Pedro Arnoldo Ramos Salinas
El 16 de diciembre del año 2003 el Instituto Nicaragüense de Energía, anunció la prohibición de comercializar gas licuado para uso doméstico en cilindros o envases de aluminio, dando como fecha tope el 1 de marzo del presente año, basado en el Acuerdo Ministerial 8-97.
El presidente Bolaños ha dicho que nadie estará encima de la ley. Es obligación del INE acatar las leyes. No hay asidero técnico para sacar de circulación los cilindros de aluminio, catalogados por las normas internacionales como los más prácticos y seguros.
La Constitución garantiza el ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que por motivos sociales o de carácter nacional. Las encuestas de los distribuidores demuestran que las amas de casa prefieren por liviano, práctico y seguro un envase de aluminio que cumple con la normativa DOT de EE.UU., las que hasta hoy han permitido trabajar sin accidentes que lamentar.
La población merece respeto a su preferencia. ¿Por qué el INE quiere imponer a los consumidores el cilindro de hierro? ¿Quién con estas decisiones pone inestabilidad al país? ¿Quién garantiza la inversión en Nicaragua? ¿Es que el INE pretende dejarnos sin el pan nuestro? ¿Por qué limitar y ponerle trabas al libre comercio?
Distribuidor de GLP