- Ministros aseguran que cambios en las leyes crean un desbalance en los poderes del Estado
- Las reformas constitucionales atentan contra el debido proceso en caso de destitución, alegan
Mirna Velásquez Sevilla
Ministros y directores de entes descentralizados del Poder Ejecutivo recurrieron ayer ante la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua contra las recientes reformas que el Poder Legislativo realizó semanas atrás.
La decisión de los ministros surgió porque consideran que son afectados en sus derechos en cuanto a la aprobación de las reformas constitucionales en la primera legislatura, según indicó el Ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier.
“Esto atiende sobre todo en aquellos derechos en cuanto al debido proceso, por ejemplo, cuando se habla de una posible destitución de parte de la Asamblea Nacional. En este caso no se ha establecido el debido proceso dentro de las reformas constitucionales”, refirió el funcionario de Gobierno.
Además, agregó: “Y al mismo tiempo el fondo de esto que estamos atacando nosotros es precisamente que las reformas constitucionales vienen a crear un desbalance de los poderes del Estado y que no se está manteniendo lo que es la condición armónica de los poderes”.
AGOTARÁN TODAS LAS VÍAS
Vega explicó que agotarán la vía administrativa para evitar la implementación de dichas reformas y no descartó que tengan que recurrir a otros mecanismos, incluso al uso de recursos internacionales.
“Ojalá que no lleguemos al extremo en el que el Presidente tenga que recurrir internacionalmente y quedemos los nicaragüenses como incapaces de resolver nuestros problemas a lo interno y a eso se refirió el Presidente”, explicó.
Citó que hay antecedentes inmediatos en la Corte Suprema de Justicia, cuando fue admitido un recurso de amparo a favor de los jueces y magistrados que recurrieron contra el proceso de formación de la Ley de Carrera Judicial. Basado en esto, el ministro consideró que pueden recurrir contra las reformas.
Ernesto Leal, secretario de la Presidencia, planteó que las mismas reformas pueden ser objeto de un recurso por inconstitucionalidad y citó el tema de la creación de la Ley de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Intendencia de la Propiedad.
“Estamos en un proceso de que reformamos la Constitución con nombres y apellidos, no reformamos a favor del pueblo”, criticó Leal.
EN EL LÍMITE
“El Presidente tiene las atribuciones de poder llamar a un estado distinto al estado normal de las instituciones y eso estaríamos creyendo que son los límites a los que ningún nicaragüense quiere llegar, sobre todo por la imagen del país”, comentó ayer el ministro de Gobernación, Julio Vega.