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La “Guerra de las Investiduras”
No es nuevo ni es sólo en Nicaragua que se plantean contradicciones entre la Iglesia Católica y los políticos gobernantes. Tal cosa ocurre a menudo, sobre todo en los países donde gran parte de la población profesa la religión católica y, por lo tanto, los líderes de la Iglesia constituyen un gran poder espiritual y ejercen una significativa influencia social.
En el pasado hasta guerras hubo como consecuencia de las disputas entre la Iglesia Católica y los gobernantes. Al respecto el caso más trascendente que registra la historia es el de la Guerra de las Investiduras que se libró en Italia y gran parte de otros países europeos, entre 1073 y 1122, con motivo de que el Papa Gregorio VII puso fin al privilegio que desde el siglo IX se habían arrogado los príncipes y emperadores germánicos, de investir a los obispos, asignar las abadías y otorgar los símbolos de los poderes espirituales propios de los cargos eclesiásticos, así como los privilegios materiales que los acompañaban.
La Guerra de las Investiduras terminó con el Tratado de Worms mediante el cual se establecieron dos jurisdicciones: una laica y la otra eclesiástica. Desde entonces está claro que el nombramiento o investidura de las autoridades eclesiásticas le corresponde exclusivamente a la Santa Sede, o mejor dicho al Papa de turno, sin perjuicio de que los gobiernos de algunos países que tienen concordatos con el Vaticano pueden objetar el nombramiento de determinados candidatos a obispos y arzobispos, lo cual no es motivo de escándalo para nadie.
Inclusive en Italia —donde está la sede de la cabeza de la Iglesia Católica Romana y donde además hay un gobierno muy cercano a la curia vaticana— se producen de vez en cuando fricciones como consecuencia de las normales e inevitables contradicciones entre los poderes espiritual y temporal. La última desavenencia importante ocurrida en Roma fue a principios de este año, cuando el Ministro de Reformas Institucionales, Humberto Bossi, planteó públicamente que el Estado italiano debería cortar el subsidio que da anualmente al Vaticano, correspondiente al equivalente de 0,008 por ciento del total de impuestos recaudados. “Habría que retirar la ayuda a la Iglesia para que fueran descalzos, como los franciscanos. Así se salvará la religión”, dijo el ministro Bossi —católico militante—, quien denunció que una buena parte de la curia vaticana “es muy cercana a la izquierda”.
Sin embargo, como siempre ocurre en estos casos, después de una ruidosa polémica pública el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, le dio satisfacciones al Santo Padre, descartando la sugerencia del ministro Bossi y asegurando que su Gobierno “continuará teniendo relaciones tan cordiales, fructíferas y constructivas como siempre con la Santa Sede y los obispos italianos”.
En el caso de Nicaragua, no existe un concordato que le dé al Gobierno la potestad de sugerir u objetar nombramientos de obispos y del arzobispo. Por lo tanto las autoridades de la República no tienen por qué inmiscuirse en ese asunto que corresponde exclusivamente a la jurisdicción religiosa y está claramente regulada por el Código de Derecho Canónico.
Sin embargo eso no significa que se le deba negar a cualquier ciudadano el derecho a expresar libremente sus opiniones, por ejemplo acerca de que si el Arzobispo de Managua debe mantenerse en su cargo de manera vitalicia o le deberían aceptar ya la renuncia que puso al cumplir 75 años de edad —de acuerdo con lo que manda el canon 401 del antes mencionado Código Canónico—, y sobre quién debería o no debería ocupar en el futuro ese alto cargo.
En realidad, así como los obispos son “luz para orientar el camino de las naciones, sobre las que pesan tinieblas y niebla”, según expresión del Papa Juan Pablo II al investir nuevos obispos a principios del año pasado; o sea que los obispos deben actuar en la sociedad y ayudar mediante sus obras, pronunciamientos y orientación pastoral a resolver los problemas de la gente, de la misma manera los ciudadanos tienen derecho a la libre expresión de sus opiniones sobre todos los asuntos que les interesen, inclusive sobre quiénes les parecen que deben dirigir la Iglesia Católica en su propio país.