Roman, Times, serif»>Editorial
Unidos en defensa de la libertad
La Cadena Nacional de Prensa, Radio y Televisión por la Defensa de la Libertad de Expresión, que se transmitirá hoy entre las 7:00 y las 8:30 a.m., es un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua.
En realidad, el único antecedente de esta excepcional jornada por la defensa de la libertad de expresión y de prensa, fue el “periodismo de catacumbas” que se practicó en 1978 para desafiar la censura del Código de Radio y Televisión, el represivo y odioso “código negro” somocista. Pero en el “periodismo de catacumbas” sólo participó una parte de los medios informativos radiales, en tanto que ahora se trata de prácticamente todos los medios de comunicación social del país, electrónicos e impresos.
El objetivo específico de esta gran acción unitaria en defensa de la libertad de expresión es, como se sabe, protestar contra la reforma del Artículo 68 de la Constitución, el cual garantiza la exoneración de impuestos sobre “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacción para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos…” Garantía que fue establecida en 1995, precisamente para proteger a los medios de comunicación de las presiones políticas por medio de imposiciones tributarias, legales o de hecho.
Pero esta garantía constitucional al derecho a la libertad de expresión y de información no es gratuita, ni casual ni injustificada. Por el contrario, es “un derecho adquirido que “ha costado sangre, sudor, lágrimas y guerra en Nicaragua”, tal como lo expresó recientemente un diputado liberal —verdaderamente liberal— y se plasmó en el desplegado de una página publicado en estos días por LA PRENSA, al pie del principio sustantivo del Preámbulo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos): “La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental”.
Precisamente por eso (porque el derecho a la libertad de expresión y de información no es una concesión del Estado) es que los medios de comunicación no estamos rogando que no se reforme el Artículo 68 de la Constitución, sino exigiendo el respeto al sacrosanto derecho fundamental a la libertad de expresión y de información.
Este derecho sustantivo —sin el cual ningún otro derecho y libertad puede funcionar, como advirtiera el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal— está consagrado por los convenios internacionales de derechos humanos que son ley nacional de Nicaragua; además de que se encuentra establecido expresamente en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución Política de la República. Este es un derecho que ha sido forjado en los mejores principios y tradiciones del constitucionalismo democrático y de las luchas libertarias en todo el mundo y en Nicaragua. Y por lo tanto, ningún poder ni funcionario del Estado puede erigirse en su otorgante, regulador ni árbitro.
En cualquier parte del mundo —y así tiene que ser también en Nicaragua— la democracia se basa en principios fundamentales, entre los cuales está el respeto al derecho de los ciudadanos a opinar y a estar informados sin restricciones de ninguna clase. Sólo de esa manera es que se puede esperar que la gente acate de manera consciente y responsable las decisiones gubernamentales, así como que pueda votar libremente en la escogencia de las personas que ejercen el poder por mandato popular.
Esto lo comprenden inclusive los aliados del Frente Sandinista en la Convergencia Nacional —UDC y MRS—, cuyos dirigentes se pronunciaron la semana pasada en contra de la reforma del Artículo 68 de la Constitución, precisamente porque son conscientes de que aprobarla sería un atropello injustificable al derecho humano universal a la libertad de expresión.
Y por cierto que sería también una vergüenza sin límites para el FSLN, que bajo su presidencia del Poder Legislativo que ejerce por primera vez desde 1990, se aprobara una reforma constitucional que golpearía irreparablemente al derecho a la libertad de expresión, del cual hasta ahora no hay ninguna restricción —salvo las responsabilidades civiles y penales ordinarias— desde que Daniel Ortega derogó las leyes contra la libertad de prensa, al finalizar su gobierno, a principios de 1990.