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La obligación de informar
En su edición del domingo 16 de mayo corriente LA PRENSA publicó un amplio reportaje sobre el contenido y las proyecciones del anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que aún está pendiente de dictamen en la Asamblea Nacional. Dicho reportaje se basó en un debate sobre ese tema que se celebró la semana pasada bajo los auspicios de la Fundación Violeta Chamorro, de Nicaragua y el Centro Carter, de Estados Unidos de Norteamérica.
También la semana pasada, en Washington D.C., Estados Unidos, se efectuó la Cumbre Hemisférica de los Congresos Nacionales de las Américas sobre la libertad de prensa, cuyo punto principal de agenda fue precisamente el referido a la legislación de acceso a la información pública en los diversos países de América y el Caribe. Este cónclave lo organizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y por Nicaragua participaron el presidente de la Asamblea Nacional y un representante de LA PRENSA.
El acceso a la información sobre los asuntos de interés público es un derecho de los ciudadanos en todas partes donde se respetan los derechos humanos y se garantiza el ejercicio de las libertades democráticas, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, cuyos textos están incorporados a la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Además, nuestra Constitución no sólo garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener información “de toda índole”, incluyendo la de carácter público, como se señala en las convenciones internacionales de derechos humanos, sino que en su artículo 131 establece la obligación de todos los funcionarios públicos de informar a la población sobre el desempeño de las atribuciones y actividades que son propias de sus cargos.
Sin embargo hasta ahora no se ha aprobado una ley de acceso a la información pública que reglamente y garantice el ejercicio de ese derecho constitucional, aunque por lo menos el proyecto ya fue presentado por diputados de la bancada parlamentaria del FSLN, en la legislatura del año pasado.
A juzgar por el reportaje de LA PRENSA publicado el domingo recién pasado (Acceso a la información pública en la antesala legislativa), periodistas, diputados, voceros gubernamentales y representantes del Centro Carter coincidieron en reconocer que el derecho a la información de los asuntos de interés público pertenece a todos los ciudadanos, no sólo a los operadores de medios de comunicación; y valoraron como muy bueno el contenido del anteproyecto que está en trámite en la Asamblea Nacional, al que según ellos sólo hay que hacerle algunos ajustes.
El jefe de la bancada del PLC advirtió, sin embargo, que la Ley de Acceso a la Información Pública no debe violar “los derechos individuales de la persona a la privacidad”, un punto que se planteó y discutió intensamente en la Cumbre de Washington (pues es preocupación general de los políticos que su conducta personal no se ventile en los medios de comunicación), en la que se aclaró que no tiene sentido buscar contradicciones entre el acceso a la información de carácter público y el derecho a la privacidad de las personas, pues de lo que se trata es de informar y conocer lo que es público, no la vida personal de los funcionarios, salvo lo que es de justificado interés nacional, como por ejemplo por qué un funcionario que gana cuatro mil dólares al mes vive como si devengara veinte mil. Además, los políticos en general y particularmente los funcionarios estatales, deben saber que al asumir una función pública pagada por la población, su privacidad se recorta de manera inevitable. O sea que sus actividades e inclusive algunos aspectos de su conducta personal se convierten en asuntos de interés público.
Finalmente en la Cumbre de Washington se señaló que las leyes de acceso a la información pública deben incluir el derecho de los ciudadanos a conocer el patrimonio de los partidos políticos y cómo gastan el financiamiento estatal de sus campañas electorales. Así como la obligación de informar a los ciudadanos, por parte de las personas particulares que operan con fondos públicos para cualquier propósito y en la cantidad que sea.