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Las circunstancias del crimen
Cuando el individuo que el 22 de octubre del 2002 asaltó a mano armada las instalaciones de LA PRENSA, disparó contra los cuidadores del edificio y secuestró a varios periodistas de este rotativo, y sin embargo fue absuelto el 6 de mayo del 2003 por un jurado de “conciencia”, aseguramos en esta columna editorial que el mensaje principal de aquel insólito veredicto era el de que cualquier desalmado podría atentar contra los medios de comunicación y los periodistas, con la confianza de que no pagaría ninguna grave consecuencia.
Aquella admonición se cumplió, lamentablemente, con el asesinato del periodista Carlos Guadamuz, cuyas opiniones en sus programas de radio y televisión eran muy controversiales, y molestas sin duda para ciertos personajes, pero las que jamás podrían justificar que lo asesinaran o mandaran a asesinar.
El periodismo es una actividad de riesgo, inclusive de alta peligrosidad cuando se reportan actos de violencia y conflictos bélicos desde el terreno de los acontecimientos, o cuando se hacen denuncias y se expresan opiniones que molestan a ciertas personas poderosas, arrogantes e intolerantes. Y en determinadas circunstancias este peligro desemboca en atentados contra un medio o contra la vida de un periodista.
Pero también el ejercicio del derecho a informar y opinar implica riesgos menores, que se manifiestan en las acusaciones que deben afrontar los periodistas hasta en los tribunales, a veces sólo porque a alguien no le pareció el enfoque de una información, o porque en general a nadie le gusta ser noticia cuando éstas le son desfavorables, sólo cuando benefician su imagen.
Es por eso que cualquier empresario metido en dificultades financieras que afectan los intereses del público, y por lo tanto es noticia, se molesta con los periodistas y culpa a los medios por sus propios problemas y fallas. Y el personaje prominente que por cualquier motivo mata a otra persona, arremete contra medios y periodistas porque según él lo malo es el escándalo noticioso y no su acción criminal. Y hasta los políticos corruptos señalan a los medios y los periodistas como culpables de tener que rendir cuentas ante la justicia, en las raras ocasiones en que las rinden.
Y el colmo es que hasta entre los mismos informadores profesionales hay quienes devalúan el derecho a informar y ser informado, así como el derecho a la irrestricta libertad de expresión —que pertenece a todos los nicaragüenses—, al querer convertirlo en patrimonio exclusivo de las pocas personas que se dedican profesionalmente al periodismo, y que sean autorizados por un colegio gremial.
Pero la libertad de informar no es ni puede ser convertida en un privilegio de los medios de comunicación ni de los periodistas en lo particular. El derecho a informar y a expresar libremente las opiniones es un bien jurídico fundamental que pertenece a todas las personas. Además, constituye una necesidad imperativa de la sociedad, pues sin libertad de expresión no hay democracia, sin derecho a la información no se pueden controlar los actos del Gobierno, y la justicia no puede funcionar apropiadamente sin una prensa libre que informe sobre los acontecimientos y que denuncie los abusos y transgresiones de la ley. Precisamente por eso es que afirmamos que cuando se mata a un periodista se comete un doble asesinato: se mata a la persona y se mata la libertad.
De manera que si un tribunal de jurados justifica la acción de un individuo que asalta a mano armada las instalaciones de un periódico, dispara contra sus vigilantes y secuestra a varios periodistas; y si se le dice a los nicaragüenses que el derecho a informar no es de todos los ciudadanos sino el privilegio de un grupo de personas que ejercen profesionalmente el periodismo, entonces no es extraño que un desalmado asesine a un periodista, que a los medios de comunicación se les culpe por todas las desgracias del país, que los vecinos del asesino de Carlos Guadamuz amenacen a los periodistas y que éstos sean atacados en las manifestaciones políticas por exaltados partidarios de los caudillos.
Ojalá que del execrable asesinato del periodista Carlos Guadamuz, se pudiera sacar al menos la lección de que el derecho a la libertad de información hay que defenderlo como el patrimonio de la humanidad que es.