Roman, Times, serif”>
Injustificada pasividad gubernamental
Ha transcurrido una semana desde que LA PRENSA publicó el magnífico reportaje de los periodistas José Adán Silva y Germán Miranda, sobre el impactante drama de los nicaragüenses que entran ilegalmente a Costa Rica. Sin embargo ninguna autoridad gubernamental de Nicaragua ha reaccionado a dicha publicación, que inevitablemente motiva preocupantes percepciones y conclusiones.
En realidad, de la lectura del reportaje aludido se deduce ante todo que lo mejor sería no ir a Costa Rica por ningún motivo, mucho menos de manera ilegal y para buscar empleo. Como dice correctamente el viejo refrán: “Bien está San Pedro en Roma, aunque no coma”, o sea que no vale la pena irse a otra parte, pues aunque se pudiera estar mejor hay que sufrir cualquier clase de humillaciones, y la dignidad está por encima de todo.
También se infiere del mencionado reportaje el resentimiento hacia su Patria y particularmente a los gobernantes, que sienten muchos nicaragüenses que se van a Costa Rica a pesar de todas las dificultades y ultrajes que reciben, porque sienten que aquí se les ha negado toda oportunidad o no han podido encontrar ninguna posibilidad para subsistir y mucho menos para progresar.
Por otro lado, se advierte claramente que a pesar de la fama bien cultivada y publicitada de que Costa Rica es un país ejemplarmente democrático, en realidad hay allí un Estado policiaco —al menos en lo que se refiere al tratamiento que se da a los inmigrantes nicaragüenses— que impide el ejercicio de la libertad de información y maltrata a los periodistas. Cabe imaginar entonces cómo son los ultrajes que sufren las personas humildes que no tienen capacidad para defenderse ni protestar. Y, peor aún, al parecer hay una creciente xenofobia en Costa Rica (exceso de nacionalismo con odio y hostilidad a los extranjeros) contra los nicaragüenses.
Se sabe muy bien que en todas partes del mundo y épocas históricas ha habido animosidades entre pueblos vecinos, y los de Nicaragua y Costa Rica no son la excepción. Sin embargo, en términos generales los sentimientos y actitudes de ticos hacia nicas, y viceversa, siempre fueron normales y amistosas. Y es necesario recordar y reconocer que eso cambió a partir de que se comenzó a abusar del territorio costarricense como base de operaciones contra el régimen somocista, y más concretamente a partir de que en 1969 un guardia civil tico fue asesinado por guerrilleros sandinistas que asaltaron la cárcel de Alajuela para tratar de liberar a Carlos Fonseca, quien estaba preso allí acusado de violar la ley de Costa Rica.
Después, somocistas, sandinistas y contras convirtieron la zona norte de Costa Rica en base y escenario de acciones militares, en sus luchas partidistas por el poder. Eso causó muchas molestias a los costarricenses, pero lo que agravó la situación fue la fuerte emigración de mano de obra nicaragüense, que si bien es cierto ha ayudado al desarrollo económico de Costa Rica, al rebasar los requerimientos laborales costarricenses creó un excedente de inmigrantes cuya presencia al parecer les causa perjuicios o cuando menos molestias a muchos ticos.
Sin embargo así como hay nacionalismo tico también lo hay nicaragüense, que se ve estimulado por los maltratos y las expresiones xenofóbicas contra los compatriotas que se van a Costa Rica de cualquier manera, ya sea por su gusto o por necesidad. Y es comprensible que en casos como éste muchos nicaragüenses exalten sus sentimientos nacionalistas, que se indignen por los ultrajes que sufren sus compatriotas en tierra ajena y que se desahogan con insultos contra los costarricenses. Tales reacciones no ayudan a la solución del problema, más bien lo agravan.
Y lo más preocupante es que al parecer a las autoridades gubernamentales de Nicaragua no les importa este problema que tiene que ver con las relaciones internacionales y que afecta directamente a varios centenares de miles de nicaragüenses, que según una crónica de Douglas Carcache publicada ayer en LA PRENSA aportan al país entre quinientos millones y mil millones de dólares en remesas familiares, y le permiten subsistir a una considerable parte de la población.
El Gobierno no debe permanecer impasible ante esta situación. Tiene la obligación de buscarle una solución decorosa para el país y para los emigrantes nicaragüenses en particular, basada en los principios del respeto a la soberanía nacional y la buena vecindad entre los pueblos.