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El poder de los ciudadanos
El Premio Nobel de Literatura, José Saramago, durante una reciente visita que hizo a la República Argentina para participar en el III Congreso Mundial de la Lengua Española, dijo a un periódico de aquel país que a su juicio “una de las tantas carencias de la sociedad actual es la pobreza de la conciencia crítica de los ciudadanos”.
En términos generales se entiende que los ciudadanos tienen conciencia crítica cuando asumen la responsabilidad de informarse de manera apropiada, analizan los hechos que los afectan, sacan de sus reflexiones sobre la realidad conclusiones constructivas, expresan libremente sus opiniones y se asocian para hacer acciones comunes cuando lo estiman necesario. De esa manera los ciudadanos pueden advertir y conjurar a tiempo los peligros que amenazan su estabilidad espiritual, su tranquilidad social y la posibilidad de su progreso. O sea, lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua.
Se conoce que la condición de ciudadano como sujeto de libertad y derechos nació en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Sin embargo, como los modos de producción de aquellas sociedades se basaban en la esclavitud y costumbres patriarcales, de la ciudadanía quedaban excluidos los esclavos, las mujeres y los metecos (extranjeros).
Sólo después de la caída del antiguo régimen en Europa y del fin de la dominación colonial europea en América es que pudo florecer la ciudadanía plena, en la que todos los hombres y mujeres son libres e iguales jurídicamente. O sea que los seres humanos dejaron de ser vasallos y se convirtieron en dueños de sí mismos, soberanos de la nación, protagonistas de su vida personal y de la compartida, sujetos de derechos y obligaciones contraídas voluntariamente. Ciudadanos, en fin.
En realidad, para construir una vida auténticamente humana es indispensable que las personas sean ciudadanas. Y para eso la gente necesita tener libertad de conciencia y de expresión, derecho de informar y ser informados por cualquier medio, libertad de asociarse y movilizarse, y derecho de participación política. Estos elementos básicos son indispensables para poder practicar la democracia, y son los que dignifican las garantías de la “ciudadanía social”, como se les llama a los derechos económicos, sociales y culturales que ahora también forman parte del sistema democrático.
Por eso es que se dice que la democracia se basa en el autogobierno. Y por eso mismo, cuando se habla de un cuarto poder público —en el entendido de que el sistema democrático de gobierno se basa en la tripartición balanceada de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, este no se refiere en realidad a los medios de comunicación y a los periodistas, y mucho menos a una entidad burocrática encargada de organizar las elecciones, como el CSE de Nicaragua, sino a los ciudadanos, quienes además de elegir a sus gobernantes y representantes tienen la potestad y el deber de controlarlos desde abajo, inclusive mediante acciones directas cuando aquéllos incumplen sus obligaciones o abusan de los poderes que les han sido delegados.
Inclusive la Constitución Política de Nicaragua está impregnada de ese principio democrático universal al señalar, en su artículo 2, que: “El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse ese poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”.
Es importante y oportuno traer esto a colación ahora que un grupo de políticos corruptos y ensoberbecidos está desmantelando las instituciones orgánicas y conceptuales de la democracia, alterando el balance de los poderes públicos, menoscabando la libertad de prensa y repartiéndose el erario de la nación. Los ciudadanos no deben permanecer indiferentes ante esta situación. Tienen que alzarse en defensa propia y apoyar a quienes han asumido la responsabilidad de movilizarse en defensa de las instituciones y los valores democráticos, y demandan la celebración de un referendo a fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre las reformas constitucionales inconsultas y arbitrarias que están imponiendo los pactistas libero-sandinistas.