los abusos del poder.

En el segundo tomo de 43 años de dictadura dinástica, que está próximo a publicarse, aparecen ricos detalles del monstruoso juicio de 1954, los alegatos legales de los abogados defensores y los votos razonados de los magistrados de la minoría conservadora.

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