Amparo Aguilera
El sector minero local agotará la vía administrativa en su intento por mantener las exoneraciones del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) que se cobra a los combustibles, y que según su interpretación están contempladas en el artículo 74 de la Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas (Ley 387).
Héctor Mairena, gerente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), adelantó que recurrirán al titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Mario Arana, para apelar por el mantenimiento de esa exención.
“Vamos a agotar esta vía. En estos días vamos a solicitar una reunión con el Ministro para plantearle la situación y si no se logra revertir (la suspensión temporal) entonces nos vamos a ir por el (recurso) de amparo judicial”, advirtió.
Al respecto Arana dijo que está anuente a recibirlos, sin embargo reiteró que les explicará que están en un proceso de revisión de la exoneración, porque ésta se encuentra fundamentada en un decreto presidencial y eso según las leyes nacionales ya no vale. Además recordó que tampoco la disposición está explícita en la misma ley.
“Nosotros ya recurrimos a Hacienda (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP) y hay puntos encontrados en lo que respecta a su interpretación (Ley 387)… entonces se decidió que la Procuraduría General de la República (PGR) haga una interpretación de la misma para hacer lo correcto”, enfatizó.
Arana indicó que tras que solicitaron la renuncia del anterior director de la Administración Nacional de Recursos Geológicos (Adgeo), solicitaron una auditoría de cara a una ordenación del área.
“Entonces se están revisando todas las exoneraciones que se le otorgan a las empresas mineras”, señaló.
“Aunque particularmente creo que este sector está aportando poco al gasto público, socialmente hablando, y me parece que se deberían suspender las exoneraciones (fiscales) que gozan porque trabajan con un recurso que es finito. Es decir que no es renovable”, puntualizó.
El Ministro tendrá un mes para emitir una resolución sobre el caso. De manera que en enero Caminic podría o no introducir el recurso de amparo contra el Gobierno.