María Alejandra Lacayo Arana*
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Un sistema político que se resiste a cambiar
María Alejandra Lacayo Arana*
La crisis del Poder Legislativo en Nicaragua es frecuente tema de conversación entre los distintos gremios de nuestra sociedad. La cuestión preocupa no sólo a los que dependemos de manera directa de la jerarquía de la justicia para ganarnos el pan de cada día. Hay demasiada gente perjudicada y muchos son los presuntos implicados que no se pueden señalar sin cierto grado de responsabilidad, pues arrepentidos o no, los ciudadanos los eligieron.
En Nicaragua algunos conceptos, técnicas, principios y tradiciones jurídicas tardarán en llegar y aún más en consolidarse, y no tanto por la inferioridad científica del derecho nicaragüense como por el considerable atraso contextual respecto a los países del entorno que supone para el país una gran dificultad para incorporarse a ciertos procesos.
Además, hay que tomar en cuenta la alarmante dependencia que sufren nuestros sistemas de control estatal con respecto a las ideologías políticas. Y para rematar con broche de oro: la ineptitud profesional de los personajes involucrados. Estos factores justifican de alguna manera la situación.
n fenómeno social muy evidente es el constante cambio tecnológico y científico que sufre la sociedad mundial. Cada día aparecen hechos extraños a las costumbres nacionales, surgen nuevas necesidades y que aunque no sean básicas son indispensables para convivir y existir en el mundo actual. Estos hechos tienen que ser considerados por el derecho, regulados por las leyes, incorporados a la jerarquía kelseniana en todos sus peldaños. El derecho es la costumbre que pasa por los filtros de los órganos estatales encargados de crear los cuerpos de ley; el hecho social es la ley en su esencia pura, antes de ser pulida.
Parece que en Nicaragua el hecho no quiere ser ley y la ley no quiere adaptarse a los nuevos hechos. Se resiste a cambiar, a renovarse, a cuadrar dentro de la realidad que debe proteger. Existe una necesidad de protección jurídica, una demanda urgente de justicia que no es contestada por quienes tienen la obligación moral (más que profesional) de hacerlo. El Código Civil de Nicaragua (1904), por citar un ejemplo, ya parece agotar hasta el último recurso para corresponder a un contexto de tiempo y lugar al que no pertenece. Y es que para nadie es ajeno el hecho de que Nicaragua no es la misma de hace cien años, que nuestra forma de vida, pese al considerable atraso no tiene nada que ver con la de nuestros abuelos y bisabuelos. Y tampoco es desconocido que este cuerpo legal es casi una réplica del Código Civil español de 1889. ¡Magno esfuerzo hace el derecho común nicaragüense para armonizar en la Nicaragua del siglo XXI!
En derecho hay principios estables e irrenunciables que conforman la estructura fundamental del ordenamiento jurídico, sobreviven al tiempo y al espacio, pero las leyes, como únicas garantes del pacífico desenvolvimiento de las relaciones sociales nacen para cumplir un ciclo (se pretende que sea más largo que corto), y cuando ese ciclo acaba, deben perecer con él y nacer otras acordes a las necesidades de la época.
Nuestra ingeniería jurídica es muy escasa, nadie se atreve a legislar para hoy, nadie quiere tomarse la molestia de crear leyes sensatas. Cada vez que la Asamblea Nacional aprueba una ley aprueba cualquier cosa que se debe reformar la siguiente semana porque descubren que no encaja, y la legislatura se va entre remedos de leyes que, además, responden exclusivamente a intereses de un determinado sector económico, o político, o social. Disfrazan su trabajo con reformas de pacotilla a tres artículos del código o hacen una “ley desván” que no sirve más que para ensanchar el Diario Oficial y monopolizar el polvo en nuestras bibliotecas.
Es preocupante la situación, vista desde cualquier perspectiva que tenga por principio y fin el desarrollo del país. Esta percepción es extensiva a las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico en su totalidad, y por supuesto a los encargados de su gestación y nacimiento. El único aliento que queda y que no puede pasar desapercibido es que habrá uno que otro diputado anónimo luchando desde su débil posición por el cambio y que merece respeto. Así estamos y así sobrevivimos: mientras unos duermen otros soñamos.
* La autora es abogada y estudiante de derecho privado en la Universidad de Salamanca, España