El congelamiento de la Corte

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23/01/2004

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El congelamiento de la Corte





El congelamiento de la Corte Suprema de Justicia, que dura ya tres meses, es como una indetenible mancha de aceite negro que envuelve a todo el sistema judicial. Basta saber que en la actualidad se encuentran tres Tribunales de Apelación sin renovar sus componentes y los demás están a punto de colocarse fuera de servicio. Mientras tanto muchos jueces de Distrito y locales, propietarios o suplentes, aprovechan que no tienen supervisión para dictar sentencias inverosímiles, como la de Agroinsa vs. Iniser, que recuerdan el corrupto esquema del toma y daca.

La gente sensata se pregunta: ¿cómo puede existir un Estado cuando los magistrados de uno de los poderes deciden incumplir sus obligaciones? Y para remate se enojan cuando el Presidente de la República anuncia que propondrá reformas profundas al sistema judicial para eliminar el cáncer del partidarismo. Los magistrados afectados saben perfectamente que el presidente Bolaños es jefe de Estado y puede presentar iniciativas por propio derecho ante la Asamblea Nacional.

¿Qué clase de magistrados pretenden ser los de la Corte Suprema cuando campantemente anuncian que dividieron las cuatro salas y las comisiones conforme a intereses partidarios, contrario a toda norma jurídica, como si se tratara de porciones feudaloides adjudicadas a grandes electores? ¿Es que acaso perdieron la capacidad de sonrojarse cuando se les reclama su irresponsabilidad? En su última comparecencia ante la televisión, el magistrado Guillermo Vargas Sandino declaró que el impasse de la CSJ estaba próximo a superarse porque ya habían escogido por unanimidad a los integrantes de las mencionadas salas. Sin embargo el anuncio resultó inaplicable porque hasta hoy no se han organizado internamente aquellas salas, en espera de una Corte Plena, reiteradamente saboteada.

Esta semana circuló la noticia que uno de los magistrados liberales advirtió a sus colegas que mientras no se libere a su caudillo seguirá la Corte Suprema entrampada sin escoger a sus directivos. Esta advertencia equivale a un autogolpe de Estado, ya que uno de los poderes decide de hecho ausentarse, o sea desbalancear el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza al régimen democrático. Jamás se había dado ese bochornoso espectáculo protagonizado por el mas alto Tribunal de Justicia. Habíamos tenido cuartelazos pero no autoenllavamiento como el que actualmente sucede en un poder del Estado.

La repartición de salas con criterio partidarista recuerda la cesión de hijuelas de un testamento o la adjudicación de feudos ordenado por los grandes electores de la Edad Media. No obstante, lo más escandaloso es el chantaje de impedir el funcionamiento de la Corte, a menos que se suelte al gran líder del liberalismo. Esto nos recuerda la decisión de Sansón encadenado a las columnas del templo. Cuando le fue negado su pedimento de ser desatado respondió: “Echaré abajo el edificio aunque con ello quedemos todos sepultados.

¿Porqué se ha llegado a esta alarmante situación. Desde el 15 de octubre del año pasado, cuando se le venció el período de presidente de la Corte Suprema a la magistrada Alba Luz, Ramos, ella se empecina en conseguir su reelección. Esta insistencia animó a los liberales a proponer alternativo al magistrado Guillermo Selva. Y como ambos bandos se encuentran empatados numéricamente no han podido elegir a ninguno.

El caso de la magistrada Ramos es dramático, pues llegó a ese puesto prometiendo luchar contra la corrupción que agobia al sistema. Incluso había logrado impresionar a la ciudadanía como persona de coraje y liderazgo. Si ella hubiera cumplido con su promesa, auspiciando la limpieza, empezando por remover a los jueces manchados de su mismo partido, hubiera conseguido el respaldo de la ciudadanía que se ha sentido defraudada.

Todo lo anterior permite suponer que la Corte Suprema de Justicia continuará trabada. Por consiguiente corresponde al Presidente de la República, quien es al fin y al cabo el garante de la estabilidad nacional y del correcto desempeño de los funcionarios del Estado, denunciar ante la Asamblea Nacional la anómala situación que agobia al supremo Tribunal.

Pero como los diputados son los responsables originarios de esta partidarización de la Corte Suprema de Justicia, al elegir ocho magistrados por bando partidista como consecuencia del pacto libero-sandinista, entonces: ¿quién podrá salva a la República?.

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