La corrupción en el Poder Judicial

César Grijalva Con todo el respeto que se merece la magistrada Alba Luz Ramos, como ciudadano y como abogado de los tribunales de la República siento la obligación cívica de manifestarle que el país hoy más que nunca necesita de un Poder Judicial incólume. La doctora Ramos dejó entrever (en una amplia entrevista que le […]

18/02/2004

César Grijalva

Con todo el respeto que se merece la magistrada Alba Luz Ramos, como ciudadano y como abogado de los tribunales de la República siento la obligación cívica de manifestarle que el país hoy más que nunca necesita de un Poder Judicial incólume.

La doctora Ramos dejó entrever (en una amplia entrevista que le hizo LA PRENSA) una realidad que fue ignorada y omitida durante sus dieciséis años de trabajo como magistrada: la corrupción. Y aquí no solamente estoy hablando de los problemas judiciales conexos con lo político, sino de la calidad del servicio judicial que le prestó esta institución del Estado al pueblo de Nicaragua durante el régimen sandinista, al que ella perteneció, que no fue más que la reproducción de todas las formas ilegales y los abusos con que se impartía justicia en Nicaragua. Y que quede claro: antes, durante y después del sandinismo.

El trabajo de la doctora Ramos podría calificarse de inefectivo, ineficiente e insuficiente, desde el momento en que se depositó la confianza de administrar justicia en quienes en muchos casos no lo merecían: militantes sandinistas, muchos de ellos ex policías, ex miembros de la Seguridad del Estado, ex miembros de tribunales especiales. Muchos fueron nombrados por prebendas políticas o amistad. Nombres y apellidos es imposible darlos a conocer. Todos los abogados sabemos y tenemos conciencia de ello, incluso la doctora Ramos.

Cualquier abogado como el exponente, y cualquier ciudadano nicaragüense que haya tenido la más mínima relación con la función judicial, puede decir con la voz de la conciencia que todo aquel sistema de “jueces y abogados” era algo realmente inimaginable y atropellante, dentro de los parámetros de la correcta administración de justicia, en muchos casos anti-ético e ilegal.

Para desenmascarar los hechos y lograr las evidencias que necesita la doctora Ramos habría que iniciar investigaciones interminables y maratónicas, y esto sí tal vez sería oneroso, aunque fructífero. Si se hablara con lujo de detalles de todo los atropellos a lo que ha sido sometido el ciudadano nicaragüense, el resultado sería desastroso dentro del marco ético y tal vez dentro del marco jurídico.

De lo que dijo la doctora Alba Luz Ramos en su entrevista hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención:

Acepta que siempre ha habido corrupción, sin embargo parece inducir a la opinión pública a creer que es un mal endémico, inevitable, crónico e irremediable.

Sobre la afirmación que hace acerca de que el doctor Alejandro Serrano Caldera inició “feudos”, le expreso a la doctora Ramos que por lo que yo conozco del Poder Judicial nicaragüense, los feudos siempre han existido el sistema criollo judicial, un sistema inoperante dentro de los parámetros de justicia que depositados en manos irresponsables no muy pocas veces han generado guerras privadas. Probablemente ése sea el trasfondo de nuestras irreconciliables diferencias nacionales.

En ausencia de un sistema judicial que opere con probidad y equidad, el resultado inevitablemente es el caos social que lo único que admite es la represión y la intimidación del ciudadano. Si no hay un sistema judicial transparente, independiente, depurado de cualquier contaminante partidista, el resultado es la desconfianza, los escándalos y la incertidumbre ciudadana. Consecuentemente, éste es un germen fértil para producir caóticas situaciones que generan pérdidas, dolor y resentimiento social.

Lo que se necesita es un sistema judicial completamente nuevo, con un código ético que perfile cómo debe funcionar un magistrado o juez de la República. Sé que la doctora Ramos ha viajado por Europa y tal vez por Norte América. Yo con mucho gusto podría enviar la recopilación de diversos código de ética judicial que podrían ilustrar a una persona que denodadamente y con vocación de servicio trabaje en esta área, en la que siempre ha brillado por su ausencia aún existiendo últimamente un escuela judicial en Nicaragua.

La formación ética debe implementarse en la esfera institucional para todos y cada uno de los magistrados y jueces de la República, para todos y cada uno de los empleados judiciales. Debe ser parte de la formación académica en las universidades y específicamente en las facultades de derecho. Esto, como todo proyecto de ley de la República, debe ser de amplia difusión ciudadana.

La corrupción se manifiesta en miles de formas y obviamente el país necesita urgentemente de un esfuerzo colectivo a través de la educación, formal e informal, para entender qué es corrupción. Sin embargo, personas letradas particularmente juristas no pueden invocar ignorancia acerca de lo que esto significa.

Nombrar en posiciones judiciales a personas conocidas por su membresía partidaria, ¿es corrupción o no es corrupción? Todo nombramiento fuera de un proceso objetivo de reclutamiento podría significar corrupción, de hecho es corrupción por favoritismo, conculcación y connivencia.

El país tiene que definirse por un camino democrático y la depuración del sistema es inevitable.

En vez de oponerse a que esto suceda hay que pensar que es una obligación moral, cívica y profesional, contribuir a buscar un mecanismo nacional para que el pueblo de Nicaragua logre una administración de justicia que contribuya a la paz, el orden, la equidad y el reconocimiento de la dignidad humana, con el vital aditivo de que la función judicial nicaragüense logre credibilidad ciudadana y credibilidad internacional.

Es sobre esto que hay que trabajar fundamentalmente. Y esto no debe ser objeto de negociación alguna, sino de consenso nacional. Un Poder Judicial donde impere una justicia administrada e impartida por jueces probos e imparciales con mística de servicio a la nación.

El autor es doctor en jurisprudencia.

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