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“Guerra sucia”: la faz oscura de México

México, uno de los pocos países de América Latina que evitó la dictadura militar durante los años setenta, no logró sustraerse a las violaciones a los derechos humanos y tuvo su propia “guerra sucia” en democracia Mónica MedelEFE/REPORTAJES La estructura monolítica del régimen presidencialista de la época, definido años después por el escritor peruano Mario […]

24/04/2004

Consejo de guerra a que fueron sometidos los generales Arturo Acosta y Francisco Quiroz, acusados de narcotráfico y quienes encabezaron el grupo paramilitar “Brigada Blanca”.

  • México, uno de los pocos países de América Latina que evitó la dictadura militar durante los años setenta, no logró sustraerse a las violaciones a los derechos humanos y tuvo su propia “guerra sucia” en democracia

Mónica MedelEFE/REPORTAJES

La estructura monolítica del régimen presidencialista de la época, definido años después por el escritor peruano Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta”, tuvo el mismo objetivo que el que persiguieron los golpes militares del sur del continente: la eliminación del comunismo y de la guerrilla izquierdista.

La diferencia es que México mantuvo su cara limpia y democrática ante el mundo durante décadas, a pesar de la represión interna, y la magnitud de los abusos comienza ahora a ser aquilatada tras la desclasificación de archivos de inteligencia y la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en enero de 2002.

Pero el procesamiento del ex titular de la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro (1978-1982), y la orden de aprehensión en contra de su antecesor en el cargo, Luis de la Barreda Moreno, por los delitos de “privación ilegal de libertad, secuestro y homicidio” del estudiante de izquierda Jesús Piedra Ibarra en abril de 1975, han abierto “la caja de Pandora” de los abusos cometidos.

Las órdenes de detención contra Nazar Haro y De la Barreda (este último en paradero desconocido) fueron consecuencia de un histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, que en noviembre pasado declaró imprescriptible la desaparición de Piedra Ibarra y abrió la posibilidad de que casos similares sean juzgados y sus responsables perseguidos.

La Fiscalía no descarta incluso pedir la detención del ex presidente Luis Echeverría (1970-76), quien el año pasado compareció tres veces ante el Ministerio Público para declarar en relación con las matanzas de estudiantes de Tlatelolco (1968) y Jueves de Corpus (1971).

“Gane quien gane, no podrán cerrar los archivos, la información está libre y circula. Una vez abierta la Caja de Pandora hay que dejar que salga todo y nos quede esperanza para que no vuelva a pasar”, manifestaron a EFE fuentes de la institución.

Pero los detalles de la represión comenzaron a conocerse un poco antes, durante el Consejo de Guerra que se les siguió en octubre de 2002 por narcotráfico a los generales Arturo Acosta y Francisco Quiroz, quienes encabezaron el grupo paramilitar “Brigada Blanca”, que actuó contra los comunistas.

Estos militares están acusados del “homicidio calificado” de 143 opositores en los setenta. Durante ese juicio admitieron su participación en ese grupo anti-subversivo, cuya misión era “desmembrar a los grupos armados clandestinos” en el Estado de Guerrero y reprimir a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Según documentos del Archivo General de la Nación, la “Brigada Blanca” fue encabezada por el general Arturo Acosta y conformada por alrededor de 300 agentes de distintas corporaciones policiales.

La brigada operó entre 1972 y 1979, aproximadamente, y en ella había elementos del Segundo Batallón de Granaderos, del Primero y Segundo Batallón de la Policía Militar, de la Policía Judicial del Estado de México, de la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia, de la Policía Judicial del Distrito Federal, de la Policía Judicial Federal Militar y de la Dirección Federal de Seguridad.

La “Brigada Blanca” y el Ejército están estrechamente ligados a la desaparición del líder guerrillero Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres, en diciembre de 1974.

De hecho, la Fiscalía posee un documento firmado por el entonces ministro de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, dirigido al presidente Luis Echeverría anunciándole el inicio del “Plan Telaraña”, para exterminar a Cabañas y sus seguidores.

Los restos de Cabañas fueron encontrados en una fosa del municipio de Atoyac de Álvarez (en el sureño y empobrecido Estado de Guerrero) e identificados a mediados de 2002, para ser nuevamente enterrado, esta vez en una tumba con su nombre, exactamente 28 años después de su muerte.

En Guerrero, cuna de varias guerrillas, y en la ciudad de Culiacán (en el Estado occidental de Sinaloa) se concentra el mayor número de desaparecidos, ya que fueron los lugares donde más se cebó la represión.

El titular de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo, considera que el número de personas que fueron detenidas y cuyo paradero todavía se desconoce puede ascender a 1,500, a pesar de que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sobrepasan los 275.

UNA FOSA COMÚN

Oficialmente se conoce sólo una fosa común, en el Panteón de Las Cruces, en Acapulco (Guerrero), aunque algunas versiones de sobrevivientes y testigos señalan que hay más en Atoyac (Guerrero), en la zona hotelera de Acapulco denominada Punta Diamante y en Culiacán (Sinaloa).

De hecho, es en estos dos últimos lugares donde expertos argentinos (antropólogos y forenses) debían iniciar excavaciones en abril de este año en busca de restos de desaparecidos, adelantó el fiscal Carrillo.

De acuerdo con un documento enviado en junio de 1974 por un agente al entonces director federal de Seguridad, Luis de la Barreda, un “comando clandestino”, al que la prensa bautizó como “Grupo Sangre”, integrado por “policías retirados o militares”, estaba matando “personas conectadas con los comandos de Lucio Cabañas” en Acapulco.

“Se han venido descubriendo cadáveres de personas no identificadas en diferentes sitios, tanto de esta ciudad como de lugares vecinos, los cuales presentan señas de tortura, impacto de proyectiles, y desfiguración del rostro y parte del cuerpo ocasionada por quemaduras”, señala el oficio.

Muchos de los cuerpos, según la información, fueron enterrados en el citado Panteón Las Cruces, en Acapulco.

El memorando prosigue indicando que estas personas fueron detenidas “por órdenes expresas del general de división Salvador Rangel Medina, comandante de la 27 Zona Militar con base en Acapulco”.

Tras ser detenidos, los miembros de los comandos de Lucio Cabañas eran “obligados a decir la información que tienen respecto a los grupos y movimientos” del guerrillero, tras lo cual “les dan a tomar gasolina prendiéndoles fuego y abandonándolos en lugares solitarios donde aparecen desfigurados por los efectos del fuego, independientemente de dispararles sus balazos”.

Nazar Haro, preso desde febrero en el penal de Topo Chico, en Monterrey (en el norteño Estado de Nuevo León), fue una de las figuras más visibles en la represión, a pesar de que estuvo a cargo de la Dirección Federal de Seguridad al final de la “guerra sucia”.

La explicación es que “muchos de los denunciantes han señalado que directa o personalmente él les torturó, lo que no es el caso de De la Barreda”, puntualizó la investigadora Ángeles Magdaleno, responsable de la reconstrucción histórica de la represión para la Fiscalía Especial.

A pesar de los horrores de la represión, en 1980 Nazar Haro fue premiado y, “por acuerdo presidencial” del entonces gobernante José López Portillo (1976-82), fue nombrado teniente coronel del Servicio de Justicia Militar, tras lo cual su carrera siguió en ascenso.

La Dirección Federal de Seguridad, algunos de cuyos miembros fueron parte de la “Brigada Blanca” (ya han sido identificados unos 43), surgió en 1947. De hecho, existe un documento firmado por el Ministerio de Hacienda que le asigna recursos económicos en concepto de “partida extraordinaria”, que son gastos que no están sujetos a auditoría ni comprobación alguna.

Pero el documento oficial que da cuenta de su creación “no está”, detallan fuentes de la Fiscalía, lo que hace presumir que fue un “dedazo” (decisión personal) del presidente Miguel Alemán (1946-52) que resultó eficaz, pero que la haría “ilegítima e inconstitucional”.

Por esa razón, según la investigadora Magdaleno, la Dirección Federal de Seguridad se reportaba directamente con el Presidente de la República y hay oficios que demuestran que todos los días el mandatario era informado por escrito de los nuevos acontecimientos.

VIOLENCIA DE IZQUIERDA

Las agresiones durante la “guerra sucia” no vinieron de un solo lado, pero legalmente la Fiscalía sólo puede investigar los crímenes cometidos por servidores públicos.

El “Grupo Enfermos” de la Liga Comunista, según datos del Archivo General de la Nación, asesinó a 95 policías y soldados entre enero de 1974 y junio de 1976.

Un informe de la Dirección Federal de Seguridad da cuenta del secuestro del policía judicial de Sinaloa, Jesús Zavala Rocha por parte de estudiantes en 1974.

Zavala fue “introducido al local que ocupa el Comité de Lucha de la Preparatoria Central, en donde (…) lo vejaron y golpearon”.

“Ramón Quintero le introdujo (al policía) por el recto un palo de escoba” y luego, con un “arma cortopunzante (…) le cortaron los muslos y diversas partes del cuerpo, después le engraparon la piel de la cara (…) y, finalmente, Enrique Nevárez Peña le (metió) tres disparos, Ramón Quintero cuatro e Inés Navarro Fierro, dos, siendo este último el que le dio el tiro de gracia en la cabeza”.

Otros grupos de izquierda también secuestraron y asesinaron a empresarios, como el jalisciense Ignacio Aranguren y el regiomontano Eugenio Garza Sada, entonces cabeza del Grupo Monterrey.

REPRESIÓN “DESORDENADA”

La represión de Estado, aunque sistemática fue desordenada, según la Fiscalía. La “inteligencia” fue bastante básica y los códigos y mensajes encriptados era fácilmente descifrables, especialmente los que emplearon para localizar campamentos de la guerrilla en Guerrero.

Tampoco usaron mapas militares, sino una simple carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que identifica con la coordenada “LQ” a Atoyac de Álvarez.

Un documento del Ministerio de la Defensa Nacional identifica 41 campamentos guerrilleros (que camuflaba como “gavilleros”), 26 en las coordenadas LQ.

Otros documentos señalan que el Campo Militar Número Uno del Ejército, con base en Ciudad de México, sirvió de base de operaciones a la “Brigada Blanca”, pero no hay evidencias de centros de tortura o campos de concentración como los que existieron en las dictaduras del Cono Sur latinoamericano.

Además, según versiones de ex prisioneros y testigos, también fue utilizada para mantener detenidos, una base militar en la localidad de Pie de la Cuesta, en la zona costera de Guerrero, cerca de Acapulco.

En cambio, la heterogeneidad de los integrantes de estas agrupaciones, garantizó la disposición de instalaciones de muchas corporaciones policiales y militares con ese fin.

Fruto, en parte, de esta historia oculta durante casi dos décadas, el régimen monolítico se mantuvo, aunque la apertura de espacios se tornó irreversible y en el año 2000 dio el triunfo al candidato del opositor Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox, quien acabó así con 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La posterior creación de la Fiscalía y la apertura de parte de los archivos de la época echaron a rodar una bola de nieve sobre la poco conocida represión en un país que mostró un rostro democrático cuando en América Latina proliferaban las dictaduras.

LA MASACRE DE TLATELOLCO

La Dirección Federal de Seguridad extendió sus actividades hasta 1984, tras lo cual se transformó en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Disen) y en 1986 en el actual Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Las actividades represivas de la “Brigada Blanca” fueron antecedidas por las de otro grupo paramilitar: “Los Halcones”, que entre 1966 y 1971 cobijó a unos mil agentes armados y entrenados en técnicas de combate en Japón.

Este grupo represivo fue fundado y encabezado por el entonces coronel Manuel Díaz Escobar, hoy un general de división de 82 años, enfermo y hospitalizado.

El “estreno oficial” de “Los Halcones” fue la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, en la que según datos oficiales murieron 37 personas, pero según cálculos de organizaciones de derechos humanos perecieron unas 300 personas.

Hay datos que vinculan a este grupo con la represión del movimiento médico entre 1964 y 1966, ya que el patrón seguido fue muy similar al de la matanza de Tlatelolco.

“Los Halcones” fue un grupo instrumentado y financiado por el Departamento del Distrito Federal en la época del regente Alfonso Corona del Rosal, por medio de Díaz Escobar, quien aun siendo militar ejerció el cargo civil de subdirector de Servicios Generales del Distrito Federal.

“Los Halcones” apostaron francotiradores en los edificios cercanos a la Plaza de Tlatelolco y abrieron fuego contra la multitud que se concentró allí el 2 de octubre de 1968, incluyendo los soldados del Batallón Olimpia del Ejército, que participaban en el operativo.

El ministro de Gobernación era entonces Luis Echeverría, quien dos años más tarde asumió la Presidencia de México y la estrenó con una nueva masacre, la del “Jueves de Corpus”, el 10 de junio de 1971.

Tras este nuevo acto represivo, en el que murieron 17 jóvenes, el grupo se hizo demasiado visible ante la opinión pública, por lo que Díaz Escobar fue trasladado como agregado militar a Chile y el organismo paramilitar fue disuelto.

El grueso de los generales del inicio de la “guerra sucia” se forjó en la revolución (“se habían hecho en combate”) y un ejemplo es el entonces ministro de Defensa, Marcelino García Barragán, nombrado en el cargo por el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

Sin embargo, el testimonio de García Barragán apunta hacia la participación del Estado Mayor Presidencial en la masacre de Tlatelolco.

LA GÉNESIS DE LA REPRESIÓN

Aunque la guerrilla y algunas facciones de la Liga Comunista fueron violentas, el movimiento estudiantil no lo fue, por lo que es difícil explicar el surgimiento de un aparato represivo ya desde los años sesenta.

México, con un régimen más cercano a la izquierda, no enfrentó el surgimiento de un movimiento militar con pretensiones de poder como otros países de la región a fines de los sesenta y comienzos de los setenta.

Según historiadores y documentalistas, la represión surgió por la suma de varios factores, como la aparición de una disidencia más fuerte a partir de los años cincuenta con el movimiento ferrocarrilero, la efervescencia universitaria tras la Revolución Cubana y el impacto de la Guerra Fría en el continente, que sirvió de excusa para acabar con la oposición de un plumazo y mantener el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

LUCES SOBRE EL PASADO

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en enero de 2002, tiene el mandato presidencial de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre fines de los años sesenta y comienzos de los ochenta, una etapa que se conoce como “la guerra sucia”. Sobre estas casi dos décadas existe todavía un velo de secretismo e impunidad, ya que muchos de los responsables de los abusos siguen en activo en diversas corporaciones policiales o armadas, según información que posee la Fiscalía.

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