Luis Humberto Guzmán
Hoy dos de septiembre se cumple una década de la promulgación del Código Militar. Este evento representa un mojón en la vida política de Nicaragua. Durante el siglo XIX y casi todo el XX, Nicaragua contó con grupos armados privados y discontinuos. Eran privados porque servían intereses individuales, familiares o partidistas y su funcionamiento era irregular. Los cuerpos armados más recientes fueron la Guardia Nacional y el Ejército Popular Sandinista.
La Guardia Nacional fue un cuerpo armado permanente, regular y de servicio familiar, sirvió a la familia Somoza, sus intereses siempre se subordinaron a los de esta familia. La Guardia Nacional fue un instrumento usado por la familia Somoza para prevalecer sobre sus competidores políticos. El Ejército Popular Sandinista también fue un cuerpo armado, regular, permanente y de servicio partidista, sirvió a un partido al cual se subordinó por completo.
El Código Militar fue aprobado a expensas de un agitado y polarizado debate nacional. Los medios de comunicación social se distribuyeron en bandos favorables y opuestos a la aprobación del código, incluso una radiodifusora leyó repetidamente los nombres de los diputados partidarios del Código llamándolos traidores a la Patria y prácticamente incitando a la población al linchamiento de estas personas.
Los opositores al Código no proponían una legislación alternativa, sino que llamaban a la disolución del Ejército. Esta actitud no era novedosa, realmente se había manifestado durante el cambio de gobierno en 1990 cuando habían propuesto junto con el Gobierno de Estados Unidos la separación inmediata del general Humberto Ortega de la Jefatura del Ejército.
La presidenta Chamorro resistió las presiones del Gobierno de Estados Unidos y de sectores radicales de la UNO, no sólo con valentía sino fundamentalmente apegada a un proceso inteligente. Era más fácil negociar con un general que con doce coroneles. Por lo demás, los costos de la reducción del número de efectivos y presupuestaria del Ejército debía correr a cargo de su jefe fundador, es decir, el general Ortega.
Otros sectores menos radicales que la UNO argumentaban que la promulgación del Código Militar, la despartidarización y el pase a retiro de Humberto Ortega serían puras operaciones cosméticas, que el Código no se cumpliría, que la oficialidad del Ejército continuaría subordinada al Frente Sandinista y el general Ortega continuaría siendo el verdadero Jefe de las Fuerzas Armadas detrás de cualquier jefe nominal.
Diez años después se puede advertir que tanto los sectores radicales como escépticos estuvieron equivocados. El Ejército se ha convertido, por primera vez en la historia de Nicaragua, en un Ejército de servicio nacional distante de cualquier partidarismo. El Código Militar ha tenido la excepcional virtud de ser una ley que se cumple, esto quiere decir que el funcionamiento de las Fuerzas Armadas se ha institucionalizado, se sabe cómo se ingresa, cómo se asciende y cómo se pasa a retiro.
Igualmente importante es comprobar que nadie ha podido ser jefe del Ejército en la sombra, desde atrás o desde abajo. Ningún comandante en jefe nombrado por el Presidente de la República ha abdicado de sus atribuciones. Por el contrario, las han ejercido a plenitud y con apego a la Constitución y las leyes. Se puede decir que el Código Militar ha servido plenamente para institucionalizar el funcionamiento del Ejército.
Diez años después es un momento oportuno para revisar cuál es la agenda pendiente, qué hay que hacer ahora para avanzar en la institucionalización de las Fuerzas Armadas. El Ejército de Nicaragua ha desarrollado un fuerte instinto de sobrevivencia corporativa, gozando de un elevado grado de autonomía frente a la autoridad civil democráticamente electa, esto se expresa especialmente en una especie de monopolio sobre la política de seguridad nacional.
La agenda pendiente incluye, entre otros temas, la incorporación del Ministro de Defensa en la cadena de mandos, un debate público nacional sobre las políticas de seguridad de Nicaragua y el reconocimiento de que la inteligencia es una actividad intelectual y netamente civil. Esta agenda puede suponer la revisión del Código Militar para ajustarlo a la nueva realidad de Nicaragua diez años después de su nacimiento.
Es preciso insistir que ésta es una agenda que debe ser promovida fundamentalmente por los civiles, no es realista suponer que sea la propia oficialidad del Ejército la que renuncia por su propia cuenta y sin estímulos externos a su autonomía y a la protección de sus intereses corporativos.
Es gratificante comprobar que cualquier pretensión de que los militares intervinieran en la política doméstica, que actuaran como pretorianos, ha quedado superada. Los políticos uniformados no sólo tienen conciencia de sus propias limitaciones sino que también en ellos han calado los valores democráticos y han empezado a asumir la subordinación al poder civil como un asunto ético y profesional. Es el ocaso de los pretorianos.
El autor fue Presidente de la Asamblea Nacional.