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El factor Lewites-Montealegre
La noticia de que el FSLN cerró para el ex alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites, toda posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la República por ese partido, no sorprendió a nadie porque todos sabían que eso iba a suceder. Sin embargo, la decisión oficial del FSLN ha sido noticia de primera plana por la prominencia del protagonista, la relevancia del hecho y las consecuencias que podría acarrear.
Por cierto que lo mismo le sucedió a Eduardo Montealegre con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que le suprimió bruscamente el derecho a ser candidato presidencial por su partido, antes de que el FSLN sentenciara a Lewites.
En realidad, el sometimiento al caudillismo en ambos partidos es hasta irracional. Por obedecer a sus caudillos renuncian a proponer las mejores cartas que tienen en sus filas, según el índice de simpatía popular que reiteradamente coloca a Lewites y Montealegre arriba de cualquier otro potencial candidato presidencial. Para el FSLN y el PLC —que al parecer ya son la misma cosa porque con el pacto y el repacto para compartir el botín del Estado han borrado las diferencias políticas e ideológicas que antes tenían—, el capricho de sus líderes es mucho más importante que el interés del partido en ganar la elección presidencial.
Por otra parte, sin duda que en los “fenómenos” Lewites y Montealegre se manifiesta la cultura política caudillista de Nicaragua. En realidad, que nosotros sepamos ni Herty Lewites ni Eduardo Montealegre han presentado una propuesta política diferente a la que practican sus partidos liderados por Ortega y Alemán. Lewites y Montealegre no han planteado la modernización de las formas de hacer política y de gobernar el país, ni siquiera la intención de remover de sus partidos a las camarillas que han creado y hecho poderosos a Ortega y Alemán. Sólo reclaman su derecho de militantes del FSLN y el PLC a poder ser sus candidatos a la Presidencia de la República.
De manera que la alta popularidad política de Herty Lewites y Eduardo Montealegre hay que atribuirla a ese “realismo mágico” de la cultura política criolla, que siempre induce a la gente a buscar “grandes” líderes o caudillos. Pero sin duda que también refleja de algún modo la necesidad que siente mucha gente de que haya en el país un nuevo liderazgo político, distinto al de los ya desgastados Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Aparte de que, seguramente, el imaginario colectivo nicaragüense ve en Herty Lewites y Eduardo Montealegre la capacidad suficiente para resolver los problemas económicos y sociales que sufren las personas comunes y corrientes, ya que ambos personajes tienen fama —merecida o no— de ser buenos administradores, empresarios y financieros.
En todo caso, ya es bastante para los intereses nacionales y democráticos del país el sólo hecho de que Herty Lewites y Eduardo Montealegre se atrevan a desafiar a los poderosos caciques de sus respectivos partidos, con todos los riesgos hasta personales que eso implica, y que expresen públicamente la voluntad de seguir adelante con sus precandidaturas presidenciales. Esto es un indicio de que el escenario de la política partidista de Nicaragua podría comenzar a cambiar.
Sin embargo, lo más importante es que después de ser decapitados políticamente por los mandos del FSLN y el PLC —es decir, impedidos de ser sus candidatos presidenciales en los comicios del próximo año—, Lewites y Montealegre tengan valor para seguir hacia delante, inclusive al margen de sus propios partidos, que apelen a sus bases y estructuras intermedias para que los apoyen cuando tengan que presentar sus candidaturas en otras casillas partidistas, sin desdeñar la posibilidad de formar finalmente una sola fórmula presidencial.
A lo mejor el factor Lewites-Montealegre podría ser el detonante para que Nicaragua comience a cambiar políticamente en sentido positivo, para que se respete no sólo el derecho de los ciudadanos a tener y presentar sus aspiraciones políticas, sino también para que se democraticen los partidos y que sean realmente instituciones de derecho público, como los consagra la Ley Electoral de rango constitucional, y no lo que son ahora: feudos de caudillos e instrumentos de aventureros para obtener prebendas y enriquecerse.