Roman, Times, serif»>Editorial
El delito como derecho
De la muerte del oficial de Policía Róger Rodríguez, a consecuencia del morterazo que sufrió durante los disturbios universitarios del lunes de esta semana, en Jinotepe, hay que culpar sin ninguna vacilación no sólo al asesino material, o sea el que disparó el mortal artefacto, sino también a los dirigentes estudiantiles, a las autoridades universitarias que promueven esas acciones y al partido sandinista que las azuza.
Los apologistas de la violencia como siempre culpan al Gobierno porque no le da al CNU el 6 por ciento del Presupuesto como lo piden los universitarios; y culpan también a la misma Policía porque “reprime” las protestas estudiantiles.
Pero en este caso el problema no radica en si los universitarios tienen o no derecho a protestar en las calles por la interpretación que hace el Gobierno del 6 por ciento del Presupuesto que les corresponde a las universidades financiadas por el Estado, por disposición constitucional. Los estudiantes y cualquier otra persona o asociación tienen derecho a demandar lo que quieran y a respaldar sus demandas con manifestaciones públicas, pero hacerlo de acuerdo con lo que mandan la Constitución y la ley.
Quienes llevan armas a una manifestación callejera tienen la intención de usarlas y van dispuestos a lesionar, e inclusive a matar; sobre todo a policías que tienen la obligación de salvaguardar el orden público, de garantizar el derecho de las demás personas a la libre circulación y a la seguridad en sus lugares de trabajo y residencia, de asegurar el desenvolvimiento normal de las actividades empresariales y laborales. Y por lo tanto es obligación de la Policía dispersar a quienes obstaculizan de cualquier manera el libre tránsito, de personas y vehículos, y a los que siembran el terror en los lugares que se toman por medio de la fuerza bruta.
En el cumplimiento de su deber muchos policías han sido asesinados, o fueron lesionados de distinta forma y gravedad. Sólo en el enfrentamiento de la recurrente violencia universitaria la Policía Nacional ha sufrido muchas bajas, aunque la muerte del oficial Róger Rodríguez es la primera de carácter mortal.
La vida de este agente del orden es irrecuperable, pero las autoridades deben procurar que su muerte sea la única y la última que causen los ataques criminales de los morteristas universitarios que lamentablemente no entienden de razones. A ellos les han inoculado el veneno de la mentalidad totalitaria y consideran que son los únicos que tienen derecho, y que todos los demás nicaragüenses deben apoyarlos o someterse a su voluntad. Para ellos el derecho a manifestarse públicamente presupone el uso de la violencia y el vandalismo contra personas y edificios públicos y privados. Y tampoco les importa que la población honrada y pacífica los rechace.
Por su parte, las autoridades de la Nación no deben seguir confundiendo la tolerancia y el afán de diálogo, que son propios del sistema de gobierno democrático, con la pasividad ante los desmanes de los morteristas universitarios y con la tolerancia de las agresiones contra el orden público, la paz social, la seguridad de los negocios y la vida de las personas.
¿Hasta cuándo el país seguirá viviendo en la zozobra que causan los grupos violentos, que son tanto más agresivos cuanto saben que no sólo la población sino que las mismas autoridades les tienen miedo, y gozan por lo tanto de una virtual impunidad?
El Estado, y por lo tanto el Ministerio de Gobernación y la Policía, tienen la obligación de perseguir y llevar ante la justicia a quienes han hecho del delito un derecho, así como garantizar que todos los nicaragüenses puedan transitar libremente por donde quieran, y trabajar, entretenerse y vivir con tranquilidad.
Aunque parezca una frase de lugar común, debemos decir que ante la muerte violenta del oficial de Policía Róger Rodríguez, causada por un morterazo criminal, los dirigentes universitarios deben reflexionar que no tienen derecho a usar la violencia contra los demás, por muy justas y correctas que sean o que consideren que son sus demandas.
Y a las autoridades gubernamentales les pedimos que comiencen a castigar, por fin, con toda la severidad de la ley y la justicia, a los morteristas asesinos y a sus instigadores intelectuales y políticos.