Arlen Pérez
De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación debe denunciar los casos de acoso sexual a las autoridades judiciales, pero este año las denuncias realizadas por esta institución son menos que las recibidas por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.
“Nosotros no acusamos directamente porque se encarga el Consejo Directivo de cada colegios, pero este año han habido, cinco o seis casos”, señaló Silvio De Franco, ministro de Educación.
Aunque De Franco asegura que los casos de acoso son pocos, la investigación sobre niñez y juventud en riesgo presentada por este ministerio manifiesta que cuatro de cada 100 niños son abusados sexualmente.
“En estos cinco años hemos recibido decenas de denuncias en contra de maestros, de directores de escuelas y personal que trabaja como inspectores y supervisores”, aseguró el procurador de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López.
FALTAN DENUNCIAS
Manifestó que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), ha venido avanzando al imponer castigos más severos a los maestros que cometen acoso sexual con los estudiantes, pero aún es necesario que el ministerio denuncie los casos ante las autoridades correspondientes.
“En un inicio el MECD los cambiaba de turno (a los maestros), con la presión de la Procuraduría los cambiaba de escuela, luego de municipio y lo último, que nosotros celebramos, es que los ha estado despidiendo”, aseguró López.
Sin embargo el procurador de la Niñez consideró que aún hace falta que el MECD ponga las denuncias y remita los casos a las autoridades judiciales.
López considera que el ministerio debe denunciar además los acosos sexuales que los estudiantes sufren en sus hogares, por lo que debe capacitar a los maestros para que reconozcan los síntomas de los alumnos que están pasando por estas situaciones.
El procurador de la Niñez dijo además que no solamente el MECD debe denunciar los acosos, sino todo aquel que use la autoridad para aprovecharse de los niños y adolescentes.
López puso el ejemplo de los miembros de la Policía, que muchas veces realizan bajas deshonrosas, pero no denuncias o de los jueces a los que se les practica sanciones administrativas.