Guillermo Cárdenas Montalván*
Roman, Times, serif»>Opinión económica
La inestabilidad del Estado desgasta la competitividad
Guillermo Cárdenas Montalván*
El siglo pasado nos enseñó un proceso de fortalecimiento del Estado que venía desarrollándose, sin duda, de bastante tiempo atrás. Resulta pertinente destacar que el proceso al que nos referimos significó el predominio irrestricto del Estado nacional y la desaparición casi total de otras formas de Estado previas. El crecimiento del Estado consistió en una enorme expansión de sus funciones y en el equivalente aumento de su dimensión cuantitativa, especialmente en cuanto al número de sus funcionarios y el monto de los recursos económicos a su disposición.
Sobre las funciones mínimas y esenciales del Estado, desde la segunda mitad del siglo XIX se tejió una trama compleja de actividades que incluyeron no sólo la tradicional construcción de obras públicas, si no también políticas sociales y culturales, económicas, financieras y de casi cualquier otra naturaleza, llegándose al punto de que prácticamente nada quedó excluido de las posibles competencias de la institución estatal, asumidas con responsabilidad democrática.
En una democracia es importante saber quiénes participan en el proceso político y, sobre todo, cómo intervienen en él. De ello dependerá la forma que el proceso de toma de decisiones colectiva adopte y, consiguientemente las capacidades de los gobiernos para formular políticas públicas. La relación entre los partidos con el Estado pasa por las formas en que se materializa la intervención de éstos en el proceso político. Si bien la representación de intereses no se agota en los partidos, pues es saludable que en una democracia la sociedad civil se fecunda en grupos de interés que vehiculen demandas hacia las instancias gubernamentales, no es menos cierto que sin los partidos políticos es impensable el funcionamiento de una sociedad organizada democráticamente. La democracia, en otras palabras, exige la presencia de partidos políticos y es, además, el patrón con arreglo al cual se juzga operacional y éticamente el valor de los partidos.
La experiencia histórica demuestra que es necesario preocuparse del problema de la gobernabilidad. Uno de los problemas que más afecta la estabilidad de los sistemas democráticos son los conflictos Presidente-Parlamento, la imposibilidad de construir mayorías estables, la fragmentación inorgánica del sistema de partidos, la incapacidad de orientar positivamente la relación civil-militar, todos los cuales pueden enfrentarse a través de la corrección de mecanismos institucionales, una vez definidos los objetivos estratégicos de cada poder del Estado. Recordemos que son justamente problemas institucionales los que más han influido en la inestabilidad política del país.
Los conflictos de intereses por otra parte, constituyen un aspecto central en el desarrollo de esta capacidad. En efecto, el conflicto entre el interés nacional, representado por grupos de empresarios y trabajadores, sumado a la opinión distinta de los diferentes partidos políticos, sitúa el problema en un nivel nacional que pocos países han logrado superar. Es decir, aún no “se ha podido pasar el filtro de los intereses particulares dominantes, organizados en los partidos políticos”. Así, los diversos factores de poder y de presión del país, encuentran más “inteligente” defender el status que cooperar en un proceso de aprobación de leyes que verdaderamente impulsen el país hacia el desarrollo.
Algunas de las condiciones requeridas para que Nicaragua sea competitiva, es que el Estado debe fomentar en sus políticas de Gobierno las condiciones necesarias a través del diálogo para garantizar la actividad natural de los poderes que permita el normal desenvolvimiento de sus actividades. Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para conquistar la estabilidad política de nuestro país.
La consolidación del desarrollo administrativo es estratégica porque de ella depende la eficacia de la administración pública estatal como entidad promotora del desarrollo integral del Estado. Mantener la confianza ciudadana en la prestación de servicios y el desempeño de los servidores públicos es una estrategia adicional a este propósito.
La estructura administrativa es la herramienta que hace posible la instrumentación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Bolaños; por ello, la instauración de una administración pública eficiente para el Estado nicaragüense no constituye un fin en sí mismo, sino que es el medio para llevar a la población de Nicaragua los beneficios del desarrollo en todas sus dimensiones.
El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las funciones del Estado como una organización grande de una amplia estructura, donde el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea “excelencia”, o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización, en este caso el acuerdo armónico del engranaje de los poderes del Estado.
La estimulación necesaria para que nuestro país sea más competitivo, debe ser el resultado de una política fomentada por el Estado que produzcan las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad.
En esta etapa de cambios el Estado debe elevar los índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligado a que los poderes adopten modelos de administración participativa, tomando como base central al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad que responda de manera idónea la creciente demanda de la sociedad civil.
Existen dentro de la estructura de la administración pública algunas deficiencias que ameritan atención prioritaria: el nivel de preparación y capacitación de la burocracia en general no es el pertinente; la inestabilidad laboral en muchas áreas de la gestión gubernamental inhibe la profesionalización del servicio público; tampoco existen mecanismos efectivos que permitan evaluar el rendimiento en el desempeño laboral y no existen criterios objetivos de estímulos o ascensos.
El mayor problema lo tendremos en los años venideros, cuando estemos afrontando los embates del desgaste de la imagen de Nicaragua producto de la pérdida de tiempo que generan los conflictos entre poderes del Estado, quienes responden a intereses partidarios dejando de lado el interés común de sacar adelante nuestra Patria, sumándole a esto que los inversionistas nacionales y extranjeros, la comunidad internacional, los donantes y los organismos de apoyo económico están a la expectativa de lo que suceda, mientras nosotros nos desgastamos cada día más.
* El autor es economista y Msc. en mercadeo