- Dinero de los asegurados y pensionados podría ocuparse para fines partidarios, asegura experto
Roberto Pérez Solís
El dinero de los 300 mil asegurados y 100 mil pensionados nicaragüenses estaría siempre en peligro de desaparecer si los diputados, sandinistas y liberales, logran convertir al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en una Contraloría de la Seguridad Social.
Pero el peligro no termina aquí. Las reformas planteadas por los parlamentarios tampoco garantizan un desempeño eficiente del sistema de seguridad social, más bien, significaría un fracaso.
Ésta es la tesis de Manuel Ruiz, profesor universitario y especialista en Seguridad Social, quien ayer aseguró que para nadie es desconocido que el proyecto de reformas al INSS lleva “un fuerte contenido político”.
Los parlamentarios han expresado que el anteproyecto de ley eliminará la figura del INSS y creará una Contraloría de Seguridad Social, que velará por los servicios médicos de los trabajadores, la administración del dinero de sus cotizaciones, el uso de las pensiones de los jubilados y la fiscalización sistemática de los fondos del Seguro Social.
“Los diputados sólo están abordando los aspectos relacionados al consejo directivo y a la comisión fiscalizadora. Si se logra esto sería una reforma muy parcial que no llenaría las necesidades que requerimos los asegurados y los pensionados”, dijo Ruiz.
LAS RESERVAS DEL INSS DEBEN SER INTOCABLES
“Mientras el que esté al frente de esa comisión fiscalizadora sea designado por asuntos políticos, el dinero de los asegurados estará siempre en una situación de desventaja, desprotegido, podría ser usado para otros fines que no sean institucionales”, añadió.
Ruiz considera que las reformas al INSS tienen que ser integrales y sanas en los aspectos financieros y los relacionados a los derechos que poseen los pensionados y asegurados.
En el primer punto asegura que no debe existir un recargo económico más para la sociedad nicaragüense y por consiguiente ni para el país. Las reservas del INSS deben de mantenerse intocables.
Y en lo referente a los derechos de los asegurados indica que las reformas tienen que hacerse de manera integral, en las ramas de enfermedad-maternidad, invalidez y riesgos profesionales.
DETENER INTERVENCIÓN PARTIDARIA
De acuerdo al experto, cualquier reforma que se piense hacer tendría que estar encaminada a resguardar los fondos de los asegurados, algo que no parece que sea la intención de los parlamentarios sandinistas y liberales.
En todo caso dijo que los trabajadores, empleadores y pensionados, debidamente organizados, tendrían que ser quienes escogerían a la persona que se encargaría de cuidar los fondos del Seguro Social. El Parlamento —como ocurre en Panamá— sólo ratificaría dicha escogencia.
“No debe de prostituirse (el Seguro Social), la Asamblea Nacional no debe proponer. Debe dejar que sea la sociedad organizada la que proponga, así existiría una autonomía administrativa y política y no habría que obedecer a un mandato político”, concluyó.
HAY QUE PRONUNCIARSE
“Es el momento oportuno para que las organizaciones de empleadores, trabajadores y pensionados vayan a la Asamblea Nacional, hagan sus mociones y de esa manera se recoja el sentir de los verdaderos dueños del Seguro Social”, concluyó.