Roman, Times, serif»>
Atrapados pero con salida
Algunos analistas señalan que los medios de comunicación han sobredimensionado los últimos acontecimientos políticos del país, al presentar como crisis de gobernabilidad lo que sólo es una discrepancia entre funcionarios superiores de los poderes del Estado.
En realidad, no son los medios los que han alarmado al país, sino los mismos funcionarios públicos que ventilan sus diferencias a gritos, con recriminaciones mutuas y amenazas recíprocas de destituciones y cárcel.
Lo único que han hecho los medios es reflejar la guerra verbal de los funcionarios públicos, porque es obligación de aquéllos informar sobre todo lo que acontece en el país y que se pueda incluir en los apretados tiempos y espacios de que disponen.
En realidad, lo que ha estado ocurriendo en el país últimamente —sobre todo algunos fallos judiciales descabellados y evidentemente sesgados a favor de determinados intereses espurios—, es preocupante e inclusive indignante. Pero tampoco es para asombrarse y menos para echarse a morir, a pesar del daño que le están haciendo a la moralidad pública y a la credibilidad ciudadana en las instituciones democráticas.
¿Acaso no se sabía que el pacto entre Arnoldo Alemán, del PLC, y Daniel Ortega por el FSLN, fue para repartirse los poderes del Estado y usarlos en su provecho personal y político en la forma y con el descaro con que lo han venido haciendo hasta ahora?
Sin embargo no hay manera de corregir esta vergonzosa situación, ya que el pacto fue institucionalizado con la reforma constitucional del año 2000, y porque los dos partidos pactistas tienen hasta 80 de los 91 diputados a la Asamblea Nacional, que es el único órgano de poder estatal que podría hacer un cambio institucional y legal de la situación. Es decir: sólo la Asamblea Nacional podría quitar a los magistrados judiciales y electorales, y poner en su lugar a profesionales independientes, íntegros y fieles al derecho. Pero eso es algo que no se puede esperar de los actuales diputados de las dos bancadas mayoritarias, que son los principales ejecutores institucionales del pacto Alemán-Ortega.
Por su parte el presidente Bolaños no tiene capacidad legal para impedir que los magistrados y jueces dicten fallos inverosímiles como los de Iniser, Beca, Parmalat y Fiallos, ni puede hacer nada para cambiar a los funcionarios judiciales corruptos e irresponsables. Y está bien que el Presidente no tenga esas facultades, porque en un Estado democrático los poderes públicos deben ser independientes el uno del otro.
Además, estamos seguros de que el presidente Bolaños ni siquiera ha pensado en usar la fuerza para destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sanear el Poder Judicial. Si no lo hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, a mediados de 2002, en ocasión de que la mayoría de los diputados incurrieron en desacato para proteger a Arnoldo Alemán —y por lo tanto era legítimo y legal implantar el Estado de Emergencia para imponer el respeto al orden constitucional—, mucho menos que lo quiera hacer ahora que no tiene ninguna justificación ni posibilidad legal para eso.
Algunos asesores han aconsejado al Presidente de la República que invoque la Carta Democrática Interamericana, de la OEA, cuyo artículo 17 dice que: “Cuando el gobierno de Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento o preservación de la institucionalidad democrática”.
Pero lo que está ocurriendo en Nicaragua no es esa situación que prevé la Carta Democrática Interamericana ni la OEA ha demostrado ninguna capacidad para defender la democracia de políticos corruptos y aventureros. Aquí lo que hay es una perversión de la institucionalidad democrática hecha en el marco de la Constitución y la ley.
Sólo una poderosa movilización popular podría forzar a la realización inmediata de los cambios que necesita imperiosamente el país. O persuadir a la mayoría de los ciudadanos que deben aprovechar las elecciones municipales de este año, y las nacionales del 2006, para darle paso a una alternativa política nueva y decente que permita recuperar el valor, el prestigio y la eficacia de la institucionalidad democrática.