Raúl Isaac Suárez*
Roman, Times, serif»>Opinión económica
Más sobre los exiliados económicos
Raúl Isaac Suárez*
“Los Exiliados Económicos”” era el título del artículo de portada del Suplemento Negocios y Economía, del pasado 14 de abril. Me sentí enormemente impactado por la crudeza y el realismo de su introducción. En ella los autores, Gabriel Sánchez y Mario Moncada retrataron con exactitud milimétrica la situación de muchos profesionales que egresan de las aulas de clases de nuestras universidades.
Los datos presentados en el artículo podrían deprimir al más ilusionado de los estudiantes universitarios de hoy en día. La cantidad de nicaragüenses que han emigrado en busca de un empleo o mejores condiciones de vida es para sorprenderse. 800 mil nicaragüenses han emigrado hacia el extranjero, principalmente Costa Rica y Estados Unidos. No obstante esta alarmante cifra se podría comprender e inclusive justificar para aquéllos que salieron en la década de los ochenta porque escapaban de un régimen político hostil a ellos o porque huían del servicio militar obligatorio. Pero resulta difícil admitir que los que salieron a partir de la década de los noventa (que son la mayoría) lo hicieron por causas de desempleo. Muchos de estos eran jóvenes y la mayoría con títulos universitarios.
Si el lector le pregunta a la primera persona que se encuentre cerca, cuál es su opinión acerca del tema de las migraciones. Muy seguro ésta responderá que es un problema, que es malo y que afecta a la sociedad en general. No obstante la pregunta del millón es, ¿es éste un problema que queramos solucionar? O mejor dicho ¿es éste un problema que al Gobierno le interese o le convenga solucionar? Las políticas económicas y sociales de los gobiernos de la década de los noventa (y el Gobierno actual) han estado subordinadas a las “recomendaciones” (entre comillas porque son más bien condiciones) de los sabios asesores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Ninguno de los tres gobiernos de los noventa para acá se han atrevido a ignorarlas o no obedecerlas, puesto que enormes sumas de dinero están de por medio en carácter de ayuda externa.
Estas políticas se han dirigido principalmente a mantener la más baja tasa de inflación que sea posible. De hecho esta es la principal misión que se les fue encomendada a estas instituciones desde su creación en 1946 en Bretton Woods. Se escogió la inflación como objetivo porque fue el más notable perjuicio que dejó la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque muchos países de la contienda utilizaron la inflación para financiar la guerra.
O sea, utilizaron la maquinita para imprimir billetes y costear la guerra. Sin embargo al aumentar la oferta monetaria redujeron el poder adquisitivo de sus monedas y fomentaron la inflación de los precios. Sumémosle a esto el hecho de que la otra misión no oficial del FMI y el BM es la de arar el terreno para que la inversión extranjera plante su semilla en el país. A los inversionistas extranjeros no les interesa tanto el desempleo como la inflación.
Sin embargo, uno de los principios de la ciencia de la economía establece que hay una relación inversa entre las variables desempleo e inflación. Es decir que, bajo ciertas circunstancias, altas tasas de inflación significa bajas tasas de desempleo y altas tasas de desempleo significa bajas tasas de inflación. Cada sociedad debe decidir y escoger un balance entre estas dos variables para mantener un crecimiento económico estable y equilibrado. No obstante las políticas que se han venido implementando están dirigidas meramente a reducir la inflación. A costas de altas tasas de desempleo. Confirmación de esto es la nueva política del Banco Central que planea reducir el deslizamiento cambiario de la moneda al cinco por ciento anual con objetivo de disminuir la inflación.
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anualmente ingresan a la Población Económicamente Activa (PEA) 90,000 jóvenes y muchos de ellos con títulos universitarios. El total de la PEA este año será de 2.2 millones de personas de las cuales 600 mil estarán en el desempleo. Muchos de ellos jóvenes sin experiencia laboral y recién graduados de la universidad. A éstos sólo les queda una opción: emigrar.
El lector se estará preguntando, ¿por qué al Gobierno no le convendría poner mayor atención a este problema? La respuesta es muy sencilla y obvia si se reflexiona un poco: remesas familiares. Las remesas familiares representan casi el 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua. Y en el 2003 las remesas familiares totalizaron US$788 millones. Dinero con el cual se ayuda a financiar el enorme déficit fiscal del Gobierno y ayuda a mantener un poco la subsistencia del nicaragüense y así disminuir el fuerte golpe del desempleo. En otras palabras, parte de los desempleados nacionales son mantenidos por los emigrantes por medio de remesas familiares, liberando así al Gobierno de esta enorme carga.
Ahora bien, los economistas clásicos al igual que los monetaristas (y los partidarios del modelo neoliberal en la actualidad) pensaban que el desempleo era como cualquier otro producto en un mercado (el laboral en este caso) que se ajustaría automáticamente por la ley de la oferta y la demanda y la “mano invisible” del mercado hasta alcanzar el equilibrio. Luego John Maynard Keynes (el padre de la macroeconomía moderna) afirmó que el desempleo no se ajustaba automáticamente y requería de intervención gubernamental. Dentro de este marco surge la otra causa que, a mi entender, es culpable del alto nivel de desempleo. Sencillamente, la oferta de mano de obra profesional es mayor que la demanda de la misma. Y el mercado no ha logrado ajustar este desequilibrio automáticamente en los diez años que van desde que doña Violeta Barrios de Chamorro asumió la Presidencia. Esto probablemente es causa de la aparición de muchas nuevas universidades y el deterioro de la calidad de los nuevos profesionales.
Muy recientemente hubo un intento en la Asamblea Nacional de intervenir directamente en el mercado laboral. Cuando se presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, suspendería la oferta de las carreras universitarias más demandadas (administración, derecho y contabilidad) por cinco años para equilibrar la oferta con la demanda. El problema es que este proyecto violaba muchos de los artículos de la Constitución Política y más específicamente la Ley de Autonomía universitaria. Sería muy difícil para el Gobierno actual intervenir directamente tanto en la oferta como en la demanda del mercado laboral, porque esto iría en contra de las consignas de libre mercado y libre competencia que con tanto orgullo ostenta.
La solución factible sería que el Gobierno interviniera indirectamente en el mercado laboral. Es decir, cambiando sus políticas y buscando maneras para reducir el déficit fiscal y reducir de paso la dependencia de la cooperación externa. Esto podría hacerse reduciendo el enorme aparato burocrático del Gobierno y reduciendo gastos innecesarios. Al mismo tiempo modificando los salarios mínimos entre las profesiones y estimular así a las carreras menos demandadas como aquellas relacionadas a la agricultura. Aclaro que éstas son solamente sugerencias personales. Pero es menester hacer algo pronto, de lo contrario se seguirá repitiendo la historia con la que empezaba el artículo del miércoles pasado: una joven en el asiento de la clase económica de un avión 727, con sus sueños de universitaria frustrados, emigrando al extranjero, en busca de un empleo.
* El autor es estudiante de economía, UNAN-Managua