Mario Alfaro Alvarado*
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Indefenso ante la corrupción
Mario Alfaro Alvarado*
Algunas personas afirman que don Enrique Bolaños es un presidente débil. ¡Cierto! Su debilidad radica en su apego a la Constitución y a las leyes, en su respeto a los otros poderes del Estado, en su preocupación por la institucionalidad. Esta debilidad se ha convertido en indefensión ante la agresividad maniática de sus adversarios políticos, que le han declarado la guerra por querer reducir la acción deletérea de la corrupción. Hay que abatir a quien promueve la honestidad: ésta es la consigna de los partidos pactistas.
La Constitución que el primer mandatario respeta está contaminada de totalitarismo caudillismo. Es muy fácil reformarla para utilizarla. Así lo hicieron los Somoza varias veces y la reformaron también los caciques pactistas para repartirse los poderes del Estado.
Después de 72 años en el poder, el Partido Liberal ha perfeccionado un cuerpo de leyes bien meditadas para mantenerse en él, para disponer sin riesgo alguno del botín del Estado a fin de conciencias, para sobornar y regalar y para enriquecerse fácilmente.
Frente a esta sustentación justificadora de la corrupción cualquier presidente es débil, porque la Constitución, las leyes, los diputados, los magistrados y los jueces están plenamente comprometidos para hacer fracasar la gestión del gobernante.
¿Qué pasaría si don Enrique renunciara a la Presidencia? Eso es lo que ellos quieren. Hay que preguntarles a esos adversarios: ¿para qué quieren sacarlo del poder? ¿cómo se lo repartirían entre liberales arnoldistas y sandinistas orteguistas?
Dice el artículo 6 de la Constitución: “Nicaragua es un Estado independiente, libre, unitario e indivisible”. Resulta muy dudosa la unidad del Estado y su indivisibilidad, cuando cada poder que lo integra ha instalado tienda aparte bajo el dominio absoluto de dos caudillos coaligados, que ejercen de hecho una dictadura a través de funcionarios incondicionales escogidos al dedo.
No es sólo a don Enrique como Presidente a quien los partidarios de la corrupción le han declarado la guerra. La declaratoria de hostilidades alcanza a los empresarios, a los banqueros, a los productores del agro, a los industriales, a los gremios profesionales, a los sindicatos democráticos, a las organizaciones civiles. Nadie queda fuera de esta contienda en que se baten a muerte la corrupción y la honestidad.
El esquema de Montesquieu ha sido pisoteado por el autoritarismo y la corrupción, por el caudillismo y el reeleccionismo. Cada cacique ha tomado su parte del Estado, le ha impuesto su voluntad y lo usan para favorecer sus propios intereses políticos. Hablar de armonía entre los poderes del Estado y de diálogo es pura demagogia, pura pirotecnia populista. Los cabecillas quieren poder, no quieren armonía ni quieren diálogo.
La declaratoria de guerra se ceba principalmente y en última instancia en el pueblo silencioso, el pueblo sin representación, porque votó por gente desconocida escogida con el dedo. Y de allí nació el llamado primer poder del Estado. Un poder sin el apoyo y la aprobación populares y, por tanto, falto de legitimidad. Y ya se sabe que sin legitimidad no puede existir el Estado de Derecho.
¿Y cómo puede haber derecho si no hay justicia? La justicia corrompida por la politiquería retroalimenta a la corrupción porque sirve a intereses espurios y abandona a quienes necesitan que una autoridad acreditada dirima los conflictos legales entre las partes en litis.
Los dirigentes políticos demagogos y populistas tienen su propia interpretación de justicia, de la justicia política que ellos han diseñado y perfeccionado para servirse de ella.
Donde asienta sus reales la justicia política, como es el caso de Nicaragua, no valen ante los jueces y los tribunales los recursos de amparo, las apelaciones y demás providencias establecidas en las leyes, cuando hay que enviar a la cárcel, con acusaciones amañadas, a un candidato a alcalde para defender el monopolio electoral establecido por los cabecillas pactistas.
Este panorama es parte del proceso de desintegración que afecta a los partidos políticos por propiciar el desorden, la deshonestidad y la impunidad que ya han invadido las vértebras más importantes de la estructura del Estado y por ende amenazan a toda la sociedad nicaragüense.
* El autor es periodista