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¿Cualquier reforma?

Roman, Times, serif”> ¿Cualquier reforma? Ante la propuesta de reformas institucionales que anunció —pero todavía no ha presentado— el Presidente de la República, el líder sandinista Daniel Ortega contrapropuso una “profunda transformación” del Estado. Sin embargo lo de Ortega parece más bien una oferta dirigida a Arnoldo Alemán para pactar la convocatoria a una asamblea […]

27/01/2004

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¿Cualquier reforma?





Ante la propuesta de reformas institucionales que anunció —pero todavía no ha presentado— el Presidente de la República, el líder sandinista Daniel Ortega contrapropuso una “profunda transformación” del Estado. Sin embargo lo de Ortega parece más bien una oferta dirigida a Arnoldo Alemán para pactar la convocatoria a una asamblea constituyente, que haría borrón y cuenta nueva y liberaría al caudillo liberal de los cargos y el presidio por corrupción.

En realidad, aunque Ortega no ha explicado el detalle de su propuesta es muy claro su planteamiento de convertir la Presidencia de la República en un ente protocolario, de otorgar los poderes ejecutivos a un primer ministro de mandato indefinido y establecer —o más bien restablecer— una modalidad del “poder popular” en Nicaragua, que controlaría al Gobierno si éste no fuera sandinista, pero sería un instrumento del primer ministro en el caso de que éste fuese del FSLN.

En cualquier caso eso significaría cambiar el sistema de Gobierno y por lo tanto habría que convocar a una asamblea constituyente para que dicte una nueva constitución. Sin embargo lo más probable es que el propósito de Ortega sea halagar a Arnoldo Alemán, ofreciéndole un repacto para dejarlo en libertad a cambio de que el PLC le permita al Frente Sandinista mantener e inclusive ampliar el control que ejerce sobre una gran parte del poder político e institucional del país.

La verdad es que se necesita ser muy ingenuo para creer en las palabras de Daniel Ortega. Y no sólo por lo que ya hizo cuando ejerció el poder total entre 1979 y 1990, sino porque hace apenas cuatro años que pactó con Alemán una contrarreforma constitucional para restablecer el bipartidismo somocista. Entonces, ¿cómo creerle que ahora quiera abanderar una reforma que entre otras cosas facilitaría la participación electoral de todos los partidos políticos?

No cabe ninguna duda de que el país necesita una drástica reforma institucional, no obstante que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el problema fundamental de Nicaragua no radica en las leyes y las instituciones, sino en la calidad de las personas que las ocupan. De manera que no es cualquier reforma la que se debe hacer, sino una que sea genuinamente democrática y que ayude al país a aprovechar la nueva gran oportunidad nacional de la HIPC —que representa la posibilidad de utilizar 1,500 millones de córdobas anuales, más o menos cien millones de dólares, en inversión para el desarrollo en vez de pago por la deuda externa— y el Cafta.

Ciertamente, las ventajas que podrían derivarse del ingreso a la HIPC, y del Cafta, sólo se podrían aprovechar si se crearan las condiciones apropiadas para facilitar la inversión privada nacional y extranjera, para lo cual es indispensable fortalecer la estabilidad institucional y garantizar la seguridad jurídica de las personas, la propiedad privada y los negocios.

Dicho con otras palabras, es necesario modernizar el país para que haya una economía de mercado dinámica; una democracia representativa funcional; una administración de justicia independiente y honesta; tranquilidad política y social; responsabilidad laboral; eficiencia y transparencia gubernamental; y una educación que permita formar recursos humanos que respondan a las exigencias de la globalización.

En efecto, ¿cómo se podría desarrollar el país con una Corte Suprema de Justicia paralizada por las pugnas políticas y desacreditada por la corrupción; con un Poder Electoral partidista, ineficiente, costoso y corrupto; con una Asamblea Nacional que para elegir su Junta Directiva debe apelar a la intervención extranjera; con un Poder Ejecutivo minado por las intrigas y luchas palaciegas por el acceso al botín público; con entidades de seguridad pública corroídas por la corrupción y la desconfianza ciudadana; y con una clase política codiciosa, atrasada y subordinada al dictado de caudillos obsoletos y corruptos?

Más que transformar el diseño de esas instituciones lo que se necesita es confiar los poderes públicos a otras personas que puedan gobernar el país en función de las leyes y no de sus intereses particulares; que respeten de palabra y obra la Constitución, las leyes, los contratos y sus propios compromisos y promesas; y que administren los recursos sociales de manera eficiente, a resguardo de las mafias, los clanes y los caciques o caudillos de los partidos políticos.

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